La exsecretaria de Javier Rojo sienta en el banquillo al PSE alavés por acoso laboral

El Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria se ha convertido en improvisado escenario de la batalla interna que enfrenta al sector del exsecretario general del PSE y presidente del Senado, Javier Rojo, con el del actual líder de los socialistas alaveses, Txarli Prieto, tras el batacazo del 22-M.

Idoia García fue la secretaria particular de los tres últimos líderes territorial del partido, Fernando Buesa, Rojo y el propio Prieto, quien optó por apartarla en 2007 por pérdida de confianza. Una denuncia de la mujer por acoso laboral y violación de derechos fundamentales terminó con Prieto y el actual secretario provincial de Organización y ex director general de la Policía, Victor García Hidalgo, sentados en el banquillo.

García solicita que su despido sea declarado nulo o que se le indemnice, al considerar que sus condiciones de trabajo fueron sustancialmente modificadas cuando pasó de “adjunta al secretario general a recepcionista”. Además, se le quitó su despacho en un intento de “aniquilarla profesionalmente”, según su denuncia. La demandante asegura que su función iba más allá de la de una mera secretaria. “Participaba en los contenidos políticos”, aseguró su abogado, quien echó mano de una carta del presidente del Senado, en la que recalca que la demandante prestó sus servicios con “responsabilidad y honestidad” bajo su mando.

El Palacio de Justicia vitoriano se llenó de militantes y destacados cargos socialistas. No faltaron los comentarios despectivos que muestran que el partido en Álava es un volcán tras los malos resultados en las urnas. “Ella [por Idoia García] es de familia socialista de toda la vida; él [Prieto] viene de la Cheka”, en alusión a la policía política soviética, dijo uno de los presentes en el juicio, que quedó visto para sentencia.

Los letrados del PSE argumentan que el despido, comunicado en febrero pasado, se debe exclusivamente a que García estaba trabajando en la empresa de su marido mientras se hallaba de baja laboral y que ya fue sancionada en 2010 por impuntualidad reiterada. García Hidalgo contrató a detectives para confirmar que trabajaba en el almacén de la compañía de su esposo, que incluso se hicieron pasar por clientes para que les atendiese. La denunciante niega que trabajase allí de forma asidua. Su letrado, que recalcó que el almacén ya tiene personal propio, añadió que los peritos han diagnosticado a su cliente una depresión por motivos laborales.

Citado por las defensas, el parlamentario Mikel Unzalu explicó que hace unos dos años Prieto le pidió que mediase con ella por sus impuntualidades.

Como testigo de la denunciante compareció, el secretario general del grupo socialista, Óscar Rodríguez, quien explicó que García le relató que le estaban quitando tareas y que había sido vetada en una reunión de una organización sectorial interna.