Castedo indicó al redactor del PGOU de Alicante que se reunirá con Ortiz

Jesús Quesada Polo, arquitecto redactor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ha admitido esta mañana ante el juez que durante el trámite del documento se reunió al menos en dos ocasiones con el promotor Enrique Ortiz, pero por indicación de la entonces concejal y de Urbanismo y en la actualidad alcaldesa, Sonia Castedo, del PP.

Quesada ha comparecido en calidad de imputado ante el titular del Juzgado número 5 de la capital, que dirige la investigación de una pieza separada del caso Brugal sobre un supuesto trato de favor del altos cargos del Ayuntamiento a Ortiz en el trámite del Plan General.

Quesada ha estado declarando ante magistrado por espacio de dos horas. No obstante, el imputado sólo ha respondido a las preguntas de su letrado y del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, pero con una salvedad: se ha negado a contestar a aquellas cuestiones vinculadas con las escuchas telefónicas del sumario. La defensa de Quesada ha esgrimido que esa prueba está en tela de juicio después de que el instructor general del caso Brugal anulara hace dos semanas parte de las intervenciones telefónicas.

El autor del PGOU de Alicante también ha negado en su declaración que ofreciera información privilegiada al promotor y, por supuesto, que recibiera ninguna contrapartida o dádiva por parte el empresario Ortiz.

La investigación por las basuras se queda en Orihuela

Por otra parte, la Audiencia de Alicante ha desestimado la petición del presidente del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, de trasladar la instrucción del caso Brugal a Alicante. La sala entiende que la competencia para investigar la trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura en la comarca de la Vega Baja corresponde a Orihuela y no a los juzgados de la capital alicantina, tal como pretendía el dirigente popular.

En esta causa están imputados tanto José Joaquín Ripoll como los empresarios Enrique Ortiz, que también lo está en la parte de la causa que se instruye por el PGOU de Alicante, y Ángel Fenoll, que se considera uno de los cabecillas principales de la trama corrupta en torno al negocio de la basura.

Además, la Audiencia sí ha atendido la petición de los implicados de elevar de 20 días a dos meses el plazo para estudiar las actuaciones después de que, levantado el secreto del sumario, fueron puestas en su conocimiento.