Clordecona: cómo un pesticida prohibido sigue envenenando las Antillas francesas

Todo empezó como un principio de agotamiento a finales de 2019. A Patrick Dantin le resultaba difícil trabajar en las plantaciones o realizar las tareas domésticas. Josette Dantin pensaba que a su marido le pasaba algo muy grave, pero los médicos de la caribeña isla de Martinica afirmaban lo contrario. Durante unas vacaciones en Normandía, se dio cuenta con consternación de que su esposo ya no podía caminar y finalmente insistió en otra opinión médica en la Francia metropolitana.

Así, Patrick Dantin, de 59 años y natural de Martinica, uno de los territorios franceses de ultramar, descubrió en el hospital Salpêtrière de París que padecía un raro cáncer de la sangre: la macroglobulinemia de Waldenström. Según los médicos del centro, la causa había que buscarla en la larga serie de pesticidas que había utilizado como trabajador bananero. Dantin tuvo que dejar de trabajar en las plantaciones de plátanos con efecto inmediato. Le esperaban años de quimioterapia para ralentizar el curso de una enfermedad incurable. “Le vi convertirse en un hombre que no conozco”, dice la mujer, sentada junto a su marido en la pequeña estancia que habitan en la zona de Lamentin, al norte de la isla.

Ambos parecen cansados. Hoy, Dantin padece anemia, fatiga y dolores en las manos y pies discapacitantes, como consecuencia de su enfermedad. Su vida ha cambiado mucho, su espacio vital se reduce al perímetro entre el salón y la terraza de su vivienda, donde las vistas son las de siempre. En el horizonte exuberantes plataneras se difuminan poco a poco en el azul del Atlántico.

En la isla, alrededor del 90% de la población tiene un nivel detectable de moléculas tóxicas en la sangre. Según un grupo de científicos del centro de investigación de la Facultad de Medicina del Instituto Nacional de Salud e Investigaciones Médicas de Guadalupe (INSERM), en las Antillas Francesas, esta es la razón por la que la región ostenta, con un margen significativo, el récord de la tasa más alta de cáncer de próstata del mundo, junto con niveles relevantes de Parkinson, nacimientos prematuros y daños cerebrales infantiles. Las investigaciones están todavía en curso por lo que se refiere a la endometriosis y el cáncer de mama. Según los estudios del doctor Luc Multigner, estas enfermedades están relacionadas con el uso de pesticidas, sobre todo los que contienen clordecona, como es el caso de Patrick Dantin, cuya dolencia está reconocida por el Estado como una consecuencia del uso de esta sustancia.

Un escándalo francés

El próximo 29 de febrero, el Parlamento francés debatirá sobre la responsabilidad de Francia en el escándalo causado por el uso de clordecona gracias a un proyecto de ley firmado por 35 diputados del grupo socialista. El texto se basa en el reconocimiento de la culpabilidad del Estado en el desastre sanitario y medioambiental, y en el establecimiento de normas precisas sobre la descontaminación de la tierra y el agua. “Este proyecto de ley es un primer paso esencial que deberá completarse”, reza el documento.

El presidente Emmanuel Macron ya había admitido en 2018, durante una visita a Martinica, la responsabilidad de la República Francesa en este escándalo. Para muchos, se trató de una admisión parcial que llegó demasiado tarde y sin nombrar a ningún culpable. “El Estado siempre ha tenido miedo de revelar un problema cuando no tiene la solución y le plantea dificultades económicas”, afirma Eric Godard, antiguo funcionario de la Dirección Departamental de Sanidad y Asuntos Sociales en los territorios franceses de ultramar.

En respuesta a las críticas, el Estado elaboró el plan clordecona, un paquete de ayudas para paliar los efectos del pesticida mediante inversiones en el territorio afectado, al que destinará 130 millones de euros entre 2021 y 2027. Según los activistas del colectivo de los trabajadores envenenados por la clordecona, esta suma es irrisoria. Francia ha presupuestado 1.400 millones de euros para limpiar un solo río, el Sena, con motivo de los Juegos Olímpicos, ejemplifican.

Sin embargo, el plan incluye el acceso al fondo nacional de indemnización para las víctimas de pesticidas, a través del cual, los afectados pueden obtener una pensión compensatoria. Tras conocer la noticia sobre este mecanismo por televisión, en 2022, la familia Dantin se puso inmediatamente en contacto con un abogado para que les ayudara con los trámites. Con 30 años de experiencia en plaguicidas y certificados médicos en la mano, Patrick Dantin cumplía todos los requisitos, entre los que se incluyen que las víctimas sean capaces de probar sus experiencias de trabajo en las que tuvieron contacto con los pesticidas y que padecen una enfermedad profesional. Una vez obtenida la indemnización, a Dantin le quitaron la pensión de invalidez que recibía hasta entonces. “Al final, recibe prácticamente la misma suma de dinero, es otro engaño más”, comenta su abogada Virginie Mousseau. Pero hay esperanza para la familia: el nuevo proyecto de ley prevé también la creación de un fondo específico para las víctimas de la clordecona, dadas las “cifras irrisorias”, como reza el texto, de indemnizaciones del fondo existente.

Desastre medioambiental en ciernes

Patentada en la década de los setenta, la clordecona es un compuesto orgánico utilizado como base para diversos insecticidas. Originalmente un invento estadounidense, se prohibió rápidamente en Estados Unidos después de que docenas de trabajadores de una fábrica de Virginia presentaran temblores severos y un alarmante cuadro clínico en 1975.

Poco después, muchos Estados europeos ilegalizaron la venta de clordecona, pero no Francia. A pesar de las advertencias del Centro Internacional para la Investigación del Cáncer sobre el potencial cancerígeno de la clordecona y de las reticencias que expresaron algunos expertos ya en 1979, el Elíseo aprobó provisionalmente su venta. Así, en 1981, apenas seis años después del incidente estadounidense, los pesticidas con clordecona entraron en el mercado de los territorios franceses de ultramar. Los agricultores, que luchaban contra la invasión del picudo del plátano, los acogieron con entusiasmo.

Las autoridades locales han impuesto estrictas restricciones a la agricultura y la pesca locales. Más del 70% de los alimentos que consumen las Antillas proceden de la Francia continental, pero muchos no pueden pagar los productos importados

En las cartas del ministro de Agricultura guardadas en el archivo nacional de París, se puede leer cómo los productores temían que el mercado entrara en crisis a causa de este parásito, capaz de diezmar la producción de una platanera. En poco tiempo, la clordecona se convirtió en un éxito de ventas, gracias a una avalancha de publicidad que demostraba sus propiedades milagrosas contra las plagas.

En 1991 Francia prohibió el uso de clordecona solamente en su territorio metropolitano. Antes de que el Gobierno francés ampliara la medida también a las islas de Martinica y Guadalupe, en 1993, más de una sexta parte de la producción mundial de clordecona se utilizaba en las plantaciones de plátanos de las Antillas. Tres décadas después, ambas islas y sus 800.000 habitantes están pagando las consecuencias de un desastre medioambiental y sanitario que aún no ha terminado.

Según las instituciones locales de Martinica y Guadalupe, entre el 40% y el 50% de los terrenos de las dos islas siguen contaminados. En particular, los niveles de clordecona son más altos en los lugares donde se han cultivado plátanos, dice la prefectura de Martinica. A través de las aguas subterráneas, este compuesto también ha llegado a los cursos de agua y al océano, donde se ha depositado en el lecho marino.

Según los informes de la Oficina Francesa de Biodiversidad y la Oficina del Agua, la clordecona sigue siendo uno de los pesticidas más contaminantes en los ríos de Martinica y Guadalupe. Lo mismo ocurre con la contaminación en el litoral de Guadalupe: todas las playas de la isla están en mal estado, según su Observatorio del Agua, que toma en cuenta la directiva europea sobre la calidad del agua.

“La clordecona se ha compuesto químicamente para que no se desintegre, sin tener en cuenta el medio ambiente”, explica Sarra Gaspard, una de las principales investigadoras en el campo de la descontaminación del suelo donde hay clordecona. Fue ella quien descubrió la única condición que hace biodegradable la molécula: la falta de oxígeno. Antes se calculaba que la clordecona contaminaría la tierra durante 700 años. Ahora las estimaciones son más optimistas gracias a los descubrimientos de Gaspard. Es difícil, sin embargo, estimar cuánto tiempo perdurará esta situación en Martinica y Guadalupe, pues la científica todavía está trabajando para que sus técnicas de descontaminación sean efectivas en los distintos tipos de terreno. “En cuanto al aspecto de la degradación microbiológica, creo que tendremos que esperar unos 10 años”, precisa la investigadora.

Una toxicidad duradera

Para frenar el envenenamiento de la población, las autoridades locales han impuesto estrictas restricciones a la agricultura y la pesca locales. Las frutas, verduras, pescado y ganado de las proximidades de tierras y aguas contaminadas pueden estar “clordecontaminados”, es decir, contener clordecona por encima de los niveles autorizados por la Unión Europea. Por tanto, más del 70% de los alimentos que consumen las Antillas proceden de la Francia continental. Sin embargo, estos productos importados tienen un coste prohibitivo que una parte considerable de la población no puede permitirse.

Según el Insituto Nacional de Estadística frances (INSEE), los alimentos cuestan en Martinica y Guadalupe casi el doble que en Francia. Para cerca de un tercio de los ciudadanos que viven por debajo del umbral de pobreza, no queda más remedio que beber agua de manantial y comer productos de su propio huerto o del mercado local, que escapan a los controles de las autoridades competentes. Así, muchos residentes podrían seguir intoxicándose con los alimentos y el agua que consumen. La exposición crónica es muy peligrosa, advierte el doctor Luc Multigner, puesto que las cantidades ingeridas se acumulan en el organismo, que tarda entre 16 y 24 meses en excretar cualquier cantidad de clordecona.

La clordecona se ha compuesto químicamente para que no se desintegre, sin tener en cuenta el medio ambiente

Sarra Gaspard, investigadora de la descontaminación del suelo

Tanto Josette Dantin como sus cuatro hijos tienen niveles de clordecona en sangre superiores al límite de seguridad establecido por el Gobierno francés, explica ella. “No nos rendimos, pero es muy difícil”, dice la mujer. El hecho de que la pareja esté decidida a no olvidar incomoda a otros trabajadores del sector. “Si atacas al jefe, te costará caro’, me dijeron”, recuerda Patrick Dantin. Una frase profética: el 9 de febrero, tuvo que ir a juicio contra su antiguo jefe, que hasta ahora le ha pagado parte de la baja por enfermedad. “Quiere que vuelva a trabajar”, explica el martiniqués. Como él, muchos antiguos trabajadores sufren la presión de sus comunidades para no emprendar acciones contra los empresarios, sobre todo de las que aún viven dentro de las plantaciones.

A pesar de todo, Dantin sigue reuniendo pruebas para engrosar la carpeta que guarda bajo el televisor con todos los documentos de su caso. Temik, curlone, kepone... Patrick Dantin ha escrito todos los nombres de los pesticidas a base de clordecona que ha esparcido a lo largo de los años con grandes letras en bolígrafo, en una hoja de papel ahora arrugada por el tiempo. A pesar de todo, piensa en el día en que su familia obtendrá justicia.

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