El anuncio de Salgado provoca desconcierto en las comunidades

Desconcierto. Además de la aceptación o el rechazo del anuncio que ayer hizo Elena Salgado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la línea de crédito ICO que la vicepresidenta primera y ministra de Economía ofreció a las comunidades para aliviar las cuentas autonómicas ha causado una reacción en cadena en la que cabe casi todo. En primer lugar, cierta confusión ante la falta de detalles y condiciones del tipo de crédito ofrecido, que se concretarán en las próximas semanas.

No obstante, los consejeros y presidentes afectados, hasta algún representante de la oposición, no han dejado de pronunciarse sobre la posibilidad de financiar el 50% de los 5.000 millones que deberán devolver a lo largo del año que viene. La mayoría ha destacado también la decepción por el rechazo del Gobierno a la moratoria de las devoluciones que habían solicitado todos los Ejecutivos regionales, incluidos los de Andalucía y Cataluña.

Precisamente el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha manifestado esta mañana que se ha producido un pequeño cambio de rumbo en la relación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central con el oferta de los créditos del ICO. Ahora bien, ha apuntado, el Ejecutivo reparte mejores cartas poniéndoselo un poco mejor a sí mismo en la tarea de control de déficit global del Estado.

Mas-Colell consideró que la oferta de la vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, para que las comunidades se acojan a créditos del Instituto de Crédito Oficial es “un pequeño paso” aunque no “la solución definitiva”. Mas-Colell, que en el consejo pidió una moratoria de 12 años para la devolución de las cantidades de más que anticipó el Gobierno en 2008 y 2009, aseguró que la Generalitat acudirá a cualquier línea de crédito si las condiciones que ofrece Salgado “son buenas”, es decir, mejores que las de mercado.

El consejero catalán afirmó que existe un sentimiento entre las comunidades de que el Gobierno, puesto que es el encargado de “distribuir las cartas”, se lo está poniendo un poco mejor a la Administración central que a la autonómica al repartir las tareas de reducir el déficit. Además, defendió su demanda de que el Ejecutivo central avale las emisiones de deuda de las comunidades para contener su coste, lo cual Salgado dijo que ni era “legal” ni “una buena idea”. Mas-Colell replicó que si se está tratando de construir una fórmula europea para anclar los diferenciales respecto al bono alemán, lo lógico es que se haga lo mismo dentro de España.

El PSC también ha salido al ruedo para apoyar la estrategia de prudencia del Gobierno catalán y ha calificado de "paso" adelante la reunión de ayer al tiempo que ha reclamado de nuevo a Salgado y  Zapatero que cumplan con sus compromisos con Cataluña en materia de financiación. En declaraciones a los periodistas en el Parlamento catalán, el presidente del grupo parlamentario del PSC, Joaquim Nadal, ha precisado que dentro de los pequeños pasos se ha de hacer prevalecer la razón del gobierno de Cataluña. 

En Madrid, el vicepresidente de Esperanza Aguirre, Ignacio González, ha opinado a propósito de la propuesta de financiación del ICO que el Ejecutivo quiere "hacer negocio" a costa de las comunidades, que han perdido ingresos por culpa de las "estimaciones de crecimiento económico falsas" que, en su opinión, hizo el departamento que dirige Elena Salgado.

De signo contrario ha sido, en cambio, la valoración del consejero valenciano de Hacienda y Administración Pública, el popular José Manuel Vela. Respecto a la posibilidad de que las autonomías puedan disponer de nuevas líneas de crédito deI ICO para pagar a proveedores, Vela ha señalado que se trata de una medida "muy positiva" y ha reconocido la "buena disposición" del Gobierno central en este sentido. "Veo la luz al final del túnel, no veo todavía muchos brotes verdes pero la lucecita está ahí, al final; está lejos pero creo que la veremos", ha afirmado Vela, quien, sin embargo, habló de sensaciones “agridulces”. Por un lado vio cómo se aprobó, por unanimidad, el Plan de Reequilibrio presentado por el Consell, lo que, según dijo, supone que “el propio Estado confía en las medidas que hemos adoptado y vamos a adoptar a partir de ahora de austeridad”; en el lado opuesto señaló con pesar la confirmación de que el Gobierno no ingresará los 633 millones de euros del Fondo de Competitividad, tal como ya anunció la vicepresidenta Elena Salgado.

También ha saludado la propuesta el Gobierno de Aragón. Desde la Consejería de Economía creen que todo los que contribuya a rebajar la tensión en el déficit es bienvenido y su responsable, Francisco Bono, ya ha adelantado que se acogerán a los créditos ofrecidos por Salgado.

En el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha prefieren ser más cautos antes de valorar el ofrecimiento del crédito especial del ICO. La Consejería de Economía de la Junta considera oportuno esperar a que se concreten las condiciones de ese crédito -que empezarán a determinarse en la reunión de septiembre- y comprobar si la propuesta de la vicepresidenta supone verdaderamente una medida para paliar la situación económica o simplemente se queda en “una cortina de humo”. Por su parte, la Junta de Extremadura se reunirá mañana para estudiar la medida.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha puntualizado que "no es verdad que se hayan planteado créditos ICO para la mitad de la deuda. Solamente lo han planteado para lo que hay que devolver en el año 2012, es decir para una anualidad".  En la misma línea se ha pronunciado la consejera de Administración Pública y Hacienda de La Rioja, Concepción Arruga Segura.

Feijóo ha anunciado, además, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad para que el Gobierno abone los 805 millones que "debe" a Galicia por la financiación autonómica.

Mientras tanto, en Baleares, el presidente del Gobierno autónomo, José Ramón Bauzá, ha celebrado ya  una reunión con los representantes de las principales entidades bancarias tras la aprobación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de su plan de saneamiento, que, según fuentes del Ejecutivo, no supondrá recortes de sueldos, ni copago sanitario ni reducción de servicios esenciales. En cinco meses se calcula que el tijeretazo será del 20%.