El secreto mejor guardado contra la pobreza: así contribuyen las migraciones laborales al desarrollo global

El Gobierno dio luz verde, durante el verano de 2022, a una reforma del reglamento de extranjería que facilitaba la llegada de trabajadores extracomunitarios a España. Más migrantes temporales, menos burocracia y un abanico de sectores en busca de las capacidades que no encuentran en la Unión Europea (UE). La medida fue objeto de un intenso debate en el que no quedó fuera casi nadie, con una llamativa excepción: ninguna agencia pública o privada de desarrollo vio necesario comentar una decisión que podría cambiar la vida de millones de personas y aliviar la pobreza mucho más allá de los programas en los que la Cooperación Española hace inversiones millonarias cada año.

El ejemplo de España ilustra la monumental paradoja que se esconde tras la polémica sobre las migraciones internacionales. Muy pocas herramientas en la lucha contra la pobreza pueden equipararse en rapidez y magnitud al efecto que produce la movilidad laboral ordenada en quienes se desplazan y en sus países de origen. Sin embargo, buena parte de este potencial se queda en el camino por las acciones u omisiones de los actores que gestionan este proceso. Dicho de forma simple, el modelo prevalente de gestión de los flujos migratorios es uno de los fracasos más sonados y costosos de la doctrina internacional del desarrollo.

La resolución no solo exigirá un cambio de actitud de estos actores, sino también un contexto político y económico más favorable para la reforma. El año 2023 podría ofrecer esa ventana de oportunidad.

Migraciones y desarrollo: muchas oportunidades y algunos riesgos

Algunas cuestiones solo son discutibles para un concejal de Vox. Una proporción abrumadora de la literatura económica vincula la movilidad humana con el progreso de los países de destino, en especial los de renta alta. Estos beneficios tienen que ver con el papel de la mano de obra extranjera en contextos de mayor productividad. Con ello facilitan el crecimiento, fomentan la innovación y abren nuevas oportunidades para el conjunto de los trabajadores en sectores de mayor valor añadido. No vienen a repartirse una tarta, sino a incrementar su tamaño. Un meta-análisis realizado en 2016 por el Global Institute de la consultora McKinsey establecía que entre el 40% y el 80% del crecimiento del empleo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los 15 años previos estaba directa o indirectamente relacionado con la inmigración. Los recién llegados responden a las necesidades laborales y demográficas de los países en los que se establecen, sin que esto tenga un impacto reseñable en los salarios o la carga fiscal de las poblaciones previamente establecidas.

Este axioma económico de los países ricos receptores de inmigración se replica –aunque de forma más modesta– cuando los trabajadores se establecen en regiones de renta media como América Latina o el Norte de África, pero también en otras más pobres como África occidental o central. Esta contribución constituye una primera y sustancial aportación al desarrollo.

La segunda aportación relevante a la reducción de la pobreza es la que se produce en las propias regiones de origen. Solo en materia de financiación, los números quitan el aliento. La estimación más reciente del volumen total de remesas que los migrantes envían a casa es de 630.000 millones de dólares (unos 596.000 millones de euros), una cifra que triplica el nivel récord de ayuda oficial al desarrollo en 2021.

Aunque estos fondos no han sido diseñados para aliviar la pobreza, un estudio realizado en 71 países de ingreso bajo estima que cada incremento del 10% en el volumen de remesas se traduce en una disminución del 3,5% en los niveles de pobreza. En situaciones de estrés económico o conflicto, las remesas cumplen un papel difícilmente sustituible, como demuestra el caso de Ucrania. Antes de la guerra, ya era el Estado que más recursos recibía de sus migrantes en el conjunto de la región de Europa y Asia central. Como consecuencia del conflicto y de la catástrofe humanitaria derivada de él, su diáspora ha aumentado sus esfuerzos. Esto, según el Banco Mundial, podría incrementar las remesas al país en un 20% en 2022.

Las transferencias financieras constituyen la contribución más visible de los migrantes a la lucha contra la pobreza en sus países de origen, pero en ningún caso es la única. La movilidad apuntala el desarrollo a través de una compleja interacción de factores que incluyen el fomento de los valores democráticos, el buen gobierno, el incentivo a la formación o la creación de vínculos comerciales. Estos factores son muy relevantes en los países con mayor número de migrantes en el exterior, como India o México, pero resultan fundamentales en Estados más pequeños donde la movilidad humana constituye un determinante de la estructura social y económica del país.

Conjurar el determinismo del código postal

La tercera contribución de los migrantes al desarrollo es, posiblemente, la más contundente, aunque rara vez se le presta atención: la movilidad humana como camino de prosperidad individual. La posibilidad de desplazarse de un punto A más pobre a un punto B más rico constituye para millones de personas el mecanismo más rápido y eficaz para escapar de la pobreza. Como han demostrado los economistas Michael Clemens, Lan Pritchett y Claudio Montenegro, la mitad de los ingresos de un individuo medio del Sur global no dependen de sus habilidades, esfuerzo o buena suerte, sino del lugar en el que les ha tocado nacer.

Este determinismo del código postal hace que las intervenciones más exitosas de la cooperación internacional parezcan de juguete cuando se comparan con los beneficios esperados de un proceso migratorio medio. En un estudio posterior, el propio Pritchett estimaba con Farah Hani que el beneficio medio real de la educación postsecundaria para un etíope es de unos 2.000 dólares anuales si permanece en su país… y de 36.000 dólares (33.947 euros) si trabaja en Holanda.

Ninguna de estas oportunidades está exenta de riesgos. El exceso de remesas puede derivar en una apreciación de la moneda local que dañe las exportaciones —lo que se conoce en economía como enfermedad holandesa—. También es posible que la salida acelerada de personal cualificado descapitalice sectores fundamentales del bienestar colectivo, como el sociosanitario. La denominada fuga de cerebros ha sido objeto de un intenso debate y de propuestas polémicas como la que hace el gurú del desarrollo Paul Collier en su trabajo Éxodo (Taurus), donde llega a proponer que se limite la salida de trabajadores de los países pobres como un acto de “bien entendido interés propio” y de “compasión”. Este libro, que refleja fielmente los recelos de buena parte de la industria de la cooperación con respecto a las migraciones laborales, incorpora también el argumento de la explotación de los trabajadores extranjeros y la fragilidad del contrato social en sociedades de destino altamente desiguales y excesivamente diversas.

La pregunta de los tres billones de dólares

La realidad, como ha descrito el economista Branko Milanovic, es que, en el siglo XXI, “la desigualdad global no es un factor de clase, sino de localización”. Y la movilidad humana puede actuar como un poderoso corrector de esa disparidad. La organización Labor Mobility Partnerships —que promueve modelos migratorios con alto impacto en el desarrollo— ha calculado que un total de 400 millones de migrantes a lo largo de los próximos 30 años podrían generar, para quienes se desplazan y para sus comunidades de origen, un retorno acumulado de tres billones de dólares anuales (2,81 billones de euros), una cifra prácticamente equivalente al PIB total de India.

La pregunta del billón, por tanto, es cómo logramos esa optimización de riesgos y oportunidades. Y este es un debate en el que el absentismo de la cooperación internacional comienza a ser insoportable. El campo del desarrollo ofrece una experiencia insustituible en territorios como el uso productivo de las transferencias financieras, la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional, la formación de capacidades productivas o la gestión de poblaciones en movimiento. Consideradas como parte de un esquema más complejo de movilidad laboral, las agencias públicas y privadas de cooperación pueden ayudar a que la experiencia migratoria beneficie a todas las partes involucradas.

El sector sanitario ofrece un buen ejemplo de las posibilidades de un enfoque mucho más creativo e inteligente de los que hemos visto ahora. De acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, un tercio de todos los doctores y doctoras que ejercen en los países de la OCDE tenían en 2014 más de 55 años, lo que obligará a un esfuerzo de reemplazo muy por encima de las capacidades de formación de estos mismos países. Solo en España, las mismas proyecciones estiman para 2030 un déficit de más de 85.000 profesionales de la enfermería y casi 30.000 de la medicina. La respuesta a estas necesidades viene, inevitablemente, de países del Sur global que enfrentan desafíos iguales o mayores en su sector sociosanitario, como América Latina, Oriente Próximo, Asia e incluso África. Concebido de manera extractiva, como hasta ahora, este trasvase de talento puede dejar un peligroso flanco abierto en un sector determinante del bienestar de las poblaciones.

¿Cuál sería la alternativa óptima a este desafío? Países como Alemania han comenzado a dar respuesta a esta pregunta. A través de un modelo denominado Partenariado Global de Capacidades, Alemania forma y contrata personal sanitario procedente de países pobres –como Filipinas–, pero su cooperación invierte para que un número equivalente de personal cualificado permanezca en el país de origen. La experiencia migratoria se realiza de forma ordenada, en condiciones socioeconómicas dignas y sobre la base de la confianza entre las partes. Ninguna de estas virtudes caracteriza el modelo de migración laboral prevalente.

Una respuesta al mundo por venir

Alemania y su sector sanitario son solo un microcosmos de lo que está por venir. A lo largo de los próximos 50 años seremos testigos de una inapelable transición demográfica que ya ha comenzado y que convertirá la atracción de trabajadores migrantes en una necesidad existencial para las economías más dinámicas del planeta. En el caso de España, las previsiones son variaciones sobre un mismo tema. Una estimación del informe gubernamental de prospectiva España 2050, que considera la evolución de recursos y necesidades del país, calcula las entradas netas necesarias en un mínimo de 191.000 personas al año. Pero los datos del departamento de población de la ONU (UNDESA) analizados en 2020 por Rebekah Smith y Farah Hani, sugieren que España necesitará una media de 1.130.000 nuevos trabajadores por año hasta 2050 para mantener la ratio de empleados por dependientes. Como en el caso de otras grandes economías de la OCDE, una parte importante de esa fuerza laboral tendrá que proceder del exterior, donde se acumularán los trabajadores desempleados en una población en aumento.

Esta tendencia estructural, sin embargo, ha sido insuficiente en el pasado para alterar un debate definido por la radioactividad política y las tensiones del desplazamiento forzoso en muchas fronteras del mundo. Cuando se producen, como en España, las reformas son parciales, inoperantemente cautelosas y sujetas al control de actores con incentivos muy diferentes, como los ministerios de Interior. Por eso importa tanto lo que pueda ocurrir en 2023. La reactivación económica tras la pandemia ha coincidido con transformaciones sin precedentes en el mercado laboral —la llamada gran dimisión— y con una escasez poco habitual de mano de obra en todos los niveles de la escala de cualificación. Esta tormenta laboral perfecta podría ayudar a desbloquear reformas como el nuevo Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, que hasta ahora solo ha dado pasos infantiles en este campo.

De todos los desafíos del desarrollo, el de la movilidad internacional de trabajadores es uno de los que exigirá un mayor esfuerzo de creatividad y acuerdo político. El premio, a cambio, podría ser incalculable. El potencial no liberado de un modelo de migraciones laborales más justo e inteligente es, al mismo tiempo, una oportunidad de reducir el abismo de la desigualdad, amortiguar los desequilibrios demográficos globales y abordar la crisis de desplazamiento forzoso de manera separada. Es difícil aspirar a más.

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