Cataluña planea privatizaciones para ingresar 1.850 millones

Después de que la agencia de calificación Moody’s advirtiera el lunes a los inversores internacionales de que Cataluña pone en peligro los objetivos fiscales del Estado, ayer el Gobierno de Artur Mas (CiU) decidió calmar a los mercados. A través de una videoconferencia, los responsables de Economía expusieron ante 321 inversores el recorte del 10% del gasto y un plan de privatizaciones para ingresar al menos 1.850 millones de euros en cuatro años.

Esa cantidad incluye la venta inmuebles, equipamientos y empresas públicas. A pesar de que fuentes de la Generalitat aseguraron que todavía no hay nada decidido, sobre la mesa hay la posible privatización, total o parcial, de las sociedades gestoras de los túneles de Vallvidrera y el Cadí, el consorcio que abastece de agua a Barcelona y su región metropolitana o participaciones industriales que ostenta el Ejecutivo catalán.

Además de tratar de reducir el déficit con nuevos ingresos, las privatizaciones buscan el agrado de las agencias de calificación, hasta ahora muy críticas con las finanzas catalanas. Ayer por la mañana, Fitch insistía en pedir un “esfuerzo” a las comunidades para cumplir el objetivo de déficit acordado, del 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2011. Por la tarde, el presidente Artur Mas garantizó en una intervención grabada previamente su voluntad de “transparencia” y de querer ganarse la “confianza” de los inversores.

400 millones en 2011

El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, se comprometió a situarse dentro de los objetivos de déficit en 2012. Lo hará, dijo, a través del recorte de gastos, pero también vendiendo activos. Su número dos, Albert Carreras, anunció ante los inversores nacionales e internacionales —entidades financieras y aseguradoras y fondos de inversión y de pensiones— un “programa de privatizaciones de más de 2.000 millones”.

En realidad, la Generalitat ha identificado activos para vender por 2.350 millones. Sin embargo, su objetivo es privatizar por 1.850 millones, de los cuales 400 deberían llegar a las arcas del Ejecutivo catalán este año; 800, en 2012, y el resto, hasta 2014. De la cartera valorada en 2.350 millones, la mayor parte corresponde a equipamientos; 600 millones a inmuebles que ocupa la Administración catalana, otros 600 a participaciones en empresas públicas —que podrían enajenarse parcial o totalmente— y 150 millones a espacios que actualmente están en desuso.

Después de que la agencia de calificación Moody's advirtiera el lunesa los inversores internacionales de que Cataluña pone en peligro los objetivos fiscales del Estado, ayer el Gobierno de Artur Mas (CiU) decidió calmar a los mercados. A través de una videoconferencia, los responsables de Economía expusieron ante 321 inversores el recorte del 10% del gasto y un plan de privatizaciones para ingresar al menos 1.850 millones de euros en cuatro años.

Esa cantidad incluye la venta inmuebles, equipamientos y empresas públicas. A pesar de que fuentes de la Generalitat aseguraron que todavía no hay nada decidido, sobre la mesa hay la posible privatización, total o parcial, de las sociedades gestoras de los túneles de Vallvidrera y el Cadí, el consorcio que abastece de agua a Barcelona y su región metropolitana o participaciones industriales que ostenta el Ejecutivo catalán.

Además de tratar de reducir el déficit con nuevos ingresos, las privatizaciones buscan el agrado de las agencias de calificación, hasta ahora muy críticas con las finanzas catalanas. Ayer por la mañana, Fitch insistía en pedir un “esfuerzo” a las comunidades para cumplir el objetivo de déficit acordado, del 1,3% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2011. Por la tarde, el presidente Artur Mas garantizó en una intervención grabada previamente su voluntad de “transparencia” y de querer ganarse la “confianza” de los inversores.

El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, se comprometió a situarse dentro de los objetivos de déficit en 2012. Lo hará, dijo, a través del recorte de gastos, pero también vendiendo activos. Su número dos, Albert Carreras, anunció ante los inversores nacionales e internacionales —entidades financieras y aseguradoras y fondos de inversión y de pensiones— un “programa de privatizaciones de más de 2.000 millones”.

En realidad, la Generalitat ha identificado activos para vender por 2.350 millones. Sin embargo, su objetivo es privatizar por 1.850 millones, de los cuales 400 deberían llegar a las arcas del Ejecutivo catalán este año; 800, en 2012, y el resto, hasta 2014. De la cartera valorada en 2.350 millones, la mayor parte corresponde a equipamientos; 600 millones a inmuebles que ocupa la Administración catalana, otros 600 a participaciones en empresas públicas —que podrían enajenarse parcial o totalmente— y 150 millones a espacios que actualmente están en desuso.