Barajas y El Prat se adjudicarán por un mínimo de 5.300 millones

La gestión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, las dos joyas de la corona de este sector en España, ya tienen un precio mínimo para el mercado. El Gobierno tiene previsto ingresar al menos 5.300 millones de euros por la adjudicación de estas infraestructuras a gestores privados por un periodo de 20 años, prorrogables otros cinco. El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de las dos sociedades concesionarias para el centro madrileño de Barajas, que tendrá un precio de salida de 3.700 millones, y el barcelonés de El Prat, con una cuantía inicial de 1.600 millones.

La empresa adjudicataria, que puede elevar esta oferta inicial en el concurso, será elegida a finales de noviembre y estará a los mandos de cada aeropuerto en primavera de 2012. El nuevo gestor privado pagará un canon anual equivalente al 20% de la facturación del aeropuerto, con un mínimo garantizado, que el próximo año será de 150 millones para Madrid y de 80 millones para El Prat. Aunque no se puede conocer el canon anual de los siguientes ejercicios, un cálculo de estos mínimos por un periodo de explotación de 20 años arrojarían otros 4.600 millones, o 5.750 en 25 años.

El primer esbozo de la privatización parcial de AENA, con una deuda imputable total de 12.415 millones, decepcionó al sector privado porque contemplaba la entrada de capital privado en el accionariado, como socio financiero, pero excluía la gestión, que es lo que interesaba a las compañías de infraestructuras. El pasado diciembre, el Ejecutivo cambió y puso sobre el mantel dos frutos jugosos: los dos aeropuertos con mayor volumen de tráfico y conexiones (casi 50 millones de pasajeros en Barajas en 2010 y de 30 en Barcelona) y con unas ambiciosas ampliaciones ya ejecutadas a cargo del erario público. Madrid obtuvo 617 millones de euros de ingresos de explotación en 2010 y Barcelona 334, aunque los resultados netos se tiñeron de rojo porque aún están digiriendo las inversiones públicas.

El sector da por descontado el interés de compañías como Ferrovial y Abertis, que ya gestionan aeropuertos fuera de España. Las empresas que se pongan al timón de estos aeropuertos obtendrán sus ingresos de las tarifas y de la explotación de servicios y espacios aeroportuarios y también inmobiliarios y comerciales. La plantilla y sus condiciones, fijadas en un convenio que vence en 2016, se mantendrán.

El Gobierno ha decidido licitar el 90,05% del capital de esta sociedad mediante una ampliación de capital y mantener el 9,95% en manos de AENA Aeropuertos. Esta cifra ha quedado así configurada para que, en caso de suspensión de pagos, el Estado sea el primero en cobrar su crédito al tener menos del 10% de participación, límite que establece la ley.

Uno de los objetivos de la transformación en AENA es fomentar la competitividad de los aeropuertos, que dejan así de estar gestionados como una red conjunta. Por eso, aunque el Gobierno no puede impedir en el concurso que una misma empresa se adjudique la gestión de los dos aeródromos, el Ministerio de Fomento señaló ayer que valorará “de forma muy positiva” que las ofertas presentadas fomenten esa competencia. El gestor, además, podrá competir con el resto de aeropuertos con la política de tarifas. Las de los dos próximos años no podrán subir más de lo previsto porque ya están fijadas en el IPC más el 5%.

El ministro de Fomento y nuevo portavoz del Gobierno, José Blanco, aseguró que esta licitación “asegurará la gestión de los aeropuertos españoles” y “avanzar en la competitividad del sector aéreo e impulsar el turismo”, teniendo en cuenta que tres de cada cuatro turistas llegan a España en avión.

En paralelo a la adjudicación de las concesiones de Barajas y El Prat, el Gobierno llevará a cabo la privatización del 49% del capital de AENA Aeropuertos, pero la inestabilidad de los mercados no permite al Ejecutivo tener claro todavía si optará por una salida a Bolsa u otro tipo de colocación entre inversores privados.

Con este diseño, queda en papel mojado el —repetido hasta la saciedad— “papel determinante” que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero prometió a las comunidades autónomas, sobre todo de Cataluña, que llevan años reclamando participar en la gestión de El Prat. Las comunidades, finalmente, y tras ríos de declaraciones, no participarán en la gestión de los aeropuertos. Eso sí, ayer Blanco aseguró que se crearán unas sociedades de vigilancia de cada una de estas concesiones en las que los Gobiernos autónomos, Ayuntamientos y cámaras de comercio tendrán un papel —de nuevo— fundamental.

Aun así, la Generalitat de Cataluña no tira la toalla. Según cree el consejero de Territorio, Lluís Recoder, aún pueden lograr esa anhelada “posición determinante” si la nueva AENA Aeropuertos transfiere sus competencias de control a otra sociedad intermedia en la que estén bien representadas las instituciones catalanas, y desde donde puedan influir en la marcha del aeropuerto.