¿Hay rechazo al feminismo en Chile?

El 4 de septiembre, más de la mitad de votantes de Chile manifestaron su rechazo al nuevo texto constitucional que reemplazaba la anterior normativa creada durante la dictadura. Los resultados fueron contundentes: un 61,2% estaba en contra de la nueva constitución, es decir, un poco más de tres millones de votos de diferencia. El texto suponía un avance en los derechos de las mujeres, en la protección del medio ambiente y en la integración de los pueblos indígenas. Pero esta votación no va a cerrar el cambio social, ni el proceso constituyente.

La reforma constitucional tiene una larga historia y encuentra su origen en lo que se conoce como el “estallido social” de 2019, cuando la subida del coste del metro de Santiago motivó a que miles de personas se manifestasen en contra de las desigualdades existentes en Chile. Como comenta un portavoz del bloque oficialista Apruebo: “En un día tranquilo, que parece que no pasa nada, comenzó una revolución”. Lo cierto es que se vivió una gran revuelta social en todo el país que tuvo graves consecuencias.

Uno de los efectos de este estallido fue el cambio de gobierno. El 11 de marzo de 2022, el candidato de izquierda Gabriel Boric ganó las elecciones presidenciales de Chile. Él mismo formó un gabinete ministerial integrado, por primera vez, por una mayoría de mujeres; nombró a la primera ministra de Interior y Seguridad Pública de la historia del país, e integró en su comité político a la titular del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Además, el Gobierno acordó reformar el texto constitucional redactado durante el régimen del exdictador Augusto Pinochet. Daniela Marzi, magistrada del Tribunal Constitucional de Chile, comenta que esta es una normativa “estándar”, que ha permitido reformas e interpretaciones progresistas. Sin embargo, el órgano que ella misma representa en la actualidad, se ha valido de ella para frenar varios avances sociales, entre ellos, el derecho al aborto, con figuras legales como la “objeción de conciencia institucional”, que dio pie a que varios centros sanitarios se negaran a realizarlo a pesar de estar legalmente permitido.

Igual que el siglo XX ha estado centrada en la protección de la figura del “trabajador industrial”, este siglo podría ser la oportunidad del reconocimiento de los cuidados de manera histórica

El pacto de reforma de la Constitución se denominó Acuerdo por la paz social y la nueva constitución” y se firmó el 19 de noviembre de 2019. El pueblo de Chile votó sobre la apertura de este proceso y sobre la manera de hacerlo. Se decidió, por el 80% de votos a favor, la necesidad de reformar la Constitución que recaería en las manos de una comisión independiente. Este organismo se conformó de manera paritaria, incluidas activistas feministas independientes, que articularon las propuestas de modificación a esta normativa desde una perspectiva de género.

La presencia de un grupo feminista fuerte ha tenido un calado claro en el texto, que encendía una llama a cualquier persona feminista que lo leyera, comenzando por “Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile…” Entre otros avances, los más destacables eran el reconocimiento de los cuidados, expresado en el artículo 49 de la Constitución: “El Estado reconoce que los trabajos domésticos y de cuidados son socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad”.

Marzi comenta la ilusión con la que se vivió la creación de esta nueva normativa, debido a que, igual que el siglo XX ha estado centrada en la protección de la figura del llamado “trabajador industrial”, este siglo podría ser la oportunidad del reconocimiento de los cuidados de manera histórica.

La paridad en todos los órganos públicos ha sido otro de los avances de esta nueva ley. Se trata de una medida de acción positiva que no contaba con la negativa del bloque de oposición Rechazo. Incluso varios de sus adeptos coincidían con el respaldo a la ley desde el enfoque de género, como lo menciona una de sus delegadas, durante la fase de recuento de votos en la mesa electoral del barrio de Las Condes, en Santiago: “En la paridad no me van a ver en contra, yo soy mujer y por supuesto, no estoy en contra de que lleguen mujeres”.

Pero existen otros aspectos de la nueva ley que generaron gran controversia e incluso hasta rechazo, como el reconocimiento de los sistemas judiciales indígenas dentro del sistema nacional. Esta medida podría haber evitado procesos de revictimización a las mujeres indígenas del país, debido a que actualmente conviven en ambos sistemas.

Es evidente que el movimiento feminista en Chile se encuentra en la agenda social, ha conseguido muchos avances en distintos campos y no está dispuesto a dar marcha atrás

El sistema judicial indígena resuelve sin control los casos que se le presenten. Sin embargo, si formara parte del nacional, tendría que cumplir con unos requisitos mínimos. Por ejemplo, en el caso de violencia intrafamiliar, si formara parte del sistema judicial nacional, podría garantizarse que fuera una persona formada en género, así como la posibilidad de una revisión por una instancia superior.

Es cierto que algunas de las medidas que se recogían en el texto ya han encontrado respuestas por otras vías, como la garantía de que todas las sentencias tengan perspectiva de género. Habría sido esencial que se incluyera en la Constitución, pero actualmente, desde la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, se ha creado un repositorio de sentencias con perspectiva de género. Este archivo tiene la función de dar herramientas a agentes clave del proceso judicial sobre la manera de juzgar con perspectiva de género.

Desde el Ministerio de la Mujer también se ha trabajado en la ley denominada “libre de violencias”, que actualmente se tramita en las Cámaras Legislativas. Con la aprobación de este texto, Chile va a cumplir con las exigencias internacionales, debido a que durante años careció de una ley integral de violencia contra la mujer. Una ausencia que ha despertado varios reclamos por parte del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (CEVI).

El proceso constituyente actualmente se encuentra en un punto de inflexión, se desconoce de qué manera se va a avanzar. Se corre el riesgo de que el proceso se congele y un nuevo Gobierno no progresista desande el camino avanzado. Pero, si algo es evidente es que el movimiento feminista en Chile se encuentra en la agenda social, ha conseguido muchos avances en distintos campos y no está dispuesto a dar marcha atrás.

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