Diez pasos hacia una nueva cultura política

No tienen jerarquía ni organigrama, y sus propuestas, casi siempre una muestra meridiana de sentido común, se pierden a menudo en una nebulosa por falta de concreción. Pero los manifestantes del Movimiento 15-M han logrado abrir (o reabrir) debates que apasionan a la gran mayoría de la sociedad. Han convertido la indignación en una mancha de aceite y “han dado visibilidad a la desconfianza en el sistema político”, apunta José María Román Portas, abogado y director de la Fundación Ciudadanía y Valores.

El documento que ha elaborado junto a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad San Pablo CEU, ilustra el creciente interés de fundaciones, grupos de estudio, think tanks y organismos independientes por los proyectos de cambio sugeridos por los indignados acampados en decenas de ciudades.

Porque, prosigue Román, “si España tiene un sistema democrático", su arraigo aún tiene deficiencias en el seno de la sociedad. Por eso “hay que dar pasos en esta dirección”. Se trata del punto de partida de este “ensayo teórico” que aborda diez propuestas para mejorar la democracia en España. Empezando por las raíces mismas del sistema de representación y organización política: la ley electoral.

Esta primera idea se articula en dos medidas: la elección directa del alcalde, para lograr mayor estabilidad de los Ayuntamientos y tratar evitar el transfuguismo, y la puesta en valor de cada voto a través de la doble asignación de escaños: “los actuales por el mismo sistema, y 50 más asignados de una lista nacional complementaria a la lista provincial”. Esto, escriben los autores,“conseguiría reequilibrar algo la representación y dar mayor proporcionalidad y representación al Congreso. Los partidos minoritarios tendrían así opciones de dar rentabilidad a los votos que obtienen en el conjunto del Estado”.

El segundo paso pretende mejorar precisamente el funcionamiento de los partidos, fomentando la transparencia, el debate interno y la percepción que los ciudadanos tienen de la actividad política. ¿Cómo? En primer lugar, mediante una auditoría "que comenzara por asegurar que todos los militantes y organismos intermedios de los partidos tienen un cauce orgánico para hacer valer sus derechos".

Además, sugieren, “la Junta Electoral Central (JEC) podría asumir un papel externo de recurso ante las quejas de los militantes por los abusos de poder o atropello de sus derechos". Sus dictámenes también "serían inapelables y tendrían su consecuencia en sanciones sobre los fondos públicos a los que acceden los partidos políticos".

El papel de las instituciones judiciales en la sociedad también forma parte del estudio y a él deberían prestar atención las autoridades garantizando, por ejemplo, “más independencia en la elección de los miembros del Poder judicial” y de los órganos reguladores, o con un “nombramiento vitalicio de los jueces del Tribunal Constitucional”.

Román y Córdoba no olvidan el valor real (y simbólico) de la transparencia de los organismos públicos en una sociedad plenamente madura. "Si la independencia de la justicia es fundamental para una sociedad democrática, también la transparencia en el ámbito de la vida económica es fundamental", apuntan.  En este sentido, proponen la implantación de mecanismos de control que exijan mayor transparencia en la ayuda a la banca, en el funcionamiento interno de las compañías y en la independencia del poder político y sistema financiero.

Relacionada con política económica y social, la creación de empleo para jóvenes, que constituye la décima propuesta, los autores piden "eliminar las cargas sociales durante los dos primeros años en los contratos de jóvenes menores de 30 años". Es decir,  "los contratos indefinidos (con el habitual período de prueba) no tendrían cuotas a la Seguridad Social durante los 24 primeros meses". Con estas condiciones, "la rescisión del contrato en los tres meses anteriores tendría una penalización especial. Se entenderá en solución de continuidad todo contrato hecho por la misma empresa o grupo de empresas en los seis meses siguientes a la finalización de la anterior contratación".