Dos muertos y más de 40 heridos en un enfrentamiento en Tanzania entre masáis y policía

Las tensiones entre el Gobierno de Tanzania y los masáis por la propiedad y el uso de las tierras ancestrales de estos últimos se han recrudecido en la última semana y de momento, deja dos muertos y un reguero de heridos en el distrito de Ngorongoro, en el norte de Tanzania. La primera víctima mortal confirmada es un policía que perdió la vida el pasado viernes, durante un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y la comunidad masái local, que estaba protestando contra el desplazamiento forzado de más de 70.000 personas de esta minoría. La ONG Survival también ha alertado de que hay un segundo fallecido, en este caso un masái, arrollado por un coche de policía el sábado. También han resultado heridas 31 personas por balazos y otras 13 con machetes.

Este lunes, la situación aún está lejos de calmarse, según denuncian los activistas que se encuentran en contacto con las comunidades. “Más de 300 personas, incluidos niños, se están reuniendo en el monte por temor a que les tiroteen en sus casas. La policía está disparando a las viviendas, golpeando y deteniendo a cualquiera que se encuentre en su camino”, ha publicado Fiore Longo, miembro del movimiento global por los pueblos indígenas Survival International, este lunes por la mañana en su cuenta de Twitter. En conversación telefónica con este medio, la investigadora asegura que en su organización ha contado también 19 personas detenidas cuyo paradero se desconoce, en concreto 10 miembros de la comunidad y nueve líderes políticos. “Están buscando y arrestando a quienes hicieron los vídeos [publicados en redes sociales el fin de semana], así que la gente está asustada y ha ido a esconderse al monte”, afirma la experta.

Los masáis de Loliondo, una región en el norte del país, llevan varios años oponiéndose a las autoridades tanzanas, a las que acusan de querer expulsarlos de parte de su hábitat para convertirlo en una zona reservada a los safaris y a la caza privada. Este último episodio de violencia comenzó el 8 de junio, cuando llegaron hasta Loliondo decenas de vehículos policiales y más de 700 agentes entre policía, miembros del ejército y guardabosques gubernamentales, según ha denunciado Survival en un comunicado difundido este lunes.

El Gobierno ha negado estas acusaciones, y afirma que su intención es proteger de la actividad humana unos 1.500 kilómetros cuadrados de una zona cercana al Parque Nacional del Serengueti, escenario habitual de safaris turísticos, pero que la comunidad masái aún dispondrá de una extensión de otros 2.500 kilómetros de terreno para pastorear sus rebaños. “No está previsto ningún desalojo en Loliondo”, reiteró el Primer Ministro, Kassim Majaliwa, el pasado viernes en el Parlamento.

El anuncio de la muerte del agente de la autoridad llegó a través de una declaración en vídeo realizada el sábado por la tarde por el prefecto regional de la ciudad de Arusha, John Mongella. Este aseguró que el funcionario fue abatido cuando los agentes fueron a instalar los postes para cerrar la nueva zona de uso restringido. “Es muy lamentable que un policía haya muerto por las flechas disparadas por un grupo de personas que quería bloquear la instalación de las balizas y que incluso quería atacar a quienes estaban llevando a cabo estas operaciones”, manifestó.

Desde el pasado viernes, decenas de fotos y vídeos difundidos en redes sociales han mostrado cómo los pastores masáis se oponían a esta operación y, con sus bastones en alto, protestaban enérgicamente. En las imágenes, no obstante, también se distingue cómo los manifestantes se dispersaban mientras sonaban disparos. Según los activistas de la comunidad, la policía disparó munición real y gases lacrimógenos, también a mujeres.

El abogado y activista por los derechos humanos Joseph Moses Oleshangay fue quien confirmó, ya el sábado por la tarde en Twitter, que alrededor de 40 personas resultaron gravemente heridas. También informó de la desaparición de un hombre de unos 80 años y en conversación telefónica con este periódico ha asegurado que son dos los muertos en este estallido violento: “Se ha informado de dos casos mortales, uno de un masái y otro de un policía. Sin embargo, el Gobierno [solo] ha confirmado la muerte de un oficial de policía con una flecha”, han sido sus palabras.

Por su parte, el presidente de la Coalición de Defensores de Derechos Humanos de Tanzania, Onesmo Olengurumwa, se refirió a “varias personas heridas y sin medicar” y a “ocho funcionarios de la circunscripción” cuya suerte se desconoce. Este activista pidió a la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, que interviniera. Sin embargo, el portavoz gubernamental, John Mongela, negó que hubiera heridos en los hospitales. “Si alguien ha resultado herido, debe venir a recibir tratamiento”, afirmó. También opinó que las imágenes en redes sociales “estaban siendo difundidas por personas con malas intenciones”.

Mientras, en esas mismas redes sociales, quienes apoyan a las comunidades afectadas afirman que los heridos no pueden acudir a los centros de salud locales por temor a ser arrestados. Los más graves, al menos 26 de ellos, según los datos consultados por este periódico, han sido trasladados a los hospitales de Olaalaimutia, Posumoru y Bomet, y al dispensario de Ololosokwan, que están todos en el condado de Narok del país vecino: Kenia.

Un enfrentamiento que viene de largo

Las fuerzas de seguridad permanecen desplegadas en la región y están obligando a muchas familias a abandonar sus casas desde principios de junio, cuando las autoridades tanzanas anunciaron su intención de poner en marcha una reserva de fauna cuanto antes. “Los testimonios y fuentes sobre el terreno nos informan de que en estos momentos, militares están disparando a los masáis (para expulsarlos de sus hogares)”, denunciaba Longo el pasado viernes en declaraciones a la agencia EFE.

Desde el Instituto Oakland explican que la presencia de esa fuerza policial indica que el Gobierno ha avanzado en sus planes de cambiar el estatus de la zona de control de caza de Loliondo por el de reserva de caza, lo que provocaría el desalojo masivo de los masáis que viven en aldeas legalmente registradas dentro de la zona. “A pesar de las pausas anteriores, el Gobierno tanzano está avanzando ciegamente con los planes de expulsar a los pastores de sus tierras para despejar el camino a la caza de trofeos”, ha denunciado la directora ejecutiva, Anuradha Mittal. “La movilización internacional sobre estos acontecimientos es imperativa para ayudar a detener esta medida desastrosa e ilegal”, ha subrayado.

La empresa Otterlo Business Company (OBC), con sede en los Emiratos Árabes Unidos, ha mostrado en varias ocasiones su interés por crear y gestionar una nueva reserva de fauna con más de 1.500 kilómetros cuadrados en Loliondo con el objetivo de organizar safaris de caza. Por esta razón, en 2009, miles de familias masái fueron desalojadas de la región. Sin embargo, las comunidades locales detuvieron aquellos planes en 2018, cuando, después de llevar este caso a la Corte de Justicia del Este de África (EACJ), los jueces prohibieron al Gobierno de Tanzania desplazar a las personas que vivían allí hasta que emitiesen su veredicto final.

La zona de Loliondo está a 125 kilómetros al norte de la famosa Reserva de Caza del Ngorongoro, donde el Gobierno quiere frenar el crecimiento demográfico. Pero en esta región también habitan desde tiempos inmemoriales las comunidades masáis y sus rebaños, que compiten por el territorio con los animales salvajes. El Gobierno sostiene que ha ofrecido a los residentes del cráter del Ngorongoro un programa de reubicación voluntaria.

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