La juez acusa a un diputado del PP de amañar otra contrata de basura

La titular del Juzgado número 4 de Torrevieja, Isabel Flor, imputa al exalcalde de la localidad y actual diputado autonómico del PP, Pedro Ángel Hernández Mateo, los supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental por la adjudicación de la contrata de basura. La juez cree probado que el exregidor falseó un documento clave para la concesión: un informe jurídico externo solicitado por Hernández Mateo para sortear la oposición inicial de los técnicos municipales a la adjudicación. Hernández Mateo aseguró que pidió el informe a tres despachos de abogados. En su declaración ante la juez, dos lo han negado.

La magistrada, tras la instrucción del caso (incluida la declaración de Hernández Mateo como imputado), ha remitido el sumario al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, dada la condición de aforado del exalcalde. Este ocupó el cargo de primer edil de Torrevieja entre 1987 y mayo de 2011, y es diputado autonómico desde 2007. Hernández Mateo era uno de los apoyos de mayor calado del otrora sector campista del PP de Alicante (bando alineado con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps) en el feudo conservador de La Vega Baja (sur de la provincia).

El Ayuntamiento inició la adjudicación de la contrata del servicio de recogida de la basura y limpieza viaria en 2003. En abril de 2004 adjudicó el contrato a la firma Necso-Entrecanales, perteneciente al grupo Acciona, por 9,6 millones euros y 10 años. En enero de 2007, el Grupo Municipal de Los Verdes denunció los hechos al juzgado.

En su escrito de exposición motivada al TSJ valenciano, la magistrada cree que Hernández Mateo adjudicó el contrato a pesar de los informes desfavorables de los técnicos municipales, emitidos en febrero de 2004. El arquitecto informó en contra de las tres ofertas que llegaron a la mesa de contratación por motivos urbanísticos y la secretaria planteó dejar desierto el concurso porque ninguna de las ofertas cumplía “los mínimos” exigidos en el pliego de condiciones.

Hernández Mateo siguió adelante y el 2 de marzo de 2004 encargó, sin mediar concurso público, un informe jurídico externo por 12.000 euros, en función del cual adjudicó el servicio. Según el expediente, Hernández Mateo había consultado a tres despachos (Abogados de Santiago González, Bufete López Rodó y Bufete Ariño y Asociados). En su declaración como testigos ante la juez, los representantes de los dos primeros despachos negaron “tajantemente” cualquier contacto con el Ayuntamiento, ni que les “haya solicitado sus servicios en el caso”. La juez señala que de esas declaraciones “se desprenden indicios de la falsedad en la que incurrió el imputado en su propuesta del 2-3-2004”. Hernández Mateo mantuvo ante la juez que había “cursado personalmente las invitaciones a los tres despachos”. La juez también destaca que Hernández Mateo encargó finalmente el informe jurídico al despacho Ariño y Asociados, que habitualmente trabajaba para el grupo que ganó la contrata.

El aforamiento ha permitido a Hernández Mateo dilatar el sumario de otra causa en la que está imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. Hernández Mateo compró en 2002 una finca rústica por 18.000 euros, y dos años más tarde la vendió por 5,4 millones.

Con la operación, que el exregidor justificó en el boom de la construcción de La Vega Baja, se embolsó una plusvalía de 5,2 millones. El exalcalde realizó la compraventa de la finca con un grupo de la construcción habitual contratista del Ayuntamiento, la mercantil Edén del Mar. Esta causa la instruye igualmente la magistrada Flor.