Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Otra vida para las Diputaciones

La crisis pone en el disparadero a una institución intermedia con competencias difusas

Pueden estar obsoletas pero los pequeños municipios las necesitan

Protesta en Pontevedra durante una reunión de presidentes de Diputaciones del PP el 17 de julio pasado.
Protesta en Pontevedra durante una reunión de presidentes de Diputaciones del PP el 17 de julio pasado.

Cuando las nevadas llegan a Ávila, los funcionarios de la prisión de Brieva, la cárcel en la que Luis Roldán dio con sus huesos, tiemblan. La nieve se acumula en la carretera de la Diputación de tres kilómetros que lleva al penal, y los trabajadores se encuentran con que no llegan a tiempo a las 8.00 para el cambio de turno. “Ni echan sal ni pasan la máquina. Y alguna vez ocurrirá algo. Este año, una compañera se salió en una curva, y hay veces que las presas, por la nieve, no han podido ir al hospital”, cuenta el funcionario Francisco José, que dice que los sindicatos este año ya se han quejado por escrito. La cosa tiene su miga porque las otras vías sí se limpian: la Junta de Castilla y León, el ministerio y el Ayuntamiento quitan la nieve de sus carreteras. La diputación alega que tiene otras prioridades, como despejar accesos de escuelas y hospitales, antes que la de la cárcel. Sus máquinas llegan, pero tarde.

"¡Que las eliminen ya!", exclamó en junio
el expresidente
Felipe González

“Cada invierno pasa lo mismo”, denuncia el diputado provincial por Ávila, Tomás Blanco Rubio, del PSOE, que revela la anécdota para ilustrar la falta de racionalidad de las Administraciones en su provincia, con 168.000 habitantes y 258 municipios, el 85% con menos de 300 habitantes. Blanco coincide en que hay que reinventar las Diputaciones, en el ojo del huracán desde que el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, propuso reconvertirlas para evitar duplicidades. “Tal y como funcionan, sobran”, proclamó. El lunes sugirió transformarlas en consejos de alcaldes y que sus competencias (desde servicios sociales, cultura o agricultura) sean transferidas a las comunidades autónomas.

El socialista ha recibido todas las críticas —airadas desde el Partido Popular (PP)— por plantear la desaparición ahora que se ha producido el sorpasso en el gobierno de esas instituciones entre los dos grandes partidos. Pero, en realidad, fue y ha sido el expresidente Felipe González quien, de forma cíclica, ha defendido con vehemencia la supresión. “¡Que las eliminen ya! Lo dije hace un año y no me hicieron ni caso. No podemos sostener cuatro niveles administrativos. Con tres (Estado, autonomías y Ayuntamientos) son suficientes”, dijo en junio.

Rubalcaba propone consejos
de alcaldes que no obligarían
a tocar la Constitución

El objetivo es ahorrar para destinar esos recursos al Estado del Bienestar. “Antes eso que quitar un médico o un maestro”, abunda Rubalcaba. España tiene 38 Diputaciones de régimen común (no existen en las autonomías uniprovinciales) que manejan 6.000 millones de euros, cuentan con mil diputados y dan empleo a unos 30.000 funcionarios. Rubalcaba planteó la ecuación: mil políticos menos, mil millones menos.

Las Diputaciones han sobrevivido en dos siglos a todos los regímenes políticos. Nacieron en 1812 con La Pepa, la primera Constitución, y se consagraron con la división provincial de 1833. Se inspiraron en los departamentos franceses diseñados por Napoleón. Las Diputaciones son a las provincias lo que los Ayuntamientos a los municipios, y sus funciones son un cajón de sastre: asumen tareas tan diversas como la gestión de carreteras o asistencia social y dan servicios generales a los municipios. Y estos no son pocos: 8.000 en España, de los que 4.000, como recalca Tomás Blanco, están en Castilla y León. Blanco sostiene que la Diputación de Ávila asume tareas de la Junta. “Hace dejación de funciones. La diputación gestiona la recogida de basuras o la residencia de ancianos Infantas Elena y Cristina cuando no le tocaría. Somos una administración intermedia sin competencias. Si somos meros intermediarios es mejor no estar”.

IU tacha los entes de "caciquiles" y aboga por su desaparición

Pero, ¿cómo? ¿Es tan sencillo olvidar el mapa provincial fijado en España desde hace casi 200 años? No lo parece, porque, de entrada, requeriría modificar la Constitución. La sentencia del Tribunal Constitucional dio garantía a las provincias en su sentencia del Estatuto catalán. Rubalcaba, que con suspense está dando su plan a cuentagotas, ya ha sugerido que las Diputaciones sean reemplazadas por consejos de alcaldes que evitarían retocar la Carta Magna. El debate jurídico queda soslayado

La mayoría de expertos y políticos, de todos los colores, coinciden en que los Ayuntamientos pequeños precisarán siempre de una institución que mancomune servicios. “Es que en España tenemos un problema de minifundismo municipal”, señala Celestino Corbacho, exministro de Trabajo, que presidió la poderosa Diputación de Barcelona entre 2004 y 2008. Los datos lo avalan: El 80% de los 8.112 municipios de España tiene menos de 5.000 habitantes. Alfredo Galán, catedrático de Derecho Administrativo de la universidad de Barcelona, muestra su sorpresa por la “simplificación” del discurso, ya que queda la duda de si se quieren eliminar las provincias o modificar sus límites actuales. Superado el interrogante, Galán avisa de que cuando se habla de superposición de administraciones no se atiende a que las Diputaciones ejercen dos tipos de funciones: la prestación de servicios propios y las de mayor relevancia, la de cooperación municipal. “Si no lo hace la provincia, alguien deberá asumirlo”, dice. Y apunta que es “uniformar demasiado” decir que las Diputaciones no funcionan. “Cada provincia depende de su mapa municipal. Son muy distintas en Andalucía, Cataluña o Castilla-La Mancha. Es diferente un mapa muy atomizado o que no lo esté”.

Expertos plantean si se deben adelagazar también
otras instituciones

Amparado en la visión transversal que le da haber sido ministro, presidente de diputación, alcalde y ahora diputado autonómico, Corbacho tiene clara la receta: vaciar las Diputaciones de contenido político y reconvertirlas en órganos técnicos para servir a los Ayuntamientos. Y va más allá: sugiere recortar el número de funcionarios. “Si nos limitamos a suprimir diputados, será una reforma débil. Se podría promover una reducción de jornada o que a plaza jubilada, plaza amortizada”, propone.

Una joya en manos de CiU

M. ROGER / À. PIÑOL

La joya de la corona o la comedera es el nombre que recibe la Diputación de Barcelona. Es una de las instituciones más preciadas en Cataluña, por su elevado presupuesto (661 millones para este 2011) y por ser el lugar a que han recurrido los partidos para colocar a sus cargos. Históricamente gobernada por los socialistas, la Diputación pasó en julio a ser comandada por CiU tras pactar con el PP. Los convergentes siempre se han opuesto a estos entes provinciales y son partidarios de crear en Cataluña las vegueries, un ente supramunicipal propio. El nuevo presidente provincial, Salvador Esteve, no lo ve una contradicción. “No, como convergente siempre he pensado lo mismo. Soy partidario de las vegueries [una ordenacion territorial propia de Cataluña] aunque eso requiere un gran consenso territorial”, afirma. El proyecto de las vegueries está ahora paralizado. La duplicidad de administraciones en Cataluña se agrava con los 41 consejos comarcales, que empiezan a ser cuestionados.

Esteve define a la Diputación como una institución de país en proyectos como el Liceo, el Instituto del Teatro o el Centro de Cultura Contemporánea y asegura que siempre será necesario un órgano equivalente que ampare a los municipios. “La gestión de carreteras o de bibliotecas sería imposible sin ellas”, abunda el popular Fernández Diaz. “Es que los pequeños no llegan a todo. Cuando te ven, te hacen la ola. Necesitan esa cooperación y que se les oriente. La Diputación hace un trabajo muy útil”, dice un arquitecto que trabaja en ella. Procedía de la empresa privada y le sorprendió la actividad de la misma: “Pero es verdad que a veces te obligan a hacer proyectos y gastar dinero y energías cuando sabes que se van a quedar en un cajón”.

Con fama de tener su plantilla inflada, el nuevo Gobierno ha adelgazado su estructura y ha pasado de 13 vicepresidencias a cinco, lo que significa un ahorro de 440.000 euros al año. La reducción de asesores políticos es mucho menor: si en el pasado se limitaron a 50, en este mandato el tope es de 45, con un sueldo mensual de 3.500 euros. Los primeros fichajes niegan que los puestos de asesores sean para técnicos: la mayoría son militantes con relativa importancia en los partidos. Los tres socios del tripartito de izquierdas, que perdieron en noviembre la Generalitat, han colocado en la Diputación a políticos que siempre han desarrollado su actividad fuera de Barcelona.

Madrid no tiene el problema porque al tratarse de una comunidad uniprovincial carece de diputación. Pero, curiosamente, su alcalde, Alberto Ruiz Gallardón (PP), ofrece un diagnóstico casi calcado al de Corbacho. No es la única voz discordante en su partido. El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, define las Diputaciones desde hace tiempo de “obsoletas”. De hecho, el PP ya aprobó el 18 de julio en Pontevedra un documento titulado Manifiesto por unos gobiernos provinciales e insulares de futuro donde plantea modernizar estas instituciones con una reforma económica y dotarlas de mayor transparencia para que cooperen mejor con los municipios.

Pese a ello, la propuesta de Rubalcaba fue recibida con rayos y truenos en Génova. “¿Qué hacemos con los 15 millones de personas que dependen de las Diputaciones?”, planteó Ana Mato. “Más que una idea electoralista, es una frivolidad, porque mientras ha gobernado no ha dicho nada”, deplora ahora Alberto Fernández Díaz (PP), vicepresidente de la Diputación de Barcelona. No cae en saco roto en el PP que desde mayo el PSOE solo gobierna en siete corporaciones y los populares en 27.

Quien en cualquier caso ha aplaudido abiertamente el debate es Izquierda Unida, partidaria desde siempre de la desaparición de las Diputaciones para ser sustituidas por organismos comarcales de elección directa (España es, junto a Albania, uno de los pocos países europeos donde no se vota a los diputados provinciales) o en otros de carácter técnico. “Las Diputaciones son como la Corona: inútiles y antidemocráticas”, afirma Gorka Eskorza, portavoz de IU en Salamanca, que acusa a las corporaciones de “caciquismo” añadiendo que suelen “castigar” a los pueblos con alcaldes de diferente color político. Y cuenta que en Salamanca hay 18 pueblos en verano que no tienen agua corriente y se abastecen con camiones-cisterna. “Agua, no; pero la diputación si tiene escuela de tauromaquia”, dice escandalizado.

En Andalucía, mientras, se asiste al debate con la convicción de que las Diputaciones han hecho un trabajo útil. “¿Sería lógico crear en Sevilla 105 empresas de agua, 105 oficinas de recaudación o 105 parques de bomberos?”, se pregunta el socialista Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Diputación de Sevilla. A favor del trabajo hecho tira el también socialista José Ramón Gómez Besteiro, presidente de la de Lugo, quien subraya que estas instituciones representan el 8,3% del gasto local, un 13,5% del total de la Administración.

El catedrático Alfredo Galán pone el dedo en la llaga. “Me da la impresión”, reflexiona, “que las Diputaciones son el eslabón más débil de la cadena, el chivo expiatorio o la cabeza de turco. Es encomiable que se quiera adelgazar la administración pero ¿vamos a dejar intactas otras instancias del Estado, comunidades o Ayuntamientos con la galaxia de entidades instrumentales que tienen?” Corbacho, lejos de rehuir el debate, ahonda en la idea: “Yo le pediría a Rubalcaba que piense también si Administración del Estado debe adelgazar. Y pondré un ejemplo de mi antiguo ministerio. ¿No es absurdo que gestione ayudas del PIRMI (Renta mínima de inserción) cuando está transferido a las autonomías?”.