La Sindicatura de Cuentas confirma los datos de Cospedal
Sitúa el déficit en 2.251 millones, lejos de los 1.533 de Salgado
La Sindicatura de Cuentas, el órgano fiscalizador de Castilla-La Mancha, avala los cálculos de déficit a 30 de junio que la Junta que preside la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, le envió para su revisión el pasado 18 de julio. En su informe, remitido ayer a las Cortes regionales, el síndico cifró el déficit de la región en 2.251,7 millones de euros, una cantidad muy similar a los 2.362 que Cospedal insiste en reconocer frente a los datos oficiales del Ministerio de Economía.
El cálculo de la Sindicatura, dirigida por el exdiputado de Alianza Popular Miguel Ángel Cabezas de Herrera, se aleja de los 1.532,9 millones que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Elena Salgado, constató el jueves pasado.
La cifra de déficit que da el síndico se parece bastante más a la del Gobierno del PP que a los 1.532,9 millones que declara el Ministerio de Economía
La Junta cifra el déficit en 2.362 millones de euros, -el 6,4% del PIB regional- como resultado de sumar a las obligaciones efectivamente reconocidas los 829 millones de euros en "facturas pendientes de contabilizar", que el Gobierno autónomo ha denunciado a lo largo del verano. La Sindicatura -un órgano del que Cospedal se ha planteado prescindir- estima que 67 de esas facturas no deberían haberse incluido, bien porque se contabilizaron dos veces, por ser de fecha posterior a 30 de junio o porque sus importes no se correspondían con la "cantidad justificada por los beneficiarios". De ahí el desfase de 111 millones de euros entre ambos cálculos.
Entre las recomendaciones para salir de dura situación económica, la Sindicatura aboga por la elaboración de un plan de equilibrio financiero, algo que de momento no entra en los planes de la Consejería de Economía.
La Sindicatura reconoce que el periodo que va desde la celebración de las elecciones autonómicas hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de Cospedal (22 de junio) "ha supuesto una ligera paralización en los procedimientos de tramitación e imputación contable de los gastos devengados"
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