El Gobierno necesita septiembre para las reformas económicas

El Gobierno necesita el mes de septiembre para culminar las tres reformas económicas que exigen la Unión Europea y los mercados, y que ya están en marcha en el Parlamento: la de las pensiones, la de la negociación colectiva y la de las políticas activas de empleo.

Las tres reformas no podrán terminar su tramitación parlamentaria antes del verano incluso aunque se habilitara para debatirlas el mes de julio. Es decir, que aun en el caso de que Rodríguez Zapatero pensara en convocar las elecciones generales en otoño, no podría disolver antes de finales de septiembre para que los comicios fueran en noviembre. En ese caso quedaría descartado que los comicios fueran en el mes de octubre debido a los plazos legales.

La ley de pensiones es la que está más avanzada y podría estar culminada a finales de este mes. Ya ha salido del Congreso y le queda el trámite en el Senado, que podría acabar en julio, con vuelta al Congreso si es que se han introducido enmiendas.

La de la negociación colectiva apenas se ha iniciado, una vez que se ha convalidado el decreto, y empezará a tramitarse como proyecto de ley. Debe abrirse el plazo de enmiendas y luego el trámite en ponencia y comisión del Congreso, para luego ir al Senado y acabar de nuevo en la Cámara baja, lo que no ocurrirá antes de finales del mes de septiembre.

La de las políticas activas de empleo, segunda vuelta de la reforma laboral, está en el plazo de enmiendas en el Congreso. Podría terminar su tramitación en la Cámara baja este mes, pero en ningún caso saldrá tampoco del Senado antes de finales de septiembre.

En otra de las reformas, la del sistema financiero, ya están culminados los cambios normativos y falta la aplicación y desarrollo, independientemente de si las Cortes están disueltas o no.

Aun en el caso de que Zapatero pensara en convocar las elecciones generales en otoño, no podría disolver antes de finales de septiembre

Además, el Gobierno tiene sobre la mesa tres proyectos de ley que incluyen guiños al electorado de izquierdas y que podría intentar aprobar en el último tramo de la legislatura, si decide llegar hasta marzo. Incluso aunque así fuera, habría dificultades de calendario para sacarlas adelante antes del mes de diciembre, fecha en la que quedarían ya cerradas, en la práctica, las Cortes.

La ley de transparencia ha sufrido un proceso de sucesivas marchas atrás y hacia delante. Primero, el Gobierno estudió un informe el año pasado, cuando era todavía vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. La norma tenía un articulado concreto para obligar a las Administraciones a hacer públicos los datos de que disponga. En octubre, tras ser nombrado vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba la paró y la sacó del calendario legislativo.

Pero hace tres semanas, el Congreso, a iniciativa de ERC, aprobó una moción que instaba al Gobierno a aprobar esa norma. La iniciativa de los republicanos estaba motivada por las protestas de los indignados del 15-M y el Gobierno la hizo suya. Ayer, el propio Grupo Parlamentario Socialista sacó adelante una resolución impulsando esa norma. El Ejecutivo podría recuperarla ahora, aunque fuera de forma testimonial, ante las dificultades de calendario para aprobarla.

El Ejecutivo podría recuperar la ley de transparencia, aunque fuera de forma testimonial

Otra ley concluida es la de igualdad de trato, que ha sido aprobada ya por el Consejo de Ministros, pero no ha iniciado aún el trámite parlamentario.

De las tres, es la más avanzada, pero también es dudoso que pueda quedar aprobada en esta legislatura, incluso aunque se agotaran los plazos y las elecciones generales fueran en marzo de 2012.

La última ley es la de muerte digna, que tampoco ha iniciado el recorrido parlamentario en el Congreso y el Senado. Los plazos de presentación de enmiendas hacen difícil que pueda celebrarse el debate de totalidad antes de septiembre.

Otra reforma legal sobre la mesa es la que afecta a las hipotecas, también al calor de las protestas del 15-M. Ayer mismo se aprobó una resolución, pero remitiendo a una subcomisión parlamentaria que se acaba de constituir. Los trabajos de la subcomisión desembocarán en un informe del que, a su vez, deberá extraerse una proposición de ley articulada y concreta que iniciaría el trámite parlamentario.

Aún en el caso de que se agotara la legislatura, es también difícil que esa reforma legal complicada pueda estar aprobada durante el actual periodo legislativo. Más aún si los grupos piden comparecencias de expertos y afectados en esa subcomisión para que expongan sus propuestas.