Mas se escuda en el supuesto fraude para tapar el caos de la renta mínima

El Gobierno de la Generalitat, con el presidente Artur Mas a la cabeza, se lanzó ayer a sugerir la existencia de un fraude generalizado en el cobro de la Renta Mínima de Inserción (RMI) como réplica a las duras críticas recibidas por la caótica revisión de esta ayuda. “Hay gente que puede estar cobrándola desde hace 10 años sin que nadie se lo haya mirado”, llegó a afirmar el secretario general del Departamento de Empresa y Ocupación, Enric Colet, algo que han desmentido todas las fuentes consultadas.

La crisis de la Renta Mínima de Inserción (RMI) lleva ya once días y sigue sin remitir. Unas 30.000 personas que dependen de esta ayuda de último recurso siguen sin haberla percibido este mes. La renta mínima está destinada a aquellos que carecen de cualquier otro ingreso y siguen programas de inserción laboral o social. Asciende a 420 euros al mes, con complementos de 50 a 90 euros para hijos y personas dependientes del beneficiario de la ayuda.

La Generalitat ha decidido este mes pagar la renta con un cheque nominativo enviado por correo en lugar de la habitual transferencia bancaria, lo que ha provocado múltiples retrasos y problemas de recepción de la carta en personas que han cambiado de domicilio. También ha llamado a 10.000 beneficiarios a revisar su expediente, pero no ha previsto la avalancha de gente que esto suponía en las oficinas de la Generalitat. Estas y el teléfono de información se han colapsado.

El Ejecutivo justifica su decisión con una premisa: hay situaciones de fraude entre los perceptores de la RMI. “Con esta operación, atacamos primero el fraude, y detectamos quién se ha cambiado de domicilio”, aseguró Colet, que fue entrevistado en Catalunya Ràdio y RAC1.

La actuación de Colet —los consejeros de Empresa y Ocupación, Francesc Xavier Mena, y de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, disfrutan de sus vacaciones— y actuación displicente con los afectados han provocado la queja unánime de la oposición, que le exigió rectificar. Lejos de dar explicaciones, el Gobierno salió ayer en defensa de Colet. Al frente, Artur Mas, que vestido con un traje de neopreno —interrumpió sus vacaciones para hacer rafting en Sort (Pallars Sobirà)—, reiteró: “Los cambios servirán para detectar los posibles fraudes”. Si no se evitan estos casos, vaticinó, “no habrá dinero suficiente para pagar a los que realmente lo necesitan”, informa Eva Visa. “El objetivo es detectar aquellos que cobran y ya no viven en Cataluña y a los que trabajan, aunque sea en la economía sumergida”. También se sumó el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluis Recoder, que recordó que la RMI fue implantada por un Gobierno de CiU.

En su periplo radiofónico, Colet reiteró las acusaciones contra parte de los receptores de la renta mínima. Lo hizo sin aportar ningún dato. Un portavoz del departamento aseguró que se darán a conocer a finales de mes, cuando culmine el proceso. Sus acusaciones se basan en “dos estudios”, que el propio secretario general reconoció que “se contradicen”.

Tras once días azuzando la idea de un fraude generalizado en la RMI, Colet matizó que se trata de “una minoría”. Y justificó que el cambio en la forma de pago, era el método “menos traumático”. El secretario general se basa en tres reglas para justificar sus acusaciones de fraude: el nulo control que, a su juicio, ejerció el anterior Gobierno tripartito; un núcleo de personas que perciben la renta pero viven fuera de Cataluña e incluso en el extranjero; y otro grupo que trabajan en economía sumergida y cobran la prestación social. Estas afirmaciones, según las personas que trabajan día a día con los preceptores de la Renta Mínima, son falsas o inexactas.

La principal preocupación de la Generalitat es que haya personas que reciben la Renta Mínima y residan fuera de Cataluña e, incluso, en el extranjero. Para aportar datos a esta acusación, Colet se basó en pruebas que no puede obtener, como él mismo confesó: “Sabemos por las entidades de crédito que hay gente que recibe la transferencia de la Generalitat y tiene ordenado un traspaso al extranjero. Pero los bancos no nos pueden entregar información de las personas que cometen fraude porque vulneraríamos la ley de protección de datos”. Para evitar que estos casos se repitan, la Generalitat no descarta cambiar por sorpresa el método de pago y enviar un cheque otra vez en el futuro.

Los asistentes sociales que trabajan con los receptores de la Renta Mínima aceptan que, en algún caso exepcional, se puede dar esta situación. Aún así, informan de que las entidades bancarias no realizan las transferencias a la primera de cambio. Primero ratifican la cuenta de los beneficiarios, que posteriormente facilitan por escrito (con el sello del banco) a cada ayuntamiento para garantizar así que la ayuda se entrega correctamente, indicó ayer la coordinadora de Cáritas en los barrios barceloneses de Ciutat Vella y del Poble Sec, Juana Martín.

La segunda sospecha que tiene la Generalitat es que hay muchos preceptores que cobran la ayuda para encontrar trabajo y en realidad se emplean en la economía sumergida. Todas estas situaciones, acusó Colet, se dan por el poco control que tuvo la Renta Mínima en el Gobierno tripartito. La anterior responsable del Departamento de Bienestar, Carme Capdevila, le acusó en Twitter de mentir: “No es cierto. Solo es una justificación a la mala gestión del ‘Gobierno de los mejores’”, apuntó Capdevila, que ironizó con los consejeros Mena y Cleries: “Son dos irresponsables que no conocen la situación de la gente que cobra la RMI. Quizás se saltaron esa clase en ESADE”.

La versión de Capdevila la corroboran los trabajadores sociales. Insisten en que la probabilidad de fraude es “mínima” debido al “estricto seguimiento” que realizan a las personas afectadas. Cada una de ellas recibe un trato específico y permanente. “No está estipulado cada cuánto tenemos que ver a los beneficiarios, son casos personales y el asistente decide la rutina de visitas”, explicó Margarita García, trabajadora social del Institut Català de la Salud.

“Nos exigen mucha información sobre los receptores. Vienen cada semana y efectuamos un registro de asistencia y el seguimientos del programa”, añade el educador social Paco Jaume. “Es muy triste que se cuestione la labor de los trabajadores sociales y de los ayuntamientos”, lamentó García en referencia a la acusación de Colet sobre la falta de control.

La ayuda va mayormente ligada a un proyecto de formación e inserción laboral. Los objetivos, adecuados a cada perceptor, se han de cumplir. Si no es así, los afectados corren el riesgo de ser excluidos de la RMI por incumplir la ley.

Algunos ayuntamientos se ven en la situación de tener que avanzar la RMI. El Ayuntamiento de Barcelona ha avanzado el pago de 11 cheques que la Generalitat deberá devolver. Desde que empezó la problemática y hasta el día 9, los afectados realizaron 593 llamadas de consulta o para notificar problemas con los cheques o los avisos de la Renta Mínima y 506 consultas presenciales.

La Generalitat ha provocado la crisis con los consejeros Mena y Cleries de vacaciones. Colet defendió su entrega en el caso y su preocupación por la situación generada: “Mena y Cleries están más preocupados por la RMI de lo que la gente piensa. Me han preguntado tantas cosas que, excepto el color de los calzoncillos de los preceptores, lo saben todo”.