El PP de Madrid plantea convocar a sus 90.000 afiliados frente a los indignados
Francisco Granados dice que "se plantea seriamente" sacarlos a calle en apoyo de los comerciantes de Sol "300 indignados estén condicionando la convivencia de más de tres millones de habitantes", dice

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha afirmado este jueves que el partido "está planteándose muy seriamente" convocar a sus 90.000 afiliados a manifestarse en apoyo de los comerciantes del entorno de la Puerta del Sol en protesta por los graves perjuicios económicos que les está provocando las manifestaciones del movimiento 15M.
En declaraciones a Europa Press, Granados ha denunciado que "300 indignados estén condicionando la convivencia de más de tres millones de habitantes" de una ciudad como Madrid. Y, frente a esa cifra de manifestantes, ha apuntado que el PP sólo en la región cuenta con 90.000 afiliados. "Espero que la delegada del Gobierno, Dolores Carrión, no nos ponga pegas para manifestarnos, porque entonces supondría un claro agravio comparativo", ha añadido.
El exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ha exigido a Carrión que "cumpla con su obligación" y acabe con las protestas ilegales del movimiento 15M. Así, cree que la decisión de cortar la Puerta del Sol y bloquear sus accesos para evitar que los 'indignados' vuelvan a tomarla y acampar en ella "en vez de arreglar la situación, la está empeorando". "Están incumpliendo la Ley con la connivencia de la delegada del Gobierno", ha agregado
Y es que, a su juicio y siguiendo las denuncias de los propietarios de los negocios de la zona, el blindaje durante los últimos días de la plaza "atenta contra los intereses de los comerciantes", que han visto caer sus ventas más incluso que cuando los 'indignados' estaban acampados.
"Lo que debe hacer la Policía, en el caso de que los manifestantes quieran volver acampar, es sancionar, identificar o incluso detenerlos; pero lo que no puede hacer es cortar la Puerta del Sol. Esto es inaceptable en un Estado de Derecho e impensable en un país civilizado", ha argumentado Granados.
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