El último pueblo indígena contactado en Colombia lucha por regresar a su hogar desde hace más de 30 años

Mi primer día en la ciudad de San José del Guaviare, al este de Colombia. Diluviaba, y un grupo de unas 10 mujeres, niños, bebés y algunos hombres se refugiaban apretados bajo un techo de zinc al otro lado de la calle. Se les veía nerviosos, mirando de un lado a otro. Edilson, mi guía, les hizo señas con la mano y, al reconocerlo, se alegraron de encontrar a su viejo amigo.

Este grupo nunak había llegado a la ciudad al amanecer para tratar de conseguir algo de comida, medicinas y provisiones. “Y algunos también para mendigar y conseguir alcohol”, añadió Edilson. Llevaban horas esperando la camioneta que había prometido llevarles de regreso a Aguabonita, uno de los asentamientos temporales del pueblo nukak en las afueras de San José del Guaviare, pero esta no llegaba. Tras una larga espera, acabamos viajando juntos hasta Aguabonita. En el viaje, dos madres nos contaron que sus bebés estaban enfermos con fiebre y diarrea, “probablemente malaria”, añadieron. Cuando llegamos, Edilson y yo pasamos el resto del día conversando con los nukak en sus malocas: grandes casas comunales abiertas en las que una o varias familias cocinan, comen, duermen, trabajan, descansan, gritan, discuten y ríen.

Este es el día a día del pueblo nukak en el departamento de Guaviare, antaño el territorio ancestral comprendido entre los ríos Guaviare e Inírida y cubierto por las estribaciones de la densa selva amazónica; hoy un paisaje cuarteado por la deforestación para ganadería extensiva. Los nukak son los últimos indígenas en ser contactados por la sociedad mayoritaria colombiana, y uno de los últimos pueblos nómadas del país.

Invadidos por cocaleros y grupos armados

Los misioneros evangelistas de la controvertida Misión Nuevas Tribus comenzaron a contactarlos de forma forzada en los años setenta. Paralelamente, su territorio fue progresivamente invadido por cocaleros, grupos armados y colonos. Las enfermedades blancas comenzaron a aparecer entre los nukak y con ellas las medicinas blancas con las que los misioneros les encandilaban. Ese círculo de dependencia forzada hizo que en 1988, un grupo de aproximadamente 40 indígenas apareciera inesperadamente en el pueblo de Calamar, recientemente fundado dentro de su territorio.

A partir de ese momento la catástrofe se precipitó sobre el pueblo nukak. Como consecuencia del contacto regular, más de la mitad murieron en pocos años, la mayoría por gripe. En 2019, la Corte Constitucional los declaró uno de los 32 pueblos de Colombia en riesgo inminente de extinción. Actualmente, solo sobreviven alrededor de 900.

Alrededor del 25% de su reserva ha sido talada para cultivos ilegales, principalmente de coca y palma y ranchos ganaderos, y el conflicto armado ha dejado un territorio invadido por grupos armados y minas antipersona

Poco después del primer contacto, estos indígenas eran considerados como uno de los pueblos con más movilidad de América Latina. Hoy, como resultado del desplazamiento forzado, viven confinados en 14 asentamientos en los lindes de su territorio ancestral en el departamento del Guaviare. Su precaria situación y el reciente contacto con la sociedad mayoritaria los hacen extremadamente vulnerables a enfermedades como la gripe y el sarampión, contra las que no tienen inmunidad. Los jóvenes y niños viven particularmente expuestos al abuso del alcohol, las drogas, la violencia sexual y el reclutamiento forzado para trabajar en las plantaciones ilegales de coca en lo que hace poco más de 30 años era su hogar.

En 1993, gracias a una campaña de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), de la que se hizo eco internacional Survival International, se creó el Resguardo (la reserva) nukak, ampliado en 1997 hasta alcanzar casi el millón de hectáreas de selva. A día de hoy, la reserva ha sido deforestada significativamente. Alrededor del 25% ha sido talado para cultivos ilegales, principalmente de coca y palma y ranchos ganaderos, y el conflicto armado ha dejado un territorio invadido por grupos armados disidentes y sembrado de minas antipersona.

El Decreto Ley de Víctimas de 2011, en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Paz de Colombia, establece “medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas”, pero la espera por ver los derechos de los indígenas nukak respetados es larga y precaria. Ignorados en gran medida por las autoridades, no tienen acceso a atención médica básica, educación y oportunidades laborales. Y, sobre todo, no tienen acceso a su territorio.

Ante el abandono estatal, los nukak han elaborado un plan de retorno para la prospección y análisis de habitabilidad de su territorio ancestral con el apoyo de algunas organizaciones aliadas. Sin embargo, el regreso es peligroso: necesitan que las autoridades reubiquen a los colonos campesinos que ocupan el territorio, que expulsen a los grupos armados y a los cultivadores de coca y palma. El tiempo corre: el Gobierno central debe actuar con agilidad y garantizar un regreso seguro para que los nukak puedan prosperar de nuevo como un pueblo independiente y autosuficiente. Ahora más que nunca, necesitan que sus aliados internacionales apoyen su lucha. “Seguimos queriendo volver a casa. En el territorio teníamos agua limpia y no había zancudos [el mosquito que transmite la malaria]. Aquí estamos abandonados, pero el nukak siempre lucha por su familia”, dice Alex Tinyú, del asentamiento nukak de Charras.

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