El Gobierno estudia recuperar el impuesto de patrimonio antes del 20-N

El Gobierno estudia recuperar el impuesto de patrimonio, el mismo que eliminó en 2008 alegando que se había convertido en un impuesto para las clases medias. Entonces la crisis todavía era “desaceleración” y había dinero para cheques bebés y para devolver 400 euros a cada contribuyente. Dos años después, en marzo de 2010, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, reconoció que suprimir este tributo, por el que en 2007 el Estado había ingresado 2.121 millones de euros, había sido un error. “Si hubiéramos previsto esta crisis, no lo hubiéramos eliminado”, dijo. Ahora, a menos de tres meses de las elecciones generales, el Gobierno planea recuperarlo y modificarlo para que paguen más los más ricos.

El candidato que el PSOE presenta a esas próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya anunció el pasado 9 de julio su intención de recuperar este tributo. “Nosotros [el Gobierno] quitamos el impuesto de patrimonio, es verdad que era otro momento, pero ahora ha llegado el momento de que nos lo replanteemos y lo volvamos a poner”, justificó el exvicepresidente del Ejecutivo. Meses antes, próximos a la aplastante derrota electoral de las autonómicas y municipales de mayo, varios barones socialistas habían pedido a Zapatero que recuperara el impuesto de patrimonio, transferido a las comunidades autónomas. Este se negó entonces.

Zapatero había prometido en diciembre de 2007 eliminar este impuesto si ganaba las elecciones de marzo de 2008. Alegó entonces que la medida garantizaría la igualdad fiscal, ya que el tributo se había convertido en un impuesto para las clases medias, y recordó que se había incorporado al sistema fiscal a finales de los 70 como un tributo “extraordinario” y temporal —su nombre durante años había sido, de hecho, el de Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio—. Era un impuesto, añadió, obsoleto y complejo que debía eliminarse. Ahora, a tres meses de otras elecciones en las que ya no será el candidato socialista, el Gobierno quiere recuperarlo.

El Ministerio de Trabajo también ha cambiado sus planes sobre lo que se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Los cambios en la regulación del contrato a tiempo parcial se quedarán en el tintero y darán paso a modificaciones profundas en el contrato de formación. Lo más significativo es que de forma transitoria y durante dos años, se podrá contratar a parados hasta 30 años con esta figura. Hasta que se aprobó el año pasado la reforma laboral, el límite estaba en los 21 años, entonces se amplió a los 25 hasta el 31 de diciembre de este año. El decreto del viernes consolidará la ampliación hasta los 25 de forma permanente, apuntan fuentes de Trabajo.

Al mismo tiempo, y para estimular el uso del contrato de formación, Trabajo eximirá a los empresarios de pagar las cuotas a la Seguridad Social en ese tipo de contratos. El Ejecutivo ya adoptó una medida similar, con la bendición de los agentes sociales, el pasado febrero para estimular la contratación a tiempo parcial. Esto no supone una merma de derechos para los trabajadores, sino que los empresarios dejan de satisfacer las cotizaciones. Dicho de otra forma, es una forma de abaratar la mano de obra sin que ello suponga una reducción de salarios al aliviar el coste de las cuotas sociales.

Además de esto, Trabajo ampliará el tiempo de formación del 15% actual al 25% o el 30%, y la duración de los contratos, del máximo de dos años actual a una horquilla entre dos y tres en función de las necesidades formativas.

En lo que no ha cambiado de planes el departamento que dirige Valeriano Gómez es en las tres medidas restantes que verán la luz el viernes. La primera consiste en habilitar un nuevo periodo en el que los contratos temporales podrán transformarse en contratos de fomento de la contratación indefinida (el que tiene una indemnización por despido de 33 días por año trabajado, más barata que la ordinaria de 45); la segunda extenderá hasta 2012 la posibilidad de que el Fogasa pague ocho días de indemnización en las rescisiones de contrato siempre que sea debido a una causa justificada; y la última supondrá prórroga del plan Prepara —finalizado el pasado 14 de agosto— que permitirá a los parados sin ingresos cobrar unos 400 euros mensuales a cambio de participar en un itinerario de inserción laboral.