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CiU, PSC y PP rechazan en el Parlamento catalán tramitar la dación en pago

Los tres partidos mayoritarios consideran que está fuera de las competencias de Cataluña La idea, apoyada por 5.000 correos, ha tenido los votos a favor de la izquierda y de Joan Laporta

Àngels Piñol
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el Parlament de Cataluña.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, en el Parlament de Cataluña.Alberto Estevez (EFE)

El Parlamento catalán ha rechazado este mediodía -con 106 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones- la proposición de ley presentada por el grupo independentista Solidaritat en favor de la dación en pago. Los 5.000 correos enviados por los internautas a los diputados catalanes para que los ciudadanos embargados queden liberados de su deuda con el banco no han servido de mucho. Convergència i Unió (CiU), Partido Popular (PP) y el Partit dels Socialistes (PSC) han sumado sus votos para frenar la propuesta al considerar básicamente que está fuera del ámbito competencial de Cataluña y que carece de base jurídica. Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA), Esquerra (ERC), Solidaritat y Joan Laporta, del Grupo Mixto, han votado contra la enmienda a la totalidad presentada por CiU y en favor de la tramitación.

El diputado independentista Alfons López Tena ha defendido su idea cómo una fórmula para acabar con los abusos de las entidades bancarias y ha argumentado que no se trata de una cuestión competencial sino simplemente de "voluntad política". La proposición de ley no especifica cómo articular jurídicamente la dación al amparo del Derecho Civil Catalán pero el diputado ha insistido que se trata de voluntad. "La dación se puede hacer de forma extrajudicial. Y esa figura, que existe en la legislación europea, no necesita estar contemplada en ningún contrato", ha dicho el también notario y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha sintetizado su propuesta así: "Entregue usted las llaves y quedará extinguida la deuda".

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se comprometió en su debate de investidura a buscar una solución para las personas embargadas y Solidaritat ha querido subrayar ese incumplimiento. Quizá por eso, la diputada convergente Meritxell Roigé ha sido una de las más duras en su intervención. Roigé ha calificado la propuesta de López de Tena, ex miembro de Convergència (CDC), de simple y la ha ridiculizado al afirmar a que era equiparable a que alguien pudiera renunciar a pagar la pensión alimenticia; ha dicho que encarecerá el acceso a la vivienda, que es imposible no indemnizar al acreedor y que el Código Civil catalán no contempla ninguna vía: "No apoyaremos una cosa solo de cara a la galería. No podemos engañar a la gente".

Más moderado, el socialista Robert Labandera se ha amparado en razones competenciales y en que en el Parlamento catalán ya se constituyó en marzo una comisión para estudiar tres proposiciones de ICV, ERC y Ciutadans sobre las soluciones a aplicar. "Usted lleva a los ciudadanos a llamar a las puertas equivocadas", ha dicho. "Es una aberración jurídica", ha abundado la popular María Llanos de Luna.

El ecosocialista Salvador Milà ha reconocido que la proposición tenía "gravísimos problemas jurídicos y técnicos" pero ha resaltado sus buenas intenciones. "Pero no podemos crear falsas expectativas y una eventual reforma del Derecho Civil no sería retroactivo ni para los procedimientos en marcha ni para quienes tienen contratos", ha avisado, recordando que su grupo ha presentado tanto en Cataluña como en el Congreso múltiples iniciativas en favor de la dación.

Pere Aragonés, de ERC, se ha mostrado a favor de la misma -"¿Por qué se pueden hacer rescates de países y no de familias?"-, aunque ha señalado que tal y como la plantea Solidaritat estaría destinada a generar un conflicto de competencias. "El Derecho Civil catalán puede abrir puertas con muchas dificultades", ha avisado.

Joan Laporta ha considerado que la dación es una cuestión de "justicia social" y que se comete un agravio comparativo entre las personas y las empresas porque éstas quedan liberadas de sus deudas a través de la Ley Concursal.

Curiosamente y pese a que se ha abstenido, quién ha defendido con más vehemencia la idea de López Tena ha sido Jordi Cañas, de Ciutadans. Pese a estar en las antípodas ideológicas, Cañas ha ironizado en que ahora muchos grupos aducen cuestiones competenciales cuando se saltan en el Parlament, según su opinión, de forma constante los límites constitucionales.

"Si se abre un resquicio en una puerta [Derecho Civil catalán], pongamos un pie. La legislación actual solo favorece a una de las dos partes. Hay casos lacerantes y muchos dramas y ahora ¿Nos vamos a poner estupendos y puristas?", ha preguntado el diputado para cerrar el debate que ha sido seguido en el hemiciclo solo por una treintena de los 135 diputados del Parlament.

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