Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La policía halla facturas infladas y ofertas falsas en contratos de Cultura en Galicia

La investigación afecta a iglesias restauradas durante la época del bipartito

Iglesia románica de Serbelos en Baralla (Lugo).
Iglesia románica de Serbelos en Baralla (Lugo).

La denuncia partió de dos imputadas en la Operación Retablo que representan a firmas supuestamente beneficiadas por la trama de adjudicaciones en la restauración de arte sacro que acumula ocho imputados y 2.500 folios de sumario. Y lo que viene a decir es que en las provincias de Lugo y A Coruña se repiten exactamente las mismas prácticas corruptas que la Justicia lleva dos años investigando en Ourense y Pontevedra.

El pasado octubre, Olga Quintela, de la empresa de restauración Márquez Viera CBC, y Mari Carmen Acuña, de la firma Ábside, se presentaron en la fiscalía con documentación para probar que la consejería de Cultura pagó diversas cantidades a empresas del sector por restaurar imágenes que no se encontraban en dos iglesias de Lugo y una en Ourense. Aludían a supuestas facturas falsas sufragadas por la Dirección General de Patrimonio y que habrían cobrado empresas a cambio de trabajos no realizados.

La consejería admite que restauró obras distintas de las de los concursos

A partir de ese momento, la brigada de delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía que destapó un fraude generalizado en el sur de Galicia recabó de la Xunta una docena de expedientes sobre los procesos de contratación para rehabilitar iglesias con fondos del Gobierno gallego. El informe policial pone de manifiesto un rosario de irregularidades, omisiones, facturas infladas y otras prácticas fraudulentas en la gestión de los fondos públicos de Patrimonio entre 2005 y 2007, durante la época del gobierno bipartito. Precisamente, fue la consejería de Cultura que entonces dirigía la nacionalista Ánxela Bugallo, quien destapó la trama, después de cotejar las denuncias presentadas por empresas a las que ahora se investiga. La conclusión de los agentes es que un grupo de funcionarios que operaron con tres Gobiernos distintos urdieron por su cuenta una red ilegal para manejar en su beneficio las ayudas de la Consejería de Cultura.

Tras analizar la documentación de la Xunta, la unidad de delincuencia financiera y fiscal de la policía ha detectado, por ejemplo, que en varios de los supuestos procedimientos negociados sin publicidad —en los que se debería invitar a tres empresas a participar en la restauración del patrimonio eclesial— o no concurren tres ofertas o los proyectos son calcados. Hasta el punto de copiar errores ortográficos. Por todos estos hechos, el fiscal ha presentado una denuncia en los juzgados de Santiago en la que pide que comparezca como imputado el jefe del servicio de Arquitectura y Etnografía de la Xunta, Juan Naveira Seoane, y la restauradora del mismo servicio Carmen Verdera. El ministerio público concluye que hay indicios suficientes para investigar delitos como tráfico de influencias, malversación de fondos y otros contra la Administración.

Una de las firmas beneficiadas destapó la trama Retablo

Las pesquisas policiales apuntan que el Gobierno gallego abonó entre 2005 y 2007 facturas por un importe superior al coste de los trabajos y adjudicaciones donde no consta el expediente administrativo de contratación.

Como ejemplo, los trabajos de recuperación de dos retablos en el templo de San Xosé de la Virgen del Camino de Muros. Patrimonio pagó 43.175,60 euros a la empresa Atlas, SL, cuyos representantes pretende citar la fiscalía como testigos. Según detalla la investigación policial, en la documentación de la Xunta no constan ni invitaciones a otras empresas, ni la resolución de Patrimonio relativa a la adjudicación definitiva, ni siquiera un contrato que vincule a ambas partes. Y los pliegos de condiciones técnicas no tienen sello ni firma de nadie de la Administración.

El fiscal denuncia al jefe de servicio de Arquitectura de la Xunta

No es un caso aislado. Por la restauración del retablo de la Iglesia de San Xoán de Portomarín, en Lugo, Cultura pagó 30.000 euros a la misma empresa. Según el atestado policial, en el expediente figura una factura de 11.980,91 euros por un concepto que no figura en el proyecto original. Además, las propuestas de la adjudicataria Atlas y su supuesta competidora, BIC SL, son idénticas en redacción y tipo de letra, e incluso contienen el mismo error, la palabra “oferado” en lugar de ofertado, en negrita en. Esta pista lleva a la policía a concluir que ambas propuestas fueron realizadas por una misma persona.

La ortografía también jugó una mala pasada a la empresa Atlas en el expediente para optar a remozar el retablo mayor de la Iglesia de la Virgen del Camino de Muros. En este caso son tres las ofertas calcadas. Tanto Atlas, como BIC y la empresa Arqueo SL presentaron textos idénticos. En los tres figuraba la palabra “importos”, en lugar de “impostos”. La policía no cree que hubiera verdadera competencia.

En el expediente de restauración del retablo de las pinturas murales y el banco del retablo de la Iglesia de San Martiño de Verselos en Baralla, la policía interpreta que hubo un claro fraccionamiento del objeto del contrato para evitar el concurso y que la restauradora Vania López Arias, que deberá declarar como testigo en este caso, pudiera hacerse con el contrato. La denuncia del ministerio público recopila media docena más de casos similares. E incluye, además, un informe que adjuntó el secretario general técnico de la Consellería de Cultura quien justificó que, en algunos casos, las obras restauradas no coincidan con las que aparecían en las propuestas de adjudicación. El alto cargo de la Xunta argumentó que cuando no encontraron las piezas señaladas “se decidió restaurar otras afines”.