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Baleares quita 89 liberados sindicales, ayudas y locales para sindicatos

La medida, que se aplicará de forma "inminente", insta a los sindicatos a apretarse el cinturón

El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá. Ampliar foto
El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá. EFE

El patrón de los ajustes para afrontar “la grave situación económica de Baleares” ha llevado hoy al Gobierno de Baleares, del PP, a aplicar la tijera al sistema de funcionamiento de las organizaciones sindicales en la propia Administración. Se eliminan los 89 liberados sindicales institucionales, se restringen los créditos a los 221 delegados por licencias horarias, también desaparecen locales cedidos a los sindicatos en edificios públicos y se retiran las ayudas y fondos específicos de Acción Sindical.

El Ejecutivo balear de José Ramón Bauzá deja sin efecto el Acuerdo de Acción Sindical que el Gobierno del presidente Jaume Matas, también del Partido Popular, firmó en 2006 con las entidades sociales más representativas."El PP busca tener la menor contestación a los recortes sociales de los servicios públicos debilitando a los sindicatos", opina Katiana Vicens, de CC OO. "Empeorará la situación de los desfavorecidos", asegura.

Biel Caldentey, líder del sindicato STEI, mayoritario en la enseñanza, ha lamentado “este ataque ideológico contra los derechos de los trabajadores". El Gobierno, asegura, "busca evitar testigos del proceso de desmantelamiento del Estado de bienestar”. Caldentey considera que “se fractura la cultura de la representatividad” y subraya que la operación "creará más paro: los interinos que suplen a los liberados se quedarán sin trabajo".

La operación "creará más paro: los interinos que suplen a los liberados se quedarán sin trabajo", advierte STEI

Las medidas de recortes repercuten sobre los sindicatos implantados en la Administración: UGT, STEI, CCOO, Cemsatse, USO, ANPE, CSIF y SAE. La capacidad el Gobierno para dejar en suspenso la situación pactada se basa en una motivada “causa grave de interés público". La nota gubernamental alude a la normativa laboral vigente que recoge el supuesto de una“alteración substancial de las circunstancias económicas”.