El bloqueo documental para expulsar a jóvenes extutelados de Melilla
Los adolescentes migrantes acogidos por la Ciudad Autónoma acaban en situación de irregularidad y con orden de expulsión al cumplir la mayoría de edad por las trabas administrativas a las que se enfrentan, agravadas por la crisis de la covid-19
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El tiempo corre contra reloj para los menores migrantes acogidos por la Ciudad Autónoma de Melilla a pesar de llevar hasta tres años o incluso más bajo su tutela. Cada día que pasa es un día menos para cumplir la mayoría de edad. Lejos de celebrar la llegada de los 18 años, temen ser expulsados del país por encontrarse con una situación documental irregular derivada de la dejación de funciones de la administración a la hora de cumplir con los procedimientos y plazos para regularizar la situación de los jóvenes tutelados por el Estado. Este temor queda apaciguado por el actual cierre de frontera derivado a la crisis sanitaria, pero latente a la espera de conocer la fecha de reapertura y, consecuentemente, de reactivación de las expulsiones.
Karim y Said son dos chicos marroquíes, residentes en el centro de menores de La Purísima, que prefieren utilizar estos pseudónimos para compartir sus testimonios y evitar represalias. Llegaron a la ciudad española hace casi un año, procedentes de diferentes localidades del norte de Marruecos, pero con un contexto sociofamiliar similar: maltrato, violencia, pobreza y falta de oportunidades; y las mismas esperanzas puestas en Europa como el inicio de una nueva vida.
Sin embargo, sus ilusiones pueden verse truncadas porque de momento siguen sin estar documentados como dicta el Reglamento de Extranjería. A mediados del pasado mes de octubre se concentraron junto con otros 70 adolescentes en la misma situación ante la consejería de Políticas Sociales y la Oficina de Extranjería y Fiscalía del Menor para reivindicar la tramitación de sus papeles en tiempo y forma para regularizar su situación, algo imprescindible para tener luz verde y cruzar hacia la Península. Ahí esperan reiniciar su proyecto de vida una vez cumplidos los 18 años y tener más oportunidades formativas y laborales que las que ofrece la ciudad autónoma. Con los papeles en regla, atrás queda el fantasma de la irregularidad que les acecha y amenaza con dejarles encerrados en Melilla para después ser expulsados.
“Tenía cita para hacer el trámite de las huellas y así conseguir la Tarjeta de Identificación de Extranjeros (TIE), pero llegó el coronavirus, cerraron la oficina y ahora todo sigue paralizado. Únicamente han tramitado algunas cédulas de inscripción para quienes no tienen pasaporte, por lo demás, todo está bloqueado”, relata Karim.
Este chico de 17 años dejó atrás su trabajo en la construcción con la intención de estudiar y encontrar un empleo que le permita enviar dinero a su familia. Por ello, no ha dejado escapar ninguna oportunidad de aprender en los diferentes cursos que ofrecen en el centro de acogida. “He hecho cursos de obra, jardinería y carpintería. Me apunto a todos los que organizan para mejorar y trabajar, pero sin documentación no podré hacerlo”, lamenta.
Su compañero Said se encuentra en una situación similar. Le quedan cuatro meses para ser mayor de edad y todavía está pendiente de poder fichar sus huellas para obtener la TIE. El mismo día de su cumpleaños será obligado a abandonar el centro y trasladado a la plaza de toros de Melilla, instalaciones de acogida improvisada para mayores de edad, donde se encuentran más de 310 jóvenes extutelados que cumplieron los 18 años tras el estallido de la crisis sanitaria y no han podido regularizar su situación documental, así como otros ciudadanos marroquíes que se quedaron varados en la ciudad autónoma con el cierre de la frontera en marzo.
En su caso, deja atrás un hogar marcado por la violencia que su padre ejercía sobre su madre y tiene sus esperanzas puestas al otro lado del mar de Alborán. En la Península espera encontrar más oportunidades formativas que le permitan encontrar trabajo. Said es práctico: “Me conformo con cualquier cosa con tal de tener un sueldo con el que ayudar a mi madre y hermanas. No tengo a nadie en la península, empezaré de cero, pero para eso antes debo cruzar el Mediterráneo”.
Ambos participaron en la concentración de hace poco más de un mes para reclamar el cumplimiento de los trámites de Extranjería. Una semana más tarde, el centro de acogida publicaba un listado con el nombre de los menores que debían registrar la huella. Ninguno de los dos ni el resto de los setenta asistentes constaba en ese listado. Karim y Said se preguntan si es coincidencia o una represalia.
Desde la Ciudad niegan cualquier relación entre ambas circunstancias e insisten en que los trámites siguen adelante para la regularización de estos menores en su transición a la vida adulta, aunque reconocen que la pandemia de covid-19 ha afectado al normal desarrollo de los tiempos debido a los meses de confinamiento y acumulación de trabajo. A ello suman la lentitud de la adaptación al proceso del teletrabajo, para reactivar la actividad en el actual contexto de crisis.
Según los datos facilitados por la Viceconsejería del Menor, a mediados de noviembre el centro de La Purísima acoge a 398 menores ―a pesar de que su capacidad máxima es de 350―. Los menores de 16 años están escolarizados en colegios o institutos para cursar la educación obligatoria, mientras que los mayores de 16 están inscritos en cursos formativos de cocina, mantenimiento, jardinería, fontanería, limpieza, entre otros; cursos que abandonan al cumplir la mayoría de edad.
De estos últimos, en lo que queda de año cerca de una treintena cumplió los 18 y dejó el centro como lo hicieron Tarek y Yunes, cuando fueron trasladados hasta la plaza de toros. Ahora que son mayores de edad los trámites se complican: deben conseguir un padrón que les acredite como residentes para poder registrar sus huellas y obtener la TIE. De esta forma los trámites se alargan en el tiempo y los plazos pasan, la residencia caduca y estos jóvenes extutelados pasan a estar en una situación de irregularidad, por lo que pueden ser expulsados del país.
Las organizaciones Solidary Wheels y No Name Kitchen asisten a estos cuatro jóvenes que han querido contar sus testimonios para dar a conocer las trabas documentales a las que se enfrentan para regularizar su situación. Estas entidades critican que el área del Menor también se esté negando a hacer frente al pago de las tasas ―que asciende a 18 euros por cada toma de huellas por niño― que conllevan estos trámites, de ahí que no avancen las gestiones ni se resuelvan los expedientes. No obstante, alertan de algo peor: “la demora deliberada de la Administración, que no comienza la tramitación hasta pasados los nueve meses de plazo límite que fija la ley para ello mientras esperan la respuesta de Marruecos para su repatriación”, respuesta que nunca llega y deja la responsabilidad de la atención de estos menores en la administración española.
De esta forma, los chicos más mayores no tienen apenas margen para obtener los papeles a tiempo. El miedo de Said y Karim va más allá a quedarse en la calle, temen no poder cruzar el mar y encontrar un trabajo que les permita ayudar a sus familias. Miran el calendario y cuentan los días que les queda para ser mayores de edad.
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