El futuro de Camps se debate hoy entre su versión, una multa y la cárcel

El presidente de la Generalitat valenciana y del PP regional, Francisco Camps, tiene hoy la última oportunidad para, en boca de su abogado, exponer las razones y argumentos por los que no debería ser juzgado del delito de cohecho impropio por el que está imputado. Hoy se celebra, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la audiencia preliminar, previa a la decisión del juez de sentar a Camps en el banquillo o archivar la causa. En el primer caso, se convertiría en el primer presidente autonómico en sentarse en el lugar que ocupan los acusados frente a un juez, ya que ha afirmado en reiteradas ocasiones que no piensa dimitir. En el segundo caso, el líder de los populares valencianos habrá estado sometido, durante más de dos años, a la sospecha.

Francisco Camps tratará de que prevalezca su versión de que “yo me pago mis trajes”, aunque no dispone de ningún documento que así lo acredite porque, según dijo, no los exigía para que nadie pensara que los cargaba a cuenta del erario público. Esa es su versión, la que le llevaría al archivo del caso, que discrepa de la concluida por la Fiscalía Anticorrupción, que lo considera autor de un delito continuado de cohecho por recibir regalos de la trama Gürtel, hasta un valor total de 14.021,5 euros. Por ello, solicita una multa de cinco meses y 15 días que, de convertirse en pena, supondría que Camps habría de pagar 41.250 euros.

Los peritos de Hacienda podrán aclarar hoy si la contabilidad de la trama Correa refleja el pago de los trajes de Camps

La acusación popular, que representa a los socialistas valencianos, va más allá e insiste en que recibió los regalos, pero que lo hizo a cambio de adjudicar contratos, pese a que los tribunales han rechazado, de momento, esa argumentación y consideran que las dádivas únicamente “denotan que la finalidad perseguida no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada contraprestación o un acto concreto que fuera propio del ejercicio de las funciones de su cargo”. En cualquier caso, esta acusación mantiene su argumentación, por lo que reclama tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para el presidente de la Generalitat.

Las acusaciones tanto de la fiscalía como del PSOE se basan en documentos incautados a la propia trama Gürtel, en informes realizados por la policía y en otros elaborados por la Agencia Tributaria. De hecho, el análisis realizado por los peritos de Hacienda centrará uno de los momentos más importantes del acto que se celebra hoy, ya que el juez ha llamado a declarar a estos peritos para que las partes soliciten aclaraciones sobre sus conclusiones.

El sastre José Tomás también está llamado a declarar, después de asegurar que Camps nunca le pagó los trajes que confeccionó para él

El magistrado encargó este informe para cruzar la información relativa a los regalos y el reflejo de esos pagos por parte de las empresas de la trama Gürtel. El documento, conocido en noviembre, sostenía que la trama de empresas que lideraba Francisco Correa había pagado trajes a Camps, pero también exponía dudas sobre exactamente quién y cómo se pagaron. En cualquier caso, afirmaba con claridad que la contabilidad de estas empresas no recogía el pago de las prendas en metálico por parte de sus receptores, tal como afirma el presidente del PP valenciano.

El juez también cuenta con un manuscrito incautado a la trama en el que aparecen detalladas distintas cantidades de prendas de vestir y una referencia a los precios de las mismas en un documento, denominado “ctas milano”, que “se refiere a una contabilidad en la que se anotan los gastos producidos por las compras de prendas de vestir a distintas personas”, según un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. En el documento aparecían también los otros tres imputados en esta causa Ricardo Costa (ex secretario general del PP regional), Víctor Campos (exvicepresidente de la Generalitat) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo).

Si la decisión judicial ha de fijarse en declaraciones, contraria a la de Francisco Camps existe también la de un sastre, José Tomás, que fue el que confeccionó los trajes y al que, según declaró, le pagaron las empresas de la trama de Correa. También él podrá hoy ratificarse o rectificar sus palabras, ya que es otra de las personas a las que el juez ha citado para hoy. Versión distinta a la de Camps es también la del cabecilla de la rama valenciana, Álvaro Pérez, El Bigotes, que dijo que fue un préstamo para realizar sesiones de fotos.

La conocida como causa de los trajes lleva más de dos años en danza. El juez instructor, José Flors, ya concluyó en 2010 que había indicios suficientes para juzgar a Camps pero posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana archivó la causa en una polémica resolución que fue anulada por el tribunal Supremo. Desde entonces, se han sucedido los recursos, las trabas, los intentos por prolongar la resolución de la causa y las peticiones de las acusaciones de que esta se acumulara a la parte más grave de las acusaciones que pesan sobre la cúpula del PP valenciano y que se refieren a la financiación irregular del partido.

Hoy, Camps subirá un escalón más de aquellos “dos escaloncitos” que, a su juicio, faltaban para pasar “esta cuestión absurda”. Una vez celebrada la vista preliminar, que se prevé larga, el juez tiene tres días para determinar si Francisco Camps será juzgado, por el procedimiento del jurado, o archiva el asunto de los trajes.