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Mas afronta el debate de Presupuestos con la complicidad del PP

El Gobierno de CiU expone sus severas cuentas con el rechazo frontal del resto de la oposición y la amenaza de acampada del 15-M

Las cosas en seis meses pueden cambiar un mundo. Convergència i Unió (CiU) pactó en diciembre con el Partit dels Socialistes (PSC) la investidura de Artur Mas y ya no queda apenas ni rastro de ese acuerdo. El Gobierno nacionalista ha cambiado de pareja de baile y hoy iniciará en el Parlamento catalán la tramitación de sus primeros Presupuestos con la complicidad del Partido Popular (PP). Todos los grupos de la oposición han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto por los severos recortes sociales que contempla salvo los populares que, con su abstención, no obstaculizarán el primer eslabón parlamentario del texto.

Bajo el eco de las protestas del 15-M y con la amenaza de acampada ante las puertas del Parlament, las cuentas iniciarán hoy su recorrido. La magnitud de la tragedia de los números de la Generalitat la refleja un par de datos: es la primera vez que un presupuesto es menor al del ejercicio anterior (pasan de 26.000 a 24.000 millones de euros) y la única partida que crece es la de los intereses (un 34%). La media de ahorro por departamento es del 10% y, en sanidad, tras las masivas movilizaciones, que sacaron a la calle a miles de personas, será del 6,5%. El objetivo del Gobierno catalán es alcanzar el 2,66% del déficit, muy por encima del 1,3% fijado por el Gobierno de Zapatero. Mas sostiene que no puede cumplirlo porque el ejecutivo le adeuda 1450 millones del Fondo de Competitividad.

El tijeretazo ya empieza a afectar a los servicios sociales de todo tipo y con especial crudeza a la asistencia médica. Las listas de espera se han alargado; se ha despedido a médicos; se ha reducido el número de camas de hospital o se han cerrado quirófanos. CiU sostiene que no tiene más remedio que optar por esa vía y ha logrado a última hora la complicidad del PP, que, pese a que mantiene que los recortes son "excesivos", ha aparcado su anterior combatividad en aras de “la gobernabilidad y la estabilidad” del país. Esas han sido, al menos, las palabras que ha utilizado esta mañana la presidenta Alicia Sánchez Camacho, que hace meses era absolutamente inflexible en este punto porque aseguraba que en Galicia se estaban reduciendo gastos sin tocar la sanidad.

El cambio de discurso es elocuente y se fraguó justo después de que CiU y PP sellaran un pacto: los populares entrarán a gobernar en la Diputación de Barcelona y CiU se garantiza la luz verde a sus cuentas. Sánchez Camacho ha rechazado votar a favor pero, en la práctica, su abstención vale por un si. Ahora, el PP prefiere subrayar la capacidad de diálogo convergente para limar la agresividad de las medidas. Y no lo da todo por perdido porque quiere luchan porque no se paralicen completamente los proyectos de nuevos, que no se cierren quirófanos o que se reduzca la partida farmaceútica. Difícilmente, CiU aceptará ninguna de esas propuestas.

Mientras, los ex socios del tripartito acusan a CiU de utilizar la crisis como excusa perfecta para dar rienda suelta a su política neoliberal mientras los convergentes denuncian que los tres partidos de izquierda han despilfarrado las cuentas públicas y han puesto en serio riesgo el Estado del Bienestar. Tras la intervención del consejero de Economía Andreu Mas-Colell, tomarán la palabra todos los portavoces de los grupos en defensa de sus enmiendas. Los últimos serán los de CiU y PP y Joan Laporta, que abandonó el grupo parlamentario que lideraba, el de Solidaritat, y tendrá cuatro minutos para explicar su posición en contra de las enmiendas a la totalidad aunque avisa que su voto final estará condicionado a que CiU no se ponga en manos del PP.