Bermúdez arrebata “por su complejidad” 'el Faisán' a los jueces que le dieron alas

La especial complejidad jurídica del chivatazo a ETA en el bar Faisán de Irún ha propiciado que el recurso contra el procesamiento de los tres cargos policiales imputados –el ex director de la Guardia Civil, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de Vitoria José María Ballesteros- vaya a ser estudiado por el pleno de la Sala de lo Penal y no por su sección segunda que, en contra del criterio del fiscal, dio alas al caso y apreció colaboración con banda armada (hasta 10 años de cárcel) en la conducta de los procesados.

La decisión la ha tomado esta mañana el presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez una vez que el progresista Pablo Ruz ha desestimado los recursos de reforma de Hidalgo, Pamiés y Ballesteros contra su procesamiento. Su relevancia es alta porque supone apartar a los magistrados que, hasta el momento, han dado alas a la investigación de Ruz avalando todas sus resoluciones. Ahora, la decisión no corresponderá únicamente a ellos. También al resto de magistrados de lo penal de la Audiencia. Para muchos de ellos, los indicios de colaboración con banda armada vistos por Ruz y avalados por la sección tercera, no están tan claros.

La decisión, que podría suponer el envío del caso a un juzgado de lo penal de Irún al no existir delito de terrorismo, lo que desinflaría enormemente el caso dejándolo en una mera revelación de secretos, se tomará después del verano y podría coincidir con la precampaña o la campaña electoral, siempre en el supuesto de que se adelantaran las elecciones a noviembre. Tras la dimisión de Francisco Camps como presidente valenciano, el PP ha convertido el caso Faisán en su principal caballo de batalla contra el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que señalan como cerebro del chivatazo, producido en mayo de 2006, en pleno proceso de paz.

La decisión se tomará después del verano y podría coincidir con la precampaña o la campaña electoral

De la sección que queda apartada forma parte el polémico magistrado conservador Enrique López, ex vocal a propuesta del PP en el Consejo del Poder Judicial y eterno candidato a magistrado del Tribunal Constitucional por ese partido. Él fue el ponente de la primera resolución en la que el chivatazo fue considerado colaboración con organización terrorista, en febrero de 2010, antes incluso de que el entonces instructor del caso, Baltasar Garzón, apreciara esos indicios de delito.

López fue acusado de endurecer el auto sin el permiso de los otros dos miembros del tribunal –Ángel Hurtado y Julio de Diego- incluyendo frases que afirmaban que el soplo a ETA era "de una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo" o llamando al juez a "agotar la investigación hasta los extremos que fueran necesarios".

Esa misma sección, formada esta vez por los magistrados conservadores Fernando García de Nicolás y Julio de Diego, y el progresista José Ricardo de Prada, volvió a avalar la existencia de la colaboración en un auto de finales de abril. El fiscal Carlos Bautista aseguró en su informe verbal que, para la existencia de ese delito, era necesario partir de “cierta adscripción ideológica” con los fines de ETA de los presuntos colaboradores, algo difícil de achacar a los cargos policiales imputados.

López fue acusado de endurecer el auto sin el permiso de los otros dos miembros del tribunal incluyendo frases que afirmaban que el soplo a ETA era "de una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo" 

La resolución, sin embargo, dio alas a la investigación, aunque fue muy criticada. Se basaba en una sentencia del Tribunal Supremo que amparaba la tesis del ministerio público, aunque el pasaje en que lo hacía no fue recogido en ella. De Prada hizo un durísimo voto particular en el que afirmó que sus compañeros de tribunal alentaban “la instrumentalización política” del caso.

Ahora, la decisión corresponderá a todos los magistrados de la Sala. Juntos tendrán que determinar de nuevo si el caso corresponde a la Audiencia al existir indicios de colaboración o a Irún, en caso de que no. El fiscal vuelve a argumentar lo que sostuvo en abril, que el delito exige compartir de alguna manera los fines terroristas de la banda, algo que no se da en el caso. Lo hace en un escrito en el que recoge todas las sentencias del Supremo al respecto desde mediados de los años noventa.