Bronca política por la marcha laica de ayer
Jáuregui defiende la actuación del Gobierno y González Pons exige responsabilidades a Camacho
Los altercados de anoche en Madrid entre policía, manifestantes laicos y peregrinos han generado una nueva disputa entre PP y PSOE. Mientras el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha asegurado que el Ejecutivo “no hizo nada mal”, el vicesecretario de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, ha considerado que el ministro del Interior, Antonio Camacho, debería asumir "alguna responsabilidad política”.
Jáuregui ha dicho que la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid "consideró que era imposible no permitir la marcha porque tenían derecho a celebrarla". "Era una cuestión elemental y se lo expliqué en multitud de conversaciones a los interlocutores de la Conferencia Episcopal y otros", ha detallado. El ministro ha agregado que el Gobierno cumplió la ley al permitir la manifestación.
En declaraciones a la Cadena Ser ha recordado que la Delegación del Gobierno "decidió otro itinerario que los convocantes no aceptaron". Tras los incidentes, Jáuregui ha asegurado que "se entiende mejor que la Delegación insistiera en que no pasara por la Puerta del Sol".A su juicio, "se había ido construyendo una especie de leyenda sobre la manifestación" que dio lugar a una serie de "incidentes menores". "Lo que luego ocurrió bien entrada la noche con los pocos que quedaban allí obligó a una intervención menor y colateral", ha apostillado.
Del recorrido ha hablado también González Pons. En su opinión, la Delegación del Gobierno en Madrid e Interior tenían que autorizar la manifestación, por el ejercicio de la libertad de expresión, pero "nunca" con ese itinerario. "Autorizar esa marcha con ese itinerario era hacer posible que ocurriera lo que ocurrió, y pienso honestamente que el ministro del Interior tiene que asumir algún tipo de responsabilidad política por esos incidentes", ha aseverado.
Críticas a Carrión
En línea similar, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha considerado una “irresponsabilidad” que la delegada autorizara el recorrido. Su portavoz, José María Benito, ha asegurado que la Delegación del Gobierno contaba con informes policiales que aseguraban que si no se variaba la ruta “lo que pasó allí podía pasar”. “Había otras alternativas que se podían haber tomado, pero al final alguien está interesado en que esto pasara”, ha lamentado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre sí ha criticado sin embargo la autorización de la marcha. Para ella, Carrión ha hecho “muy mal” en permitirla coincidiendo con la estancia de los peregrinos. "Aparte de eso, estos señores que se manifestaban deberían saber que los valores que el Cristianismo ha traído a Occidente y al mundo --la igualdad entre seres humanos, la dignidad de las personas, la libertad, la piedad, el sacrificio, el preocuparse por los demás...-- son todos positivos. Todo lo ha traído el Cristianismo, que no se crean que lo ha traído Karl Marx", ha zanjado en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press.
Izquierda Unida por su parte ha ido más allá y ha llegado a pedir la dimisión de Dolores Carrión; aunque por otros motivos. La coordinadora del Área de Juventud, Esther López Barceló, critica que el Gobierno no haya garantizado el derecho de manifestación de los participantes al no contar con suficientes medios policiales para que se desarrollase la protesta "con normalidad". López ha calificado de “deplorable” el dispositivo policial y de “injustificada” la carga policial.
El Gobierno espera que el Papa no critique a España
El Ejecutivo espera un mensaje del Papa que tenga "carácter global" y que no se centre en cuestiones políticas españolas. Así lo ha reiterado hoy el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, antes de la llegada del pontífice al aeropuerto de Madrid, a la vez que ha recordado que el Gobierno defiende la separación entre Iglesia y Estado.
Este el mismo mensaje que ya lanzó La Moncloa hace una semana, cuando Jáuregui dijo que no creía "oportuno" que Benedicto XVI criticase a España durante esta visita. El pasado noviembre el Papa dijo, en el avión a Santiago de Compostela, que había "nacido una laicidad, un anticlericalismo, un secularismo fuerte y agresivo como se vio en la década de los años treinta" del siglo pasado y pidió una "nueva evangelización" para España.
El ministro de la Presidencia ha destacado que "España recoge con hospitalidad y respeto" esta visita del "líder de una confesión religiosa" al que siguen muchas personas. Jáuregui ha explicado que el Gobierno no ha hecho "ninguna subvención directa" a la visita, sino aportaciones para facilitar el evento. No ha entrado a valorar la moralidad del alto coste de la JMJ, algo "que le corresponde a la Iglesia".
Bono: "Libertad de expresión"
El presidente del Congreso, José Bono, ha defendido la "libertad de expresión" del Papa. "Faltaría más que en una democracia ejemplar como la española se quisiera limitar" este derecho. Aunque Bono pueda no estar de acuerdo con todo lo que diga el pontífice. Eso sí, Bono se ha mostrado entusiasta con la visita, que ha calificado de "bendición".
Pons: "A nadie le pueda molestar"
El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, por su parte, cree que "a nadie le pueda molestar que un líder religioso, que es recibido en todos los países del mundo con alegría y que traslada un mensaje de paz y esperanza, pueda incomodar que esté en nuestro país". Pons se ha mostrado sorprendido de que no provoquen rechazo "otros jefes de Estado extranjeros que no se caracterizan precisamente por su defensa de los derechos humanos ni de la paz".
Llamazares pide las cuentas
El portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha pedido las cifras que demuestran que el viaje papal no ha tenido coste cero para las arcas públicas. Ha anunciado también que reclamará "responsabilidades" a Interior por los incidentes ocurridos tras la marcha laica "por no garantizar el derecho de manifestación de Europa Laica, y sí la obstrucción", ha señalado a través de Twitter. España "ha dejado de ser católica en su Constitución y en sus ciudadanos, no así en la actitud confesional de la Corona y las instituciones", añadió.
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