La Comisión Europea añade más obstáculos al AVE andaluz

A la aventura andaluza en la alta velocidad —la Junta es el único gobierno regional que se ha embarcado en la construcción de este tipo de líneas férreas— le crecen los enanos. La Consejería de Obras Públicas reconocía la semana pasada que los recortes presupuestarios hacían inasumible ejecutar a corto plazo el tramo previsto entre Sevilla y Marchena del proyecto del eje transversal de alta velocidad ferroviaria. La Comisión Europea es la que ahora que pone reparos a otros tres tramos de este proyecto, en concreto, a los que discurren entre Marchena y Osuna, cuyas obras ya están iniciadas y solo falta de la instalación de las vías y el tendido.

La dirección general europea de Medio Ambiente ha decidido iniciar un “procedimiento de sanción” contra España por estas obras. Ecologistas en Acción denunció en febrero de 2010 la actuación al entender que suponían un importante impacto en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Campiñas de Sevilla, refugio para especies como la avutarda, en peligro crítico de extinción en Andalucía.

La Comisión Europea sostiene que inicia el procedimiento de infracción al haber apreciado “posibles incumplimientos del derecho comunitario” sobre la protección del medio ambiente, de las aves silvestres y de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Según la Comisión, la normativa europea obliga a que “los proyectos sean evaluados de manera adecuada antes de su aprobación para evitar consecuencias indeseables para el medio ambiente”. Ecologistas en Acción sostiene que la línea atraviesa durante 16 kilómetros esta ZEPA, que entró en vigor en septiembre de 2008. Las obras las adjudicó la Junta en julio de 2007 por 88,2 millones y arrancaron a comienzos de 2008.

Según Ecologistas en Acción, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del eje transversal, aprobada por la Consejería de Medio Ambiente, se hizo “dividiéndolo en tramos cortos, obviando así la evaluación del impacto global”. Además, señala esta organización en su denuncia ante la Comisión, en la DIA no “contempla medidas compensatorias por la pérdida de hábitat ni el grave riesgo de colisiones” con los tendidos, las catenarias y el doble vallado de seguridad. Ecologistas en Acción estima que en esta ZEPA existen tres “núcleos reproductores de avutarda”. Dos “se han visto directamente afectados y el tercero, indirectamente”. En total, puede existir una población de unas 80 o 90 aves, según los cálculos de esta organización.

La Consejería de Medio Ambiente sostuvo ayer que “ha cumplido escrupulosamente y en todo momento el procedimiento ambiental pertinente respecto a esta actuación”. Sin embargo, reconoció que “una vez detectadas las potenciales afecciones del trazado, y dentro del seguimiento al procedimiento ambiental contemplado en la Declaración de Impacto Ambiental, la consejería solicitó una serie de medidas correctoras encaminadas a la protección de la avifauna esteparia, como el manejo de hábitats o el refuerzo de poblaciones.

Esas medidas, según Medio Ambiente, “fueron trasladadas a la Consejería de Obras Públicas, promotora de las obras del trazado ferroviario, a finales de 2010”. Ese departamento “se encuentra actualmente gestionando medidas compensatorias”, según la versión dada ayer por la Junta.

El Gobierno regional, que ya ha invertido 280 millones en las obras del eje entre Marchena y Antequera —que incluyen los tres tramos que cuestiona la Comisión Europea por su impacto medioambiental— pretendía ponerlo en uso a pesar de las restricciones. El expediente abierto por el organismo europeo añade ahora más incertidumbre a este proyecto.