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La pugna judicial más política

La batalla entre la Junta de Andalucía y la juez Alaya por el caso de los ERE podría acentuar el desgaste del Gobierno de Griñán

El crudo enfrentamiento entre la Junta y la juez Mercedes Alaya es un capítulo aparte en un caso enrevesado, pero un capítulo apasionante para las partes implicadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Las espadas están en alto a la espera de que la magistrada envíe el conflicto de jurisdicción al Tribunal Supremo, previsiblemente en los próximos días.

La juez Mercedes Ayala.
La juez Mercedes Ayala.

La juez pidió las 480 actas de los Consejos del Gobierno andaluz para incorporarlas a su investigación, la Junta se negó al entender que son secretas, planteó un conflicto de jurisdicción, y esta semana la Audiencia ha apoyado a Alaya al sostener que no lo son. Las voces del caso tienen posiciones enfrentadas sobre la decisión final, en manos del Supremo en cuanto Alaya decida remitirle el conflicto. El alto tribunal estudia ahora la admisión del conflicto planteado por la Junta, a la que hace un mes se le agotó la paciencia porque Alaya había suspendido el envío a la espera del criterio de la Audiencia. De fondo late la cuestión de si el poder judicial (Alaya) invadiría las competencias del poder ejecutivo al acceder a las actas, que según arguye la Junta incluye deliberaciones secretas. Y este interrogante admite posiciones enfrentadas. La madre del cordero son los informes verbales de los consejeros y sus opiniones sobre las ayudas públicas para los ERE incluidos en las actas, y que la Junta equipara a las deliberaciones secretas, pero que otras fuentes diferencian al poner en duda su similitud.

Las fuentes consultadas no dudan de que Alaya remitirá el caso de inmediato al Supremo, pero su veredicto es incierto. “El Supremo desestimará el conflicto porque dirá que ninguna competencia ha sido invadida. Se trata de una cuestión procesal de análisis sobre si procede o no pedir las actas”, opina un letrado. Otro abogado discrepa del auto de la Audiencia, que declara reservados los documentos y las deliberaciones, pero no las actas. “¿Cómo los documentos que maneja el Consejo de Gobierno son reservados, secretas las deliberaciones, y sin embargo las actas, que se elaboran a posteriori, no lo son? Eso jurídicamente no se sostiene. Es como si una persona con diabetes va al médico y este le dice que no tome azúcar pero sí dulces y tartas. Dulces y tartas se hacen con azúcar. Y las actas se hacen tras las deliberaciones y los documentos”.

Uno de los sobres con las actas.
Uno de los sobres con las actas.

Fuentes del caso aclaran que la Audiencia no tiene por qué influir en la decisión final que adopte el Supremo, que podría demorarse unos tres meses. “La Audiencia se ha limitado a decir que pedir las actas es pertinente para la investigación porque no son secretas, mientras que el Supremo decidirá quién tiene competencia para darle publicidad a las actas”, explican dichas fuentes. Sin embargo, la Audiencia ha dado un espaldarazo a Alaya porque al margen de establecer que las actas no son secretas, los magistrados aclaran que a priori creen que los consejeros pudieron cometer un delito al autorizar “por acción u omisión” una financiación diferente para las subvenciones excepcionales de los ERE.

¿Qué significa esta toma de postura? Pues que la Audiencia apoya la tesis de Alaya, que dejó entrever una acusación contra el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y los exconsejeros Magdalena Álvarez y Francisco Vallejo entre otros, por supuesta prevaricación al dar por hecho que conocieron los informes de la Intervención General, que consideraron inadecuado el procedimiento administrativo empleado para el fondo de los ERE.