Hormaechea, el primer presidente condenado por los tribunales

El expresidente de Cantabria, Juan Hormaechea (Santander, 1939), tiene el dudoso honor de haber sido el primer dirigente de una comunidad autónoma condenado por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. En 1994 el Tribunal Superior de Justicia le impuso una pena de seis años y un día de prisión y siete de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos y a otros siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Finalmente, Hormaechea no pisó la cárcel. En 1995 el Consejo de Ministros, presidido por Felipe González, le concedió el indulto total, aunque sí mantuvo su inhabilitación de 14 años para participar en política, tal y como solicitó el mismo tribunal que lo juzgó.

Hormaechea ganó por primera vez las elecciones autonómicas en 1987, como independiente en las filas de AP. A finales de 1990 una moción de censura le apeó de su cargo. Un año después volvió a presidir el Gobierno de Cantabria al frente de su propia formación, Unión para el Progreso de Cantabria, con el apoyo del PP. El 5 de noviembre de 1994 dimitió tras conocerse su condena. No obstante permaneció como presidente en funciones al no haber acuerdo en el Parlamento cántabro para elegir a su sucesor.

No pisó la cárcel porque en 1995 el Consejo de Ministros le concedió el indulto total

El 24 de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria condenó a Hormaechea y a tres de sus consejeros al considerar probado que había desviado 2.959.132 pesetas (17.785 euros) para emitir anuncios en prensa y radio en 1989 en los que se descalificaba a sus adversarios políticos. Los magistrados también apreciaron que hubo prevaricación en la adjudicación a la empresa Oyprocansa, propiedad de un amigo de Hormaechea, de la confección y colocación de carteles propagandísticos de las obras de la comunidad sin publicidad ni expediente administrativo previo. (El precio de cada cartel era de 141.306 pesetas (849,26 euros) cuando el valor estimado era de 87.586 (526,40). Entre junio de 1988 y diciembre de 1999 Hormaechea hizo un total de 650 pagos a Oyprocansa por valor de 246,5 millones de pesetas (1.481.495 euros)). Durante el proceso el expresidente cántabro, abogado de profesión, cambió hasta tres veces de letrado y terminó defendiéndose a sí mismo.

La causa contra el 'lehendakari' fue sobreseída por no existir acusaciones del ministerio fiscal ni de ninguna acusación particular

En 2002 el Tribunal Superior de Cantabria volvió a condenar a Hormaechea a tres años de prisión por un delito de prevaricación cometido durante su mandato. El expresidente ya había sido juzgado y condenado por estos mismo hechos en 1998 pero el Tribunal Constitucional ordenó repetir el proceso por entender que uno de los magistrados había puesto en entredicho su imparcialidad en unas declaraciones en prensa en las que puso en duda la catadura moral del dirigente cántabro.

En la actualidad Hormaechea, de 72 años, participa en actos de campaña del partido filofascista Frente Nacional en la Comunidad de Cantabria.

El 'lehendakari' en el banquillo

El exlehendakari Juan José Ibarretxe también sabe lo que es sentarse en el banquillo de los acusados, si bien en su caso no tuvo que hacerlo por causas de corrupción sino por haber mantenido una reunión con la cúpula de la ilegalizada Batasuna. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco abrió en septiembre de 2007 juicio oral contra Ibarretxe, los dirigentes socialistas vascos, Patxi López y Rodolfo Arres, y cinco miembros de Batasuna -Arnaldo Otegi era uno de ellos- por las reuniones que mantuvieron en abril y julio de 2006 y en enero de 2007, durante el alto el fuego que ETA. El juez instructor Roberto Saiz señaló que ese encuentro podía ser "constitutivo del delito de desobediencia".

El exdirigente del PNV declaró el 31 de enero de 2007 como imputado en la causa. Finalmente la causa fue sobreseída el 11 de enero de 2009 por la aplicación de la doctrina Botín, al no existir ninguna acusación por parte del ministerio fiscal ni por ninguna acusación particular.

Dimisiones tras ser relacionados con casos de corrupción

El expresidente cántabro dimitió tras haber sido condenado, otros dirigentes autonómicos no esperaron a sentarse en el banquillo y renunciaron a sus cargos cuando se conoció su presunta implicación en casos de corrupción.

Demetrio Madrid.- Este militante socialista accedió al Gobierno de Castilla y León en 1983. Tres años después dimitió tras ser procesado por un delito social por la supuesta venta fraudulenta de la empresa textil de su propiedad, Pekus. En 1990 fue absuelto.

Carlos Collado.- Fue presidente de Murcia desde 1984 hasta el 16 de abril e 1993, fecha en la que presentó la dimisión presionado por su propio partido, el PSOE, a raíz de una querella presentada por Izquierda Unida. La coalición lo acusó de prevaricación, cohecho y malversación en la compra de los terrenos de Casa Grande para su cesión a la multinacional General Electric. El juez archivó la causa por entender que el asunto "no debió haber salido del ámbito de lo político".

Javier Otano.- El dirigente socialista fue elegido presidente de Navarra en 1995. Un año más tarde renunció a su cargo tras conocerse que la juez Marisol Alejandre había descubierto una cuenta bancaria en Suiza a su nombre que podría estar relacionada con la trama navarra del caso Roldán. Otano admitió que aportó su firma a esa cuenta a instancias del también expresidente socialista Gabriel Urralburu -que pasó tres años en prisión por el caso Roldán-. En 2004 la Audiencia de Pamplona exculpó a Otano por entender que el delito había prescrito.