Cangas acumula una deuda de 25 millones, el 118% del presupuesto

Cuando el popular José Enrique Sotelo fue desalojado de la alcaldía de Cangas (Pontevedra) en 2007, la crisis aún no había estallado y las arcas municipales esquivaban su endémico problema de financiación con licencias para construir. Cuatro años después, tras recuperar el bastón de mando en los pasados comicios, se ha topado con una deuda de casi 25 millones de euros, un 118% del presupuesto, que asciende a 20,4 millones y lleva prorrogado desde 2008.

“Estuvimos al borde de no poder pagar las nóminas, hemos salvado los muebles por milímetros”, confiesa Sotelo, que, no obstante, advierte de que los meses que se avecinan “van a ser duros”. Así, ya ha comenzado un drástico plan de recortes en el gasto corriente, aunque confía en que se podrán “blindar” las nóminas de los funcionarios y del personal fijo-laboral, que absorben más de 400.000 euros al mes, y en que se mantendrán los servicios sociales. Pese a las estrecheces, pagará a una empresa privada una auditoría externa que trace el camino a seguir para reducir la deuda.

Según el informe de Intervención, al cierre de 2010 en la tesorería municipal había un remanente negativo de 15,6 millones de euros, frente a los cerca de 600.000 euros de 2007, año en que Sotelo cedió el poder a un tripartito encabezado por el BNG y apoyado por PSdeG y la coalición de izquierdas ACE. El remanente sirve para acometer modificaciones en el presupuesto sin recurrir al déficit ni al endeudamiento. Además, el regidor denuncia facturas “en el cajón” por más de 3,8 millones, una deuda bancaria de 3,3 millones y operaciones de tesorería “que tenían que estar liquidadas a 31 de diciembre”, que sobrepasan los 1,3 millones. La suma ascendería a 24,2 millones de euros, sin contar los atrasos en los pagos a la Seguridad Social.

Su antecesora, la nacionalista Clara Millán, ya alejada de la primera línea política, niega esos 3,8 millones de deuda oculta y asegura que no dejó “ni un céntimo” en facturas sin reconocer. De hecho, devuelve la acusación y recuerda que pagó de su patrimonio 1.500 euros en multas por tres obras que Sotelo realizó en sus dos primeros mandatos y que no abonó. Además, asegura que cuando abandonó la alcaldía quedaba liquidez suficiente, más de 1,2 millones, para afrontar las nóminas de junio, en las que se incluye una paga extra. “Que deje de lloriquear y que se ponga a trabajar”, sentencia, y le invita a reclamar a la Xunta, de su mismo color político, los “600.000 euros en subvenciones que se le deben al ayuntamiento”.

En todo caso, a falta de que el informe de la empresa privada aporte sus conclusiones para el plan de saneamiento, el Gobierno municipal ya ha comenzado a tomar medidas para reducir el gasto corriente. Se han dado de baja los 43 teléfonos móviles que costeada el ayuntamiento y se han hecho cinco nuevos contratos con un coste máximo de 50 euros al mes. También se darán de baja varias de las líneas de Internet, para rebajar un gasto mensual de 8.000 euros. Asimismo, tratará de eliminar alquileres y reubicar servicios en edificios municipales.

El alcalde reconoce que la partida que consume la mayor parte del gasto es la de personal. Actualmente, Cangas, con casi 26.000 habitantes, tiene 302 empleados a su servicio, cifra que se rebajará a 250 cuando acaben los contratos estivales. De ellos, solo en torno a 70 son funcionarios, pero la gran mayoría son fijos-laborales. Sotelo plantea una reducción de al menos el 50% en los contratos temporales, aunque no precisa cuánta gente se podría quedar sin empleo. El pago de las nóminas se garantizará con adelantos mensuales por la recaudación de impuestos, gracias a que “en el último minuto”, el 30 de julio, consiguieron auditar las cuentas de 2010, evitando así que el Gobierno central le cerrase el grifo.