Arenas remata el asalto final a la Junta con una ofensiva de alcaldes

Javier Arenas va a por todas. El líder del PP andaluz sabe que las elecciones autonómicas de marzo son su gran (quizás, última) oportunidad para llegar a la presidencia de la Junta, después de tres intentos fallidos, y cada detalle es importante, decisivo. Nada sobra. Ningún elemento que sirva para su propósito está de más. Los mecanismos del partido están tensionados al máximo y en primer término marchan abriendo paso los alcaldes. Forman el escuadrón de ataque que Arenas ha lanzado para la fase final del asalto a San Telmo con las alforjas repletas de agravios, requerimientos y apremios. Y no se trata solo de los lustrosos regidores de las ocho capitales y sus mayorías absolutas, algunas imponentes, como la de Juan Ignacio Zoido en Sevilla. Los lamentos y exigencias florecen y se extienden como una epidemia por municipios de cualquier pelaje, con el punto de mira fijo apuntado a la Junta.

El gesto más reseñable ha sido el de Zoido. Ha deslindado por carta a José Antonio Griñán los 16 frentes por los que le va a atacar, un recordatorio detallado de débitos y cuentas pendientes que deja al descubierto la intención electoral, como indica el hecho de que enviara la lista a los medios de comunicación antes que al interesado. José Enrique Fernández de Moya, alcalde de Jaén, lo hizo antes, también vía epistolar, con 25 proyectos en cartera.

Los otros regidores de las capitales del PP esbozan acciones similares, y si no embisten por carta, lo hacen mediante el martilleo diario a la prensa. Lo esencial es que el efecto multiplicador de los 271 primeros ediles populares, desplegando catálogos de afrentas, contribuya a levantar un enorme cerco a Griñán por abajo, que ya vendrá (según los cálculos populares) el futuro Gobierno de Mariano Rajoy, por arriba, para chafar la recta final del socialista.

Griñán se ha quejado. En varias ocasiones ha mostrado su estupor por el aluvión de reclamaciones que le ha caído encima tras las municipales, y ha llamado la atención respecto a la sincronía de las acciones. “Me imagino que todos seremos capaces de asumir la parte de responsabilidades que tenemos por el cargo que nos hemos ganado en las urnas, y no que todo se lo hagan los demás”, dijo hace unos días.

No es una táctica nueva. Cuando en 1995 el PP de Arenas incrementó sobremanera su representación local, sus alcaldes se arrojaron en tromba contra la Junta, recuerda un miembro del PP que vivió aquella época. También lo hicieron, pero hacia el Gobierno de Felipe González, el resto de sus compañeros de España, en una operación auspiciada por José María Aznar. Algo parecido, con el Ejecutivo de este último como objetivo, capitaneó Manuel Chaves de 1996 a 2004, desempolvando señas de identidad andaluzas y una ristra de menosprecios.

Pero esta vez la ofensiva de los alcaldes de Arenas va más allá. Nunca se había vivido en Andalucía un momento económico y político como este, ni sus cartuchos personales —será su cuarta tentativa para hacerse con la presidencia— han estado tan al límite. Arenas ha usado siempre la baza de los regidores, su mejor cartel y su activo más potente, con un sólido poder real y lo que eso significa para la estructura orgánica del partido: entrar en las Administraciones y entreverarse en colectivos sociales y laborales.

Los suele llamar “avanzadilla del cambio” y gusta de fotografiarse con ellos. No en vano, antes y después de las municipales, convocó una variada gama de actos en los que él siempre terminaba por aparecer como el epicentro del seísmo electoral.

Pero ya no se trata únicamente de fotos con los ediles de las capitales, la movilización llega al último pueblo, y los hay que hasta se agrupan por provincias para hacerse más fuertes. Esta semana el alcalde de la localidad onubense de Lepe anunció que sus compañeros y él van a formar un “frente común” en Huelva por los problemas financieros. El de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Ricardo Tarno, a la sazón vicesecretario regional del PP, reclama a la Junta dos millones de subvenciones y convenios; el de Écija (Sevilla) culpa a la Administración andaluza de la falta de liquidez de sus arcas y le exige tres millones y medio; la de Valverde (Huelva), de haber colocado a su pueblo en la bancarrota... Un dirigente popular explica que cualquier arma es trascendente: “El momento es ahora, y no va a haber nada que se deje de hacer. Todo sirve”.

Los regidores de las capitales afinan más y configuran batallas a largo plazo. Zoido, en su procelosa carta a Griñán, habla de casi todo y aprieta con el banderín de los escándalos. El malagueño Francisco de la Torre, que no es nuevo en la plaza, echa leña al fuego de la controversia del metro, el corredor ferroviario de la Costa del Sol o el Plan del Puerto. El de Córdoba, José Antonio Nieto, ha abierto una espita con la celebración de la Copa Davis. El de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, envió otra carta a Griñán en la que le propone la creación de un patronato para la Alcazaba. José Enrique Fernández de Moya (Jaén) ha cogido la percha del tranvía, José Hurtado (Granada) también se ha agarrado al metro; y Pedro Rodríguez sigue con su guerra sobre el proyecto urbanístico de Isla Chica, paralizado durante una década.

El menudeo local confluye en el paraguas de los grandes combates que se libran en el ámbito autonómico: la pretensión del PSOE, con el apoyo de IU, de cambiar la Ley Electoral para hacer incompatible los cargos de alcalde y diputado del Parlamento, y la carrera por el control de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). En el primero de los contenciosos, el PP tiene a 16 regidores con este doble cometido (jamás hubo tantos) que, una vez que se celebren las elecciones andaluzas, se verán en la tesitura de elegir entre una cosa u otra. El empeño del PP por frenar esta reforma, que golpea uno de sus pilares de oposición, ha desembocado en un nuevo bloque compacto, con sus plantes grupales y fotos —una vez más, con Arenas en el centro—, recursos ante la presidencia de la Cámara y la amenaza de ir a los tribunales. El día 4, el líder del PP reunió en Ronda (Málaga) a un órgano llamado Consejo de Alcaldes para redactar una tabla de reivindicaciones, fundamentalmente dirigida a la Junta.

En esa cita Arenas anunció la creación de un órgano que sustituya a la FAMP, la segunda pugna de carácter regional, con el argumento de que está secuestrada por el PSOE. El PP pretende que se adelante la renovación del organismo y eche a andar sin que se complete el proceso de constitución de todas las entidades (faltan las mancomunidades), lo que garantiza su mayoría absoluta; y el PSOE lucha por apurar los plazos para disputarles la presidencia.

Las encuestas siguen alimentado las expectativas de Arenas. La extrapolación matemática de los resultados de las municipales al escenario del Parlamento no le asegura la mayoría absoluta —PP, 51 escaños; PSOE, 45; IU, 11, y PA, 2—, pero la distinta naturaleza de unas elecciones y otras permite pensar que el margen para conseguirla es asequible. Y los alcaldes desempeñan un papel capital.