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Justicia acaba su propuesta de reforma procesal, pero sin tiempo ni consenso

El PP rechaza que el fiscal dirija la instrucción y dice que es el “canto del cisne”

Un esposado en los calabozos de un juzgado de Madrid.
Un esposado en los calabozos de un juzgado de Madrid.

El Ministerio de Justicia ha terminado una propuesta de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que cambia por completo el proceso penal, pero sin tiempo ni consenso suficiente para sacarla adelante en esta legislatura.

“Es un brindis al sol y el canto del cisne del ministro Caamaño y no puede ser más inoportuna”, aseguró a este periódico el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, en referencia al titular de Justicia. Los populares discrepan de la intención del PSOE de otorgar a los fiscales la dirección de la instrucción penal, creando una especie de juez de garantías al que recurren las decisiones del ministerio público. Esta opción ha estado presente en los últimos programas electorales del PSOE y Justicia ha trabajado intensamente con un equipo de técnicos. Esa labor minuciosa y rigurosa ha culminado en un texto articulado.

El ministro Francisco Caamaño aseguró ayer, sin embargo, que sí es posible aprobar esta gran reforma en esta legislatura. Pero otras fuentes de su departamento admiten que, como mínimo, son precisos dos años de tramitación parlamentaria para sacar adelante una norma tan compleja y polémica.

La nueva Ley de Enjuiciamiento necesitaría dos años de tramitación

La Ley de Enjuiciamiento Criminal data del siglo XIX (hace 129 años) y sobre ella se han ido haciendo modificaciones parciales, pero mantiene vestigios como la regulación obsoleta sobre el control de las comunicaciones. En este momento se tramita una reforma parcial, a través de una ley de modernización y agilización de la Justicia, pero porque es necesario y urgente adaptar el proceso penal a la responsabilidad de las personas jurídicas, recien introducida en el Código Penal.

En esa reforma, el Consejo General del Poder Judicial, con apoyo del PP e inicialmente del PSOE, quiso introducir otras modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento que, finalmente, han decaído por la marcha atrás de los socialistas y del Ministerio. Trillo asegura, de hecho, que si el Gobierno no ha aceptado sus enmiendas a ese texto difícilmente el PP va a apoyar una propuesta tan compleja que requiere de mucho debate y un procedimiento legislativo muy extenso.

El borrador debe pasar dos veces por el Consejo de Ministros, ser sometido a informe consultivo al Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. Antes de tres meses es imposible que se acaben esos informes, para que el texto vuelva al Gobierno y luego al Congreso y al Senado, con plazos de enmiendas muy amplios y un trabajo de ponencia de meses. Es decir, un mínimo de dos años que hace imposible que se apruebe en esta legislatura, incluso aunque las elecciones fueran en el límite legal de marzo, porque en todo caso las Cortes ya se cerrarán a finales de diciembre.

Fuentes de Justicia aseguran que su intención es que el trabajo realizado sirva como base para una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o, en todo caso, que sirva como reflexión académica. Sin embargo, el portavoz de Justicia del PP sostiene que si su partido gana las elecciones su intención será abordar una reforma desde cero, con una posición completamente distinta de la del PSOE. Por ejemplo, el PP rechaza de plano que los fiscales puedan asumir la investigación penal, por entender que los jueces sí son independientes, mientras que los fiscales están sujetos a un principio jerárquico. Según el PP, la idea del fiscal que dirige la instrucción es incompatible con el modelo español, aunque sí exista en muchos otros países. Esta falta de consenso deja en simbólicos los planes de Justicia.

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