Escuelas y agricultores locales, unidos para alimentar a los niños en Guatemala

En unos días empezará la recolecta de los tomates de Manuel Quej Tipol, y no solo lo celebra él. El director de la escuela Manuela P. de Contreras, en el silvestre municipio guatemalteco de Tamahú, también los espera con ganas. Aunque los colegios lleven casi un año cerrados por la pandemia, los almuerzos del comedor se han sustituido por entregas periódicas de alimentos sin procesar y cultivados por agricultores locales como Manuel. Cada 25 días, los 457 alumnos del centro reciben las jugosas verduras del joven productor, los frijoles de Irma Alesia y los plátanos de Rosalina Rax. Aunque desde 2017 existe una ley que obliga a las escuelas a comprar al menos la mitad de los ingredientes a agentes locales, Tamahú es el primer municipio del departamento de Alta Verapaz en cumplirlo. Por eso, cada vez que Quej recoge la bolsa que le corresponde por su hija Andrea, de seis años, el orgullo es doble.

Cuando Manuel Quej mira sus ocho cuerdas de tomate cultivado —el equivalente a 3.632 metros cuadrados— se le escapa un largo suspiro. Hace siete meses que esta plantación, localizada en la ladera fuertemente inclinada de una montaña de la zona, se inundó por completo a causa de los dos huracanes que azotaron Centroamérica. A principios de noviembre, fue Eta y solo unas semanas después, Iota. “Arrasó con todo”, relata. “Esto que ve era todo lodo. No salvé ni una caja de tomates”. La tierra, sin embargo, no conserva ninguna cicatriz de ese pasado. Hoy en su terreno lucen incontables hileras de plantas con brotes verdes y miles de frutos colgando. Andrea se agacha frente a ellos a revisarlos con su papá. “Ya están casi”, indica la experta. “Estaba bien bonito el frijol cuando el Eta se lo llevó todo”, dice Alesia unas horas más tarde desde su pequeña finca, a pocos kilómetros de la de Quej. Desde que recoja el frijol de esta siembra, plantará maíz.

Los estragos de los ciclones han sido muy difíciles de sobrellevar. El acuerdo con las escuelas ha sido la esperanza de muchos

Los estragos de los ciclones han sido muy difíciles de sobrellevar, sobre todo para estos pequeños agricultores a los que la pandemia prohibió la venta ambulante. Sin embargo, el acuerdo con las escuelas ha sido la esperanza de muchos. Déborah Suc, técnico territorial del Programa de alimentación escolar de la FAO Guatemala, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, visita regularmente comunidades rurales como esta, la Aldea Naxombal, para incentivar a que cada vez sean más los productores que se inscriban oficialmente como tales. “Muchos de ellos trabajaban la tierra de más informal. El problema de los pueblos es que muchos no se fían o piensan que perderán sus ganancias por pagar impuestos. Entonces, toca venir y explicarles que es por el bien de todos. Por el de sus hijos y por el de sus propios negocios”, explica.

La Ley de Alimentación Escolar, aprobada en 2017, está pensada para apoyar dos grandes sombras del país: la empobrecida economía del sector primario y las elevadísimas tasas de inseguridad alimentaria. En Guatemala, uno de cada dos niños padece desnutrición crónica. Es el país de Latinoamérica más afectado y el sexto a nivel mundial, según datos de Acción contra el Hambre y Unicef. Lo que establece la normativa es que las 34.000 escuelas oficiales tienen que adquirir, al menos, el 50% de los productos a proveedores locales. Los menús se van adaptando en función de la oferta y las temporadas y tienen un valor de cuatro quetzales por niño al día (medio euro). “Así también garantizamos que la calidad sea óptima”, resume Milton Orozco, enlace institucional de la FAO con el Programa de Alimentación Escolar: “Es un programa en el que ganan todos”.

Para Carlos Carrera, el representante de Unicef Guatemala, las refacciones son el gancho para que muchas familias mantengan a sus hijos matriculados: “Nos temíamos que muchos niños abandonaran la escuela y ha pasado justamente lo contrario. En parte, por este programa de alimentación escolar y también por el seguro médico impulsado por el Gobierno. Siempre es malo que haya abandono, pero el de este último año es relativamente pequeño”. En 2020, 106.000 estudiantes dejaron prematuramente las clases. Esta cifra cayó del 4,2% al 1,5% en primaria y del 3,7% a 2,7% en infantil, con respecto al año anterior, según cifras del Ministerio de Educación.

Desde 2017 las escuelas tienen que adquirir al menos el 50% de los productos a proveedores locales, quienes definen los menús en función de las temporadas. Corresponde medio euro por alumno al día

Pero para materializar la normativa hace falta la coordinación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el de Educación y toda una red de pequeños productores que ni siquiera están inscritos como tales. En todo el departamento constan 119 agricultores y en el municipio de Tamahú, apenas cinco, según datos de la delegación local de la FAO. Pero son muchos más. “Detrás de cada uno inscrito hay muchas personas que también cosechan y lo respaldan. Es una red que se aglomera en unos pocos como don César, que es quien emite la factura”, explica Déborah Suc.

Don César Ja Juc es el presidente de la Asociación de Productores de Agricultura Familiar, una cooperativa con 55 socios. Uno de los motores económicos del municipio y donde descansa la ilusión de una comunidad que pelea por salir adelante entre tanta dificultad. En un amplio cobertizo de madera se apilan frutas, verduras y legumbres de unos y otros, ordenadas en cajas de plástico amarillo. Desde este galpón se preparan las bolsas de alimentos que luego se llevan a las 34 escuelas de la zona. “Es un orgullo porque somos un gran equipo y nos aconsejamos. Cuando uno necesita semillas, el otro se las presta y le recomienda otros cultivos o fertilizantes... Nos alegra también estar alimentando a los más pequeños”, dice desde el local. Al medio centenar de productores que le escuchan hablar se les nota la sonrisa incluso detrás de la mascarilla. Esto les ha unido más.

Harina de maíz, verduras, frijol y plátanos

En las escuelas, el día del reparto de alimentos es una fiesta. A las siete de la mañana ya hay una larga cola de mujeres con bolsas de rafia vacías y el susurro de despensas sin llenar. Una hora más tarde, se abren las puertas del colegio Manuela P. de Contreras y varios profesores reparten gel hidroalcohólico y toman la temperatura. “¿Primero de primaria?”, pregunta la mamá de Olga Marina, Alba Estela y Gloria Florida. La profesora de Olga, Enma Ta Morales, agita la mano para que la reconozca y sepa a cuál de las mesas dirigirse. Detrás de la mascarilla y la careta de plástico es complicado saber quién es quién.

Se saludan con toda la cercanía que permite las medidas de seguridad y le cuenta brevemente que su hija la extraña. Luego, recoge las dos bolsas que le tocan y firma con el dedo. Por cada alumno, tres libras (1,4 kilos) de frijol negro, dos saquitos de harina de maíz, 15 huevos, un kilo de azúcar, una libra (0,5 kilos) de ejote (habas), un litro de aceite de girasol y un par de kilos de verduras. En otro pupitre gastado y bajo un letrero escrito a mano en el que dice: “Quinto A y B”, Sergio Vinicio López recibe a la siguiente madre. La de Marvin.

“¿Firmás o con huella, mija?, le pregunta mezclando español y poqomchi, la lengua indígena de la zona. La señora muestra el dedo ya manchado de tinta azul. “¡Ay, cómo tenés ese dedo! ¡Muchos hijos!”, responde a carcajadas. Es madre de cuatro. La mayoría de las que llegan son mujeres analfabetas que no tienen firma. “La semana que viene, primero Dios, reabrimos”, explica el profesor, “Y estamos deseando volver a ver a los niños, así sea en estas condiciones. En mis grados ya es muy normal que muchos dejen la escuela y empiecen a trabajar. Si no vuelven rápido a las aulas, seguro que alguna de mis niñas serán mamás al año que viene y los varones empezarán a trabajar el campo”.

Rosalina Rax, la primera mujer proveedora de muchas

Cultiva plátano, maíz y frijol desde los 21. Rosalina Rax, 24 años, llega a la escuela en la moto de segunda mano que compró gracias a las ventas de su familia del último año, cerca de 150.000 quetzales (17.000 euros). Es de Panzos, un pueblo del departamento de Alta Verapaz, y el año pasado se unió al grupo de cinco proveedores inscritos al programa de alimentación escolar. Es la primera mujer en hacerlo. “Pero de seguro no la última”, afirma con orgullo pero humildad. Y es que no fue fácil. “Al principio otros agricultores hablaban mal de mí para que no me compraran. Tenía miedo y rabia”, cuenta. Hoy es el ejemplo de su comunidad. La siembra es la principal fuente de ingresos de los 12 miembros de la familia. Tíos, esposo, cuñados y suegros; todos están implicados y siguen las directrices de esta joven. A veces, como hoy, se acerca para ver las caras de las madres que llevan sus alimentos a casa. La satisfacción se le nota en los ojos. No se queda mucho rato, mañana entrega a la escuela Poza Azul Uno (85 alumnos) y San Vicente La Playa (268 alumnos), y aún queda mucho trabajo por hacer. Lleva días dándole vueltas a comprar algunas gallinas ponedoras y vender sus huevos también: “Hay tantas cosas que podemos hacer. Si yo pude, las demás mujeres que lo intenten también”.

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