El Gobierno saca a 32.687 fallecidos del sistema de la Dependencia

El Gobierno ha limpiado las cifras de la Dependencia que le remiten las comunidades y ha encontrado 32.687 fallecidos solo entre las personas que ya estaban percibiendo alguna ayuda (704.758), es decir, por las que las autonomías reciben financiación estatal. Por tanto, esas cantidades deberán ahora reajustarse cuando se libren nuevos pagos.

Los datos están inflados también en otros capítulos, por ejemplo en las solicitudes, que de mayo a junio presentan un saldo negativo de 106.436. “Aquí hay personas fallecidas, pero esta caída se debe también a otros factores, por ejemplo, personas repetidas, alguien que se han trasladado de comunidad y permanecía inscrito en la anterior, caducidad en los trámites o quien decide no seguir con el proceso...”, explica la directora general de Política Social, Isabel Martínez. La Ley de Dependencia ha costado al Gobierno estos cuatro años 5.300 millones de euros.

Cada comunidad tiene que limpiar mensualmente sus datos antes de remitirlos al Gobierno y para ello se dispuso una herramienta informática con la que cruzar las cifras con el Instituto Nacional de Estadística. De esta forma salían los fallecidos del sistema. “Y también hay herramientas administrativas para limpiar el resto de las repeticiones, pero no se está haciendo cada mes. Nosotros tenemos la obligación de cotejarlo y es lo que hemos hecho”, dice Martínez.

Aún hay 300.000 dependientes, a la espera de una ayuda que ya reciben 704.758 personas

Una vez descontados los 32.687 fallecidos, el saldo de beneficiarios es este mes negativo, salen 30.894 personas menos. De ellas, la mayoría, 15.737 tenían una ayuda para el cuidador familiar y cerca de 10.000 figuraban como atendidos en residencias. “Hay comunidades que manejan unas cifras más altas y es posible que se produzcan pequeños desvíos, pero en otras no parece ser un equívoco. Las comunidades que más fallecidos tenían registrados en el sistema son Castilla y León, Galicia, País Vasco y Navarra”, detalla la secretaria general de Política Social. Otras, como Baleares, dice, tenían pocos errores de este tipo.

El Ministerio de Sanidad y Política Social ha enviado una carta a los consejeros en la que se les explica la situación y se les avisa de que la financiación se reajustará en función del dinero que se haya adelantado por esas personas que no debían figurar en el sistema.

A pesar de haber limpiado las cifras, el volumen de dependientes con derecho a una ayuda y que aún no la están percibiendo es alto. Si en mayo eran 346.880, en junio solo ha caído en 37.080. “La lista de espera es preocupante, hay todavía más de 300.000 personas que teniendo reconocida su dependencia no tienen ayuda alguna. Y los plazos para cumplir con los trámites previstos son todavía escandalosos en algunas comunidades, como Canarias, La Comunidad Valenciana, Galicia o Baleares”, critica el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro. Pero celebra que “el Gobierno limpie el sistema estadístico y que las cifras estén cada vez más depuradas”, aunque considera que esto “debería ser un proceso más automatizado”.