Los socialistas y nuestra democracia

Alfredo Pérez Rubalcaba, tras su proclamación, el 9 de julio último, como candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones legislativas, puso de manifiesto que en España los socialistas se identifican siempre como tales, mientras que los políticos de derechas eluden reconocer esta identidad ideológica. Fue una observación oportuna e inteligente, que guarda relación con la decisiva aportación de los socialistas a nuestra actual democracia y que venía como anillo al dedo al contenido regeneracionista que dio a su exposición, más pedagógica que mitinera, lo que le permitió prescindir del fácil recurso de atacar a los políticos del PP, no “enemigos” del PSOE, sino sus “adversarios”, precisó. A Mariano Rajoy ni le mencionó.

 Cuando las encuestas —los otros modernos protagonistas de la vida pública, junto a Internet y los mercados— parecen tener ya decidido el resultado, favorable al PP, de los próximos comicios, conviene señalar la diferencia que existe entre los dos grandes partidos en orden a establecer la “sociedad democrática avanzada” que propugna la Constitución en su Preámbulo.

Quede constancia de la capacidad de ambas formaciones políticas para incumplir sus promesas electorales, pasar por alto la democracia interna, evitar el consenso y, lo que es peor, alcanzar acuerdos que limitan el disfrute de los derechos humanos o perpetran el reparto de importantes instituciones, en vez de designar para ellas miembros idóneos.

Pero si apelamos a la contribución de esos dos partidos a la democracia que tenemos, la diferencia es abismal. Ya en el proceso constituyente, los socialistas —ayudados por comunistas y nacionalistas— lograron imponerse a la antecesora del PP, la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga —que empujaba hacia la derecha a la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, más propicia a pactar a diferentes bandas— para edificar unas reglas de juego democráticas.

Felipe González se implicó personalmente, “como principio y en conciencia”, dijo el líder socialista, “contra la pena de muerte”, en uno de los debates más emotivos del proceso, igual que Alfonso Guerra pactó con el centrista Fernando Abril el complejo artículo sobre el derecho a la educación, y Gregorio Peces-Barba se empleó a fondo en la constitucionalización de los derechos humanos.

Desde AP, Fraga —que no era el más derechista de su partido, igual que le ocurre hoy en el PP— peleó por la inclusión de la Iglesia católica en la Constitución, con auténtica nostalgia del nacionalcatolicismo, mientras que desde el PSOE, Perces-Barba estimó que era perjudicial para la propia Iglesia la privilegiada mención en el texto constitucional. Curiosamente, en este punto Fraga contó con un aliado inesperado, el comunista Santiago Carrillo, que defendió el “hecho objetivo” que significaba la Iglesia Católica en nuestro país, en relación con las demás confesiones religiosas.

Finalmente, la Constitución del consenso resultante de aquellos debates obtuvo una aplastante cantidad de votos: 325 en el Congreso, sobre un total de 350 diputados, y 226 en el Senado, sobre 248 senadores. Por eso resultó expresivo que de los 16 diputados de AP, cinco votaran en contra y tres se abstuvieran, a pesar de lo cual los dirigentes del PP, herederos de AP mucho más que de UCD, se autodenominan “constitucionalistas”.

Durante los años de permanencia del PSOE en el poder se desplegó el Estado autonómico y se desarrolló la Constitución, con algún exceso, como la llamada ley Corcuera, o de La patada en la puerta, que permitía registros policiales sin autorización judicial, y que fue corregida por el Tribunal Constitucional. En ese periodo se estableció el Estado de bienestar, conquista socialdemócrata que Rubalcaba propone potenciar, desde la política y la democracia. Por eso planteó un impuesto de patrimonio para “los que realmente tienen un gran patrimonio”, que “bancos y cajas destinen parte de sus beneficios a crear empleo”, potenciar la sanidad pública, ahorrando, no privatizando, y volcarse en la educación: “es cara”, dijo, “pero más cara es la ignorancia”.

No es extraño que la derecha mediática más recalcitrante, mientras otea, desde la caverna, defectos más graves en el candidato socialista que su edad o su eventual salud, se hayan lanzado a su yugular con el espantajo del caso Faisán, el famoso chivatazo a ETA en plena tregua, que no pasa de un error de cálculo político en el que ni existen víctimas ni intencionalidad delictiva. En la retaguardia, siempre les quedará la invocación de los GAL, difícil de argumentar por quienes, como estos cornetas del Apocalipsis, practican a diario la guerra sucia contra quienes discrepan de ellos.

El PP, por su parte, vincula la salida de la crisis con la llegada de Rajoy al Gobierno, como si estuviera convencido de que la desconfianza económica la provoca solo la permanencia de Zapatero en el poder y que, “tras las elecciones, estaremos entre los mejores”, dice. El encuentro electoral con Rubalcaba no parece tenerlo el PP muy preparado y mucho menos la oferta política a los ciudadanos, que van a contar, desde el PSOE, con una propuesta de regeneración democrática que, en estos tiempos de economía desbordante, tiene suficiente crédito.