El Congreso aprueba medidas para que los hipotecados conserven su casa

El Pleno del Congreso ha aprobado un decreto de ayuda a las familias que no puedan pagar sus créditos hipotecarios. La iniciativa pretende atajar el incremento de los desahucios. Un total de 15.491 familias tuvieron que abandonar sus casas en el primer trimestre del año por no haber podido sufragar la hipoteca u otro tipo de deudas, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Al comienzo de la crisis, en los primeros meses de 2008, los desahucios apenas alcanzaban los 5.000.

La Cámara aprobó sin ninguna oposición -con 178 votos a favor del PSOE, PNV, CC y UPyD y con 162 abstenciones de PP, CIU, ERC-IU-ICV y BNG- elevar a 961 euros el sueldo que no se puede embargar por impago de una hipoteca y crear una línea ICO para deudas de ayuntamientos con pymes y autónomos.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, había pedido esta mañana el apoyo del Congreso para que entren en vigor con "extraordinaria urgencia" las nuevas medidas de austeridad del gasto público y protección a hipotecados y pymes, dada "la elevada incertidumbre de los mercados internacionales". El Gobierno, que sacará adelante el decreto con los apoyos de PSOE, PNV, CC y UPyD y la abstención de PP y CiU, argumentó que estas iniciativas "fortalecen la capacidad de respuesta" a las turbulencias en la zona euro. Se trata de un real decreto ley que engloba algunas de las resoluciones que salieron aprobadas por unanimidad del debate sobre el estado de la Nación, como la que se refiere a elevar el sueldo inembargable por hipotecas a 961 euros, o la línea ICO de 3.400 millones de euros para los pagos pendientes de los Ayuntamientos a pymes y autónomos.

Por otra parte, la subcomisión del Congreso de los Diputados que estudia desde ayer la posibilidad de una reforma del mercado hipotecario arrancó su primera sesión de trabajo con las comparecencias a puerta cerrada de asociaciones de consumidores y afectados por los problemas de estos préstamos. Además de sus múltiples visiones sobre la dación en pago -que la deuda quede saldada con la entrega del bien hipotecado- han introducido la exigencia de reformar la legislación para facilitar que las familias puedan declararse en concurso de acreedores.

De esta forma, tendrían las mismas garantías que las empresas para hacer frente a la imposibilidad de afrontar sus deudas. En 2010, 905 familias se declararon en quiebra, mientras que las empresas que hicieron lo mismo fueron 4.845.

El presidente de Adicae, Manuel Pardos Vicente; el portavoz de la Plataforma d'Afectas per la Hipoteca (PAH), Adriá Alemany; y el director general de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, han remarcado que es necesario que la reforma de la Ley Concursal, que en estos momentos está tramitando el Congreso, contemple reformas en este sentido.

No obstante, solo el PP y ERC-IU_ICV aluden frontalmente a esta cuestión en sus enmiendas a la norma, a las que ha tenido acceso Europa Press. Las minorías de izquierda detallan una reforma concreta para facilitar los concursos de las personas físicas en situación de sobreendeudamiento, mientras que el Grupo Popular deja la reforma en manos del Gobierno, al que da un plazo de seis meses para actuar.

Múgica ha incidido en que la resolución de los problemas, antes que por imponer la dación en pago -que en cualquier caso se traduce en la pérdida de la vivienda-, pasaría por afrontar un amplio plan de medidas que actúe de manera general sobre los problemas derivados del sobreendeudamiento de los ciudadanos, que, según ha recordado, es en su mayoría de carácter hipotecario.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma d' Afectas per la Hipoteca (PAH) ha reclamado a los diputados que "no dilaten más con comisiones que no van a ningún sitio" una decisión sobre medidas que responden a "un clamor popular" que, a su juicio, el PSOE, el PP y CiU están "bloqueando de forma reiterada". "Menos comisión y más democracia real y voluntad política para aplicar las medidas", ha remachado.

Dación en pago a la española

Manuel Pardos, que ha destacado la "receptividad" de los diputados a su propuesta, ha abogado por establecer una "dación en pago a la española" bien regulada y "no universal", sino atendiendo a ciertos requisitos, si bien la propuesta que considera más inmediata y urgente sería una "moratoria de tres años, como mínimo, por la que se paralicen los embargos hipotecarios" para proteger a las miles de familias que en estos momentos están ya en riesgo de ejecución hipotecaria.

En este sentido, Adicae y la Plataforma han coincidido a la hora de asegurar que los argumentos expresados por la banca en contra de la dación en pago son "falaces", porque se trata de una medida que "no sólo es posible, sino necesaria desde el punto de vista social, político y económico". A su juicio, aunque podría dificultar en cierta medida el crédito, también ha quedado claro que no se puede regresar a una burbuja hipotecaria como la anterior a la crisis.

Mientras la subcomisión desarrolla sus trabajos, para el que tienen un plazo de seis meses -si no se convocan antes las elecciones generales-, la plataforma ha registrado una iniciativa legislativa popular (ILP) para reformar la ley hipotecaria, de forma que la entrega de la vivienda permita saldar el préstamo, propuesta que cuenta con el apoyo también de Adicae.