Camps se plantea pagar la multa y seguir en el poder con antecedentes penales

Algunos dirigentes del PP afirman que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, se está planteando aceptar las penas que le reclaman las acusaciones en la causa de los trajes y así evitar el juicio por cohecho impropio dictado por el juez José Flors el viernes. Optar por esta posibilidad significa no sentarse en el banquillo pero admitir que ha mentido durante los más dos años que ha negado haber aceptado los trajes como regalo, admitir que ha cometido un delito y aceptar los antecedentes penales que conlleva. Camps se plantea esta posibilidad para seguir en el poder, pese a que así asumiría una condena por cohecho y aunque pasaría a ser un presidente autonómico condenado y con antecedentes penales.

En cualquier caso, esta opción se ha encontrado con un imprevisto añadido en la negativa de otro de los procesados, Ricardo Costa, a asumir el delito, con lo que no se se evitaría la celebración del juicio, para cuya suspensión han de estar de acuerdo los cuatro procesados. Ricardo Costa es el único de los cuatro imputados que no ostentaba ningún puesto en el Gobierno de la Generalitat en el momento en el que la trama Gürtel les obsequió con ropa por varios miles de euros. Así, en el caso de que Costa se negara a asumir el delito, el juicio habría de celebrarse.

Si Camps opta por pagar la multa, evitaría su interrogatorio en el juicio con jurado e incluso estar presente en la vista que se celebrará, con toda probabilidad, en plena campaña de las elecciones generales. Esa es una de las posibilidades de garantizarle al líder del PP, Mariano Rajoy, que no será el protagonista incómodo de la campaña, en un momento en el que la presión de la dirección nacional es más evidente por el silencio que por las palabras. Y mientras Rajoy pretende que sea Camps quien dé la cara, ninguno de los dos lo ha hecho. De momento, las agendas del Ayuntamiento y de la Diputación de Castellón anuncian para mañana la visita del presidente de la Generalitat a la capital de La Plana. Por su parte, la portavoz del grupo popular en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, ha dicho que "en su momento, se comunicarán las decisiones".

La otra posibilidad es dimitir y centrarse en la resolución de las acusaciones por recibir regalos de la trama Gürtel. Pero es una opción que no baraja, según los dirigentes del PP que han hablado con él y de él desde el viernes. La dimisión, incluso, podría ser temporal, cesando de su cargo como presidente, quedándose como diputado raso, dando paso a otro parlamentario o parlamentaria y reclamándole que le dejara volver a la presidencia una vez concluya el procedimiento, y en el caso de que fuera favorable para él. Sin embargo, esta opción resulta tan remota como la de delegar las funciones hasta que se resuelva el procedimiento judicial, debido al momento de crisis y a la situación en la que se encuentra la Comunidad Valenciana y sus cuentas. Significaría una transición muy difícil de entender, por una dejadez más que una delegación de funciones.

“Esta semana es crucial”, señala un dirigente del PP valenciano, marcando este plazo como límite para la toma de una decisión: seguir hasta el juicio, dimitir o admitir los hechos.

Además de aceptar las penas que le reclaman las acusaciones, Francisco Camps también tiene la posibilidad de negociar para llegar a ese acuerdo de conformidad que supone declararse culpable. Las opciones se limitan a una rebaja de la multa –la fiscalía pide algo más de 41.000 euros y la acusación popular algo menos de 49.000‑ pero fuentes de los socialistas valencianos, que ejercen la acusación popular, han negado su intención de ceder ni un solo euro. De hecho, ha emitido un comunicado en el que sostiene que "ni ahora ni nunca transaccionaremos o negociaremos, ni directa ni indirectamente, para favorecer que eludan sus responsabilidades; o en su caso, que se reduzcan las penas de quienes hubieran cometido o confiesen haber cometido delitos de corrupción en esta causa o en cualquier otra causa".

El PSOE, como acusación popular, no se plantea rebajar ni un euro de la multa en una posible negociación

La situación de Camps es límite. Ha tratado de evitar el decreto de apertura de juicio por todos los medios y a la desesperada. Muestra de ello fueron las pruebas que pretendió que se admitieran en la vista preliminar a la decisión adoptada el viernes. El presidente de la Generalitat trató de que el juez aceptara como prueba un acta notarial con las fotografías de sus armarios, en los que cuelgan sus trajes etiquetados con distintivos de distintos establecimientos o las imágenes institucionales en las que aparece luciendo distintas prendas que, es de suponer, no fueron regaladas por la trama. También aportó un certificado de las compras realizadas en un gran establecimiento, a la vez que reclamó que fueran a declarar dos empleados del mismo para ratificar que había adquirido allí algunos trajes. Algo parecido a cuando quiso que declarara un sastre de Valencia para que dijera que sus medidas no coincidían con las que aparecen en las diligencias.

Camps ha solicitado la presentación de pruebas a la desesperada

PSPV-PSOE desea recordar con claridad su posición: nos ratificamos plenamente en el escrito de acusación presentado por nuestra representación procesal en todos sus términos y ni ahora ni nunca transaccionaremos o negociaremos, ni directa ni indirectamente, para favorecer que eludan sus responsabilidades; o en su caso, que se reduzcan las penas de quienes hubieran cometido o confiesen haber cometido delitos de corrupción en esta causa o en cualquier otra causa.