Las sanciones por rebasar los límites quedan fuera del pacto

La refundación del artículo 135 de la Constitución para blindar la estabilidad presupuestaria deja en el aire buena parte de la reforma. Los detalles, y la mayoría de los principios básicos, se desarrollarán mediante una ley orgánica.

Para sortear la sensación de vacío, socialistas y populares firmaron en la madrugada de ayer un acuerdo adicional, que sirve de puente hasta la aprobación de la ley. En ese pacto se adelanta cuál es el límite que abanderan los dos partidos mayoritarios (un déficit estructural equivalente al 0,4% del PIB). Se reparte el tope entre el Gobierno (0,26%) y las Comunidades Autónomas (0,14%). Y relega todo lo demás, incluido lo que ocurriría si se vulnera ese límite, al resultado de las elecciones del 20 de noviembre. El que gane, tendrá el timón en la redacción del proyecto de ley. El que pierda, tendrá muy difícil oponerse.

El mejor ejemplo de todo lo que se aplaza a la redacción de la ley Orgánica lo arroja el quinto párrafo del nuevo artículo 135 de la Constitución: desde cómo corregir el aumento del déficit y la deuda en situaciones extraordinarias, a las posibles sanciones en caso de incumplimiento de los límites, pasando por cómo y quién (y ya hay un debate en marcha sobre la necesidad, o no, de un consejo independiente) estima el déficit estructural, que no es otra cosa que una ficción técnica.

Lo que sí se sabe ya que figurará en esa ley es el reparto del límite de déficit estructural entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Aquí queda mucha tela que cortar, porque los gobiernos autonómicos tendrán que dar su visto bueno a una estimación del saldo estructural, algo que hasta ahora el Ministerio de Economía no detalla en sus programas de estabilidad. El precedente de la regla del gasto público (limitar el aumento del gasto presupuestario en función del crecimiento) es poco esperanzador: las comunidades aceptaron aprobar una regla, pero el Gobierno tuvo que admitir que cada una aplique sus propios criterios.

La fijación de un límite de déficit estructural para las comunidades se suma a otras referencias que ahondan en el objetivo de incorporar a las autonomías al credo de la austeridad fiscal. En la reforma se recalca que los gobiernos autonómicos tendrán que adaptar los Estatutos y otras normas al principio de estabilidad presupuestaria. Y se eleva a rango constitucional la autorización por ley de las emisiones autonómicas de deuda.

PSOE y PP tampoco han detallado aún “los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda”, un límite (60% de PIB) que entraría en vigor con la aprobación de la reforma constitucional. No hay nada de eso en el acuerdo político, que se limita a anticipar la aprobación de la ley orgánica a diciembre de este año, seis meses antes de lo que ambos partidos decidieron incluir en el texto constitucional. Una discutible técnica —hacerse trampas al solitario—, para evidenciar la urgencia del compromiso.

El acuerdo sobre la futura ley orgánica se cierra con una definición, sencilla y eficaz, sobre lo que ambos partidos entienden por saldo estructural, una cuestión que genera recurrentes polémicas entre los expertos.