A las urnas, al fin

Al fin ha cedido. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha podido resistir la presión, externa e interna, de los agentes económicos, sociales y políticos y de su propio partido y entorno, y ha atendido a las numerosas voces que le pedían el final de la agonía en que se ha convertido su segunda legislatura. Tampoco ha podido obviar en la decisión los intereses objetivos de su partido y del candidato socialista. Una vez resuelta la cabeza de cartel del PSOE, nada de lo que pudiera suceder de no adelantar los comicios iba a favorecer a Alfredo Pérez Rubalcaba. Las reformas y recortes dolorosos iban a continuar hasta marzo. Los datos levemente esperanzadores sobre crecimiento y empleo de una economía muy estacionalizada como la española iban a ser mejores ahora en verano que a la salida del invierno. Las encuestas podrían haber mejorado hasta marzo, pero aún tenían también un amplio y peligroso recorrido a la baja. Así las cosas, ¿a qué esperar más?

El anuncio del adelanto es una fiel imagen de quien lo ha decidido. Zapatero ha desmentido hasta el último minuto la disolución anticipada y ha defendido la terminación ahora de la legislatura por la necesidad de “proyectar certidumbre política y económica”, el mismo argumento que le venía sirviendo hasta ahora para lo contrario, es decir, llegar hasta marzo. Ha elegido el último día laborable antes de agosto para marcar el último tramo de su agenda de Gobierno, adelantando así incluso el anuncio del adelanto para sacarse toda la presión de encima: el 26 de septiembre será el día en el que firmará la convocatoria. Con casi dos meses de margen por delante, estos argumentos perentorios para despejar incertidumbres hubieran servido para firmar la disolución ahora y celebrar las elecciones todavía antes, en octubre. El empecinamiento presidencial llega hasta insinuar el exacto cumplimiento de unos planes fraguados hace ya tiempo, mantenidos en prudente secreto e incluso desmentidos públicamente, aun a costa de dar pábulo a quienes le atribuyen una conflictiva relación entre sus palabras y la verdad.

Capítulo aparte merece la posición de José Antonio Griñán, que ha resistido las presiones de Madrid y ha decidido agotar la legislatura, desvinculando a Andalucía de la cita electoral de las generales. Aunque las encuestas arrojan una previsible derrota, Griñán sabe que si hay alguna opción de salvarse de la quema, el PSOE andaluz no debe hipotecar su futuro yendo de la mano de Ferraz. Si los socialistas sufren, como se espera, un severo castigo en las generales, el electorado andaluz podría perdonarle la vida a un partido que lleva 33 años gobernando Andalucía.

Recuperar la credibilidad

Con independencia del contexto y de los argumentos, el adelanto es la mejor respuesta que podía darse a una situación difícilmente sostenible hasta marzo de 2012. Convocar las elecciones para el 20 de noviembre resuelve las dificultades parlamentarias del Gobierno, cuyos socios potenciales (CiU y PNV) habían mostrado reticencias al agotamiento de la legislatura; neutraliza la duplicidad entre un Gobierno agotado y un candidato socialista que reducía el margen de actuación de ambos; y permite que un nuevo Gobierno afronte con ideas renovadas la grave situación del país. Aunque las líneas fundamentales de política económica ya están hilvanadas, parece necesario articular una política que las coordine con una aceleración del crecimiento y creación intensiva de empleo.

En su explicación del adelanto electoral, Rodríguez Zapatero acertó al argumentar que la decisión aporta certidumbre política y que con un calendario definido el debate político ya no se centrará en la fecha de los comicios. Se había llegado a una situación circular: la pérdida de credibilidad del actual Gobierno destruye la confianza imprescindible para que brote la recuperación económica, y la mala situación de la actividad económica, pero sobre todo del empleo, arruina las opciones electorales del PSOE. Los últimos datos de la EPA venían a confirmar ayer que la recuperación no se producirá antes de 2012, como de forma persistente e ingenua ha sostenido el Gobierno, y que la elevadísima tasa de paro (20,86%) seguirá deprimiendo a la sociedad española al menos durante el año próximo. El anuncio de Moody’s de que rebajará la calificación de la deuda soberana y el nivel de la prima de riesgo (muy por encima de los 300 puntos básicos) son una amenaza dramática para un Ejecutivo que quizá ya no tenía fuerzas para encarar un Presupuesto con un margen de inversión y políticas sociales reducidos al mínimo por los costes financieros.

Recuperar la confianza

La economía está estancada y la sociedad española no entiende las terribles dificultades para remontar la crisis económica. La decepción social no podía ni debía prolongarse más. Y no es que el muy probable Gobierno del PP disponga del remedio para aumentar el crecimiento y el empleo, pero la virtud principal de las elecciones será la de reforzar las expectativas de que la mejora es posible y quizá esté próxima. El adelanto no solo debe contribuir a recuperar la confianza social. También diseña el mejor calendario para los dos contendientes con opciones de ganar. La bicefalia abierta en el PSOE tras la proclamación del candidato es una circunstancia no exenta de riesgos, que se habrían acrecentado de prolongar la situación durante más de ocho meses como estaba previsto. El último barómetro del CIS, que refleja el aprecio que la sociedad española —no solo los votantes socialistas— tiene de Rubalcaba es también una buena señal acerca de sus posibilidades de remontar de aquí a final de noviembre. Mariano Rajoy, por su parte, obtiene el adelanto que tanto reclamaba cuando todos los sondeos le son favorables, por lo que, a pesar de todo, reducir el plazo no puede más que beneficiarle.

Más allá de cálculos electorales, las elecciones pondrán fin a un panorama bloqueado, con un Gobierno desgastado e incapaz de tomar las ambiciosas iniciativas que el país necesita y una oposición atrapada en el único discurso del relevo como panacea para acabar con la crisis. Al deterioro económico se ha sumado un empobrecimiento de argumentos políticos incompatibles con una democracia de calidad. Ahora llega el momento de que Rajoy explique cuál es el proyecto con el que pretende sacar a España de su difícil situación, más allá de las huecas proclamas sobre que “hay que crear empleo” o “actuar con determinación”. Quizá ahora se decida a detallar cómo se crean puestos de trabajo y cómo se actúa con determinación. El examen de sus ideas económicas, al menos las expresadas en público, arroja conclusiones más bien pobres. Si hay incertidumbres que quedan despejadas con el adelanto no es el caso con las propuestas e ideas del PP, de ahí que en esta campaña electoral sean obligados la confrontación de programas y posiciones y el debate público entre los dos candidatos.