Diputación de Málaga contrata asesores de toros, flamenco y Semana Santa

Un asesor taurino que cobra 47.000 euros al año y otro también para toros, flamenco y Semana Santa que gana 54.000. Son las dos contrataciones más llamativas de la Diputación de Málaga tras la vuelta del PP al Gobierno provincial. A estos se suman alcaldes que ganan más en el ente provincial que en sus pueblos, ex responsables municipales y ex ediles que favorecieron pasadas mociones de censura. El portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo, cuestiona los nombramientos, cuyos sueldos superan todos los 37.000 euros, y los salarios de algunos directivos, que llegan hasta los 90.000 euros al año. El portavoz del PP, Francisco Salado, se defiende con cifras: “Hemos reducido en 20 los 77 altos cargos que tenía el PSOE, que no nos puede decir qué necesidades va a tener nuestro equipo de Gobierno”.

El asesor taurino es el ex alcalde de Benalmádena Enrique Moya, cuyo puesto no ha existido durante los 12 años de mandato socialista en la Diputación. Como esta entidad es responsable de la plaza de La Malagueta, cuenta con un equipo propio para gestionar este espacio. A este se ha unido ahora Moya, que tendrá como principal responsabilidad, según fuentes socialistas, la redacción de las condiciones para adjudicar la explotación del coso durante cinco años y la escuela taurina, que ya funciona como órgano independiente y que no ha tenido hasta ahora la supervisión de ningún asesor.

El PP argumenta que los puestos “responden a necesidades” e insiste en que el nuevo equipo supone un ahorro de un millón de euros al año con respecto al del PSOE. “Frente a su abuso, nosotros anteponemos austeridad”, argumenta Salado. Y añade que las “medidas de urgencia” incluyen pasar de 22 a 6 en coches oficiales y la revisión de gastos como teléfono, horas extra y electricidad. “Nos obliga la quiebra que ha dejado el PSOE, con 300 millones de deuda”, añade.

El PSOE cree, por el contrario, que los populares utilizan la Diputación para “pagar las facturas de las operaciones políticas del PP”. Así justifica Conejo la contratación, como asesora de Desarrollo Rural, de la ex concejal del Movimiento por Benalmádena María del Carmen Romero, que secundó la moción de censura contra el socialista Javier Carnero.

El nuevo popular Abdeslam Lucena, que procede del Partido Andalucista, tiene como asesor técnico de Servicios Intermunicipales al también ex andalucista José Gallego Pérez, alcalde de Benamargosa, que cobrará más de 40.000 euros.

El alcalde de Comares, Manuel Robles, gana 38.816 euros como asesor del grupo popular y el alcalde de Cútar, Francisco Javier Ruiz Mérida, 34.000 por asistir al vicepresidente Francisco Oblaré.

La lista es larga y los destinos de los asesores diversos, según el PSOE: el ex edil de Medio Ambiente de Rincón de la Victoria, Gregorio Pérez Garrido, es asesor del Parque Móvil; el ex directivo cultural del Ayuntamiento de Málaga Juan Ignacio Montañés, del Centro de Ediciones de Málaga; el candidato del PP de Álora, David Gutiérrez Postigo, es director técnico de Educación y Juventud; y el concejal de Pizarra Félix Francisco Lozano Narváez, director técnico de Turismo y Promoción del Territorio; el ex vicepresidente de la Diputación Carlos García pasa a ser coordinador del área de Modernización; el ex concejal Juan Ramón Casero, director técnico de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento; la también ex edil Patricia Cid, es directora técnica de Medio Ambiente; y el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, es consejero delegado de la empresa de vivienda.

La viceportavoz socialista, Fuensanta Lima, también criticó los altos sueldos de algunos cargos, como el director general de Recursos Humanos, que gana 94.380 euros anuales; el de Cultura, cuyo sueldo asciende a 90.000 euros anuales; y el director general de Economía y Hacienda, que recibe 76.000 euros anuales. Estos puestos están remunerados por encima del sueldo del propio presidente de la Diputación, Elías Bendodo, pese a que un acuerdo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias que limita estos salarios a menos del 90% del que recibe el máximo responsable de la institución.