Una guarida en Burkina Faso para las mujeres que huyen de la violencia yihadista

Alimata Ouedraogo está callada y con la mirada perdida. “Está traumatizada porque llegaron a Kalsaka y mataron a la gente”, aclara una amiga suya, que explica cómo la violencia yihadista forzó a la mujer a huir de su aldea, en el norte de Burkina Faso, cojeando y con muletas. Un grupo de personas la recogió a mitad de camino y la ayudó a llegar a Samagán, una barriada de Bobo-Dioulasso (la capital económica del país). Ahora, intenta continuar con su vida junto a otras mujeres que también huyeron. Ouedraogo es una de las 1,8 millones de personas desplazadas internas de Burkina Faso, de las que el 50,3% son menores y el 22,9% son mujeres, según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por su sigla en inglés).

Burkina Faso, junto con Malí, es uno de los principales focos de la violencia yihadista en el Sahel. Desde hace una década, grupos vinculados a Al Qaeda golpean la región, aunque en 2022 dieron un salto cualitativo en su estrategia de hostigamiento y lanzaron operaciones para aislar a las principales ciudades de los dos países. Solo en los seis primeros meses de 2022, al menos 2.155 perdieron la vida en Burkina Faso, 200 menos que en todo 2021, según el recuento de José Luengo-Cabrera, analista de datos especializado en el Sahel. Los ataques se concentran fundamentalmente en el norte y el este del país, en concreto, en las regiones administrativas de Sahel, Este y Centro-Norte.

“Me duele el corazón cuando veo a las mujeres desplazadas pidiendo dinero en la carretera. Sus hijos crecen al lado de los semáforos, tocan a las ventanas de los coches para rogar. Ya no tienen miedo”, lamenta Solange Traoré, presidenta de la asociación Femmes Battantes (mujeres luchadoras, en francés) que las acoge. Porque si no se les da una salida “el terrorismo nunca se acabará”, vaticina. Para ofrecerles una alternativa de vida digna, Traoré adquirió en junio de 2022 un terreno de cinco hectáreas en el que trabajan las mujeres a las que da refugio. “El campo de las desplazadas”, como lo han bautizado, está situado en Matourkou, a unos 30 minutos en coche de Bobo-Dioulasso.

“¿Mañana habrá hambre?, nos preguntamos cada día”, dice, mientras recolecta judías —el 69% de la población de la región del Sahel y del este de Burkina Faso vive inseguridad alimentaria—. Las jornadas, durante las que las mujeres se organizan en línea y cavan a la vez, avanzando en una misma dirección, son de sol a sol o hasta que el trabajo está hecho. La situación en Burkina Faso, reconoce Traoré, se sostiene por la ayuda mutua y la solidaridad entre pares, ante un Estado que no responde, protesta.

Así lo reconoce un funcionario de la Acción Social, el ministerio responsable de acoger y orientar a las personas desplazadas por la violencia. “El Estado es insuficiente”, admite el hombre, que prefiere mantener el anonimato porque, dice, después del golpe de Estado del 30 de septiembre de 2022 —protagonizado por un grupo de militares encabezados por el actual presidente de la transición, el capitán Ibrahim Traoré—, dar la cara, tomar decisiones o hablar le puede costar el puesto de trabajo a cualquiera. “Lo primero que damos es atención psicosocial, porque alguien que lo tenía todo y de un día para otro lo pierde, queda traumatizado”, expone, mientras registra el número de mujeres desplazadas que llegan a Bobo-Dioulasso, una de las ciudades más seguras, todavía bajo control del Estado, junto a Uagadugú, la capital del país. “Los hombres no vienen”, afirma. Según desarrolla el funcionario, el motivo es que algunos se unen a grupos yihadistas, mientras que otros se quedan en los pueblos o forman parte de los Voluntarios de Defensa de la Patria, unas milicias populares creadas por el expresidente Roch Marc Christian Kaboré en 2020 para luchar contra el terrorismo.

Solo queremos que nuestros hijos puedan ir a la escuela y no sean todo aquello que han visto en el pueblo

Zanata, superviviente de la violencia yihadista

Azeta, de 25 años, es una de las mujeres que trabaja en el campo de Femmes Battantes. Caminó cinco días para llegar a Bobo-Dioulasso, después de que los yihadistas llegaran a su pueblo, cerca de Ouahigouya, al norte del país. Por el camino conoció a Sarata, Maimuna, Salimata, y Zanata, de entre 30 y 50 años, con quienes ahora comparte techo en las afueras de Bobo-Dioulasso. “Los terroristas llegaron y empezaron a matar a gente”, explica Maimuna, que es la única que puede soportar hablar del tema. Las demás no son capaces. Se les entrecorta la voz o miran al suelo y se tapan con el velo. “Nos fuimos así, con la ropa que ves y nuestros hijos”, confiesa Azeta tímidamente. “Solo queremos que nuestros niños puedan ir a la escuela y no sean todo aquello que han visto en el pueblo”, asevera Zanata, mientras su hijo juega con un palo como si fuera un avión de combate y recrea un sonido muy familiar: “Buuuuuu-pum-pum-pum”.

Todas ellas viven juntas en una casa en construcción que no pasa de los 10 metros cuadrados. Solo hay ladrillos y una puerta de hierro. Cada una pone lo que puede para pagar el alquiler de 10.000 francos CFA al mes (15 euros). “Durante el día andábamos y pedíamos comida, y por la noche dormíamos en el bosque”, relata Azeta, sobre su huida. “Aquí, en Bobo-Dioulasso, nos han recibido con los brazos abiertos”, se alegra Azeta.

El 69% de la población de la región del Sahel y del este de Burkina Faso vive inseguridad alimentaria

Sin embargo, Traoré no sabe hasta cuándo podrá “sostener el terreno”. Dedica parte de su salario a pagar la comida de las jornadas de trabajo, el transporte en mototaxi, el grano y el abono. Pero su labor no termina en Femmes Battantes: coordina también a las mujeres de la región de Haut-Bassins, cuya capital es Bobo-Dioulasso. Tiene un mandato de tres años concedido por el Ministerio de la Mujer, la Familia y la Acción Social con el objetivo de dar voz y representar a las mujeres en los espacios de decisiones políticas. Una tarea que siempre la mantiene en una situación de inferioridad y minoría. Actualmente, es la única mujer que forma parte de la Delegación Especial de la Región de Hauts-Bassins, una estructura de gobernanza nueva, implementada después del golpe de Estado de enero de 2022 y creada con la intención de dar poder a miembros de la sociedad civil y militares.

Esta temporada se han recolectado al menos dos toneladas de maíz y dos de judías en el “campo de las desplazadas”. “El maíz no ha salido muy grande porque le falta más abono a la tierra, y la judía ha subido de precio”, lamenta. Esta ha sido la primera cosecha y ahora están valorando cómo repartir sus frutos y hacer cálculos para el año que viene. “Si esto va a peor, necesitaremos más de cinco hectáreas”, sostiene. Pero esa es una preocupación futura, a la que todavía Traoré no puede dedicar tiempo. Mientras, Azeta y sus compañeras cantan y aplauden a la suerte del día y al trabajo realizado. Tienen una fiambrera con judías del campo y arroz para compartir. “¡Comemos judías!”, claman.

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