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La Generalitat admite que 50.000 personas siguen sin renta mínima

Los retrasos en el pago de la ayuda afectan a un 45% de los beneficiarios

“No creo que nos hayamos equivocado”, asegura un alto cargo del Gobierno

Colas en el departamento de bienestar social y familia de la Generalitat de Catalunya Barcelona.
Colas en el departamento de bienestar social y familia de la Generalitat de Catalunya Barcelona.

Decenas miles de personas siguen sin cobrar el exiguo sueldo mensual de 420 euros por culpa de un cambio en el sistema de pago de la Renta Mínima de Inserción (RMI) de la Generalitat de Cataluña. Cientos de beneficiarios se aglomeran día a día frente a las oficinas del Departamento de Bienestar Social y Familia y el teléfono de información está colapsado. Algunos Ayuntamientos, como el de Girona (también gobernado por CiU) han creado un fondo económico para paliar las situaciones más dramáticas y entidades como Cáritas y la Cruz Roja, a través de los bancos de alimentos, distribuyen comida a los afectados.

¿Qué piensa la Generalitat ante este caos? Que ha hecho bien, y que todo va según lo previsto. “No creo que nos hayamos equivocado”, aseguró ayer el secretario general del Departamento de Empresa y Ocupación, Enric Colet. Ni una pizca de autocrítica para un problema creado por los departamentos de Empresa (cuyo titular es Francesc Xavier Mena) y Bienestar Social (Josep Lluís Cleries) y que afecta a unas 50.000 personas. Colet admitió ayer que 15.745 de los 34.000 titulares de la RMI (de cada ayuda dependen 3,25 personas, según datos de la Generalitat de 2009) aún no la han cobrado, un 45% del total.

El Gobierno modificó el cobro de la RMI para controlar posibles fraudes: excepcionalmente este mes, el pago se hace por cheque bancario enviado por correo y no por transferencia. El retraso y, en muchas ocasiones, la ausencia de cheque han desesperado a los beneficiarios, que día tras día tratan de subsistir sin su pequeña ayuda mensual.

La decisión de hacerlo en pleno mes de agosto es premeditada, según Colet. “Lo hemos hecho plenamente a conciencia. Esta gente no hace vacaciones, no trastocamos su calendario de vacaciones”, dio por hecho. “Sabíamos que había gente que podía sufrir un poco”, apuntó el secretario general, que compareció ante los medios en una improvisada atención dada la situación generada. El consejero Mena está de vacaciones, aunque habla por teléfono a diario con Colet, según la versión del propio secretario general. La Generalitat asegura que pagará los 34.000 expedientes en vigor de la renta mínima, y que parte de los 50.000 afectados que ayer todavía no habían cobrado lo harán los próximos días.

Pero habrá un importante porcentaje, que el Departamento no se atreve a cifrar, que tendrá que pelear por su cheque. Son los beneficiarios han cambiado de domicilio sin notificarlo a la Generalitat, una situación habitual por las dificultades económicas en las que viven los beneficiarios de la renta mínima. Colet es inflexible: “Si han incumplido la norma, se pueden esperar unos días para cobrar”. La falta se considera leve, por lo que los afectados que notifiquen correctamente su cambio de vivienda podrán cobrar el cheque. En septiembre el pago se hará, otra vez, por transferencia bancaria, precisó ayer la Generalitat.

La Generalitat no se atreve a hacer ni una estimación de cuántos casos de fraude puede encontrar. El Gobierno revisará uno por uno los expedientes. Citará en principio a 20.000 titulares de la RMI, de los cuales la mitad ya han sido avisados. La situación límite generada por el retraso en el pago ha obligado a muchos Ayuntamientos a actuar para asegurar que sus ciudadanos receptores de la RMI tengan cubiertas sus necesidades mínimas. Colet criticó a algunos municipios por colaborar con estas personas sin revisar su situación: “Los Ayuntamientos que dan ayudas de forma indiscriminada no entienden el objetivo de la Generalitat”.

Los Consistorios tienen que soportar el alud de reclamaciones que reciben sus servicios sociales. Las oficinas de la Generalitat están abarrotadas, se viven momentos de tensión y el teléfono de atención está colapsado. El Gobierno se resiste a aceptar que la situación se le ha ido de las manos. “Tenemos todo el personal que necesitamos”, dijo Colet. Las oficinas del Departamento de Empleo y del de Bienestar tienen el mismo personal que cualquier agosto. El refuerzo se limita a un grupo de 80 trabajadores que cumplen turno de tarde en Ocupación y un cambio de tareas en Bienestar para tener más gente recogiendo las quejas.

Abderrahman es uno de los afectados. “Reviso el buzón cuatro veces al día y nada”, explica. Lleva días esperando el cheque, y dentro de lo cabe ayer tuvo suerte: consiguió ser atendido en las oficinas del Departamento de Bienestar en Girona. Las trabajadoras deniegan a unas 70 personas al día porque no dan abasto, y hay un vigilante que pulula por la sala para evitar que la tensión degenere a males mayores. No se ha reforzado el personal y las trabajadoras están desquiciadas. Les falta tiempo para ir al lavabo. En otra planta, tres personas responden a las llamadas de los angustiados usuarios de la RMI. El teléfono suena entre 60 y 70 veces cada mañana.

En Tarragona en la oficina de Bienestar Social hay cinco mesas y una persona adicional que ofrece información. “En general, podemos recibir a todas las personas que vienen, lo que pasa es que a las 13.30 dejamos de dar números para que no quede colapsado”, dice Anna Solé, directora de Servicios Territoriales de Bienestar y Familia en Tarragona. La situación provoca las quejas de algunos de los afectados, que se quedan sin ser atendidos.

La plácida versión de la Generalitat contrasta con la denuncia de los Ayuntamientos como el de Tarragona. El Consistorio sostiene que sus servicios sociales reciben una avalancha de gente pidiendo explicaciones sobre la RMI porque los afectados deciden ir a la persona de confianza más cercana: el asistente social. El Consistorio está elaborando un informe con las quejas recibidas y lo entregarán este mes a la Generalitat. Al margen de la RMI, el año pasado el Ayuntamiento tuvo que crear un fondo de 90.000 euros extraído de sus presupuestos municipales para paliar los casos más urgentes. Los servicios sociales denuncian que la situación de pobreza se ha recrudecido en el último año y que los impedimentos de la Generalitat para acceder a la RMI llevarán a muchas familias hasta situaciones extremas, lo que podría hacer brotar casos de violencia machista o tensiones.