La Generalitat justifica la carga policial en la plaza de Catalunya

El consejero de Interior, Felip Puig, ha defendido la actuación de la policía efectuada esta mañana contra los acampados de plaza de Catalunya para “garantizar la higiene, la salud y la seguridad” en la plaza, ya que el campamento “tenía intención de perpetuarse y alargarse en el tiempo”. En una comparecencia de prensa de más de una hora, Puig ha tachado la actuación de “preventiva” para evitar incidentes ante una posible victoria del Barça mañana en la final de la Champions. “Si ha habido algún error, lo asumo y lo explicaré en el Parlament”, ha anunciado Puig. “Hemos actuado con seny, cautela y cuando ha sido necesario, con contudencia”. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha mostrado comprensivo ante las muestras de enfado de la ciudadanía pero ha justificado la intervención por las mismas razones que su consejero. "Si las condiciones se iban degradando, había que hacer algo", ha dicho.

El dispositivo estaba formado por 350 unidades antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, además de casi un centenar de agentes de la Guardia Urbana. A las siete de la mañana, la policía ha pedido a los cerca de 300 acampados que dejaran acceder al servicio municipal de limpieza. Según los cálculos del consejero, unas 150 personas han dejado de forma voluntaria el campamento pero otro grupo ha mostrado resistencia y, según su versión, ha desencadenado la carga policial. Alrededor de las 13.00 horas, la policía y los 35 camiones de la limpieza han abandonado la plaza, cargados de 500 metros cúbicos de objetos, entre ellos bombonas de gas butano y generadores eléctricos.

La operación se ha saldado con 121 heridos, de los cuales 37 son mossos y 84, indignados, según datos del Servicio de Emergencias Médicas. El más grave presenta una fractura de brazo, que Puig atribuye a una caída, y no a la acción policial. Además, se ha detenido a una persona en Barcelona y a dos en Lleida en otra operación para desmantelar el campamento de indignados de esa ciudad, donde se han practicado dos detenciones. Puig ha aclarado que el dispositivo se había pactado con el alcalde Jordi Hereu y también con el de Lleida, Àngel Ros.

Considerado el azote del consejero de Interior del tripartito, el ecosocialista Joan Saura, Puig ha vivido hoy su primera gran prueba de fuego como titular de esa cartera. Y el resultado es éste: no le ha ido muy bien: La carga policial y las escenas de violencia han generado tal ola de indignación que en apenas dos horas se han recogido 5.000 firmas pidiendo su dimisión. “Pues lo entiendo", ha afirmado conciliador el consejero. "Y pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido. Lo hubiéramos querido evitar. El ministro o el consejero de Interior siempre es uno de los más frágiles: soy consciente de que puede ofender las conciencias pero mi obligación era garantizar la seguridad de lo que pueda suceder mañana”. Tampoco ha evitado la autocrítica y ha reconocido la descoordinación entre los diferentes cuerpos policiales. La próxima semana abrirá una investigación para analizar la actuación y valorar si la contundencia policial ha sido la adecuada.

Y queda ahora el gran interrogante en el aire. Pese al desmantelamiento, los acampados han vuelto a instalar las tiendas. ¿Van a volver entonces a intervenir? ¿Qué van a hacer?, le ha preguntado una periodista. “Si quiere le daré los horarios”, ha ironizado Puig, que ha añadido: “Espero que los que habían llevado determinados objetos (en alusión a las bombonas de butano),  valoren si son elementos potenciales de riesgo ante una eventual celebración del Barça. Que se lo planteen quizá cuando se concentren 60.000, 70.000 u 80.000 personas. Volveremos a hablar con el interlocutor de la bombona. Pero no, nocreo que volvamos a repetir el operativo”.