Torturas y secuestros en Egipto por ser un adolescente rebelde

Era de noche y Abdoullah Boumadian estaba con su madre en casa, en la región egipcia del Sinaí, cuando fue arrestado. Nadie supo de él durante seis meses, un tiempo que pasó en un lugar desconocido y donde se le sometió a electrocuciones y ahogamientos simulados, una tortura que consiste en tumbar a la víctima, colocarle un pañuelo sobre la cara y verter agua continuamente sobre ella para que no pueda respirar y entre en pánico. ¿Su delito? Ser hermano de otro joven que se había unido a Wilayat Sina', la filial de los terroristas del Estado Islámico en Egipto. Cuando Abdoullah fue apresado y torturado tenía solo 12 años.

El caso de este niño está lejos de ser el único en Egipto, según denuncian las principales organizaciones en defensa de derechos humanos. En una de las últimas publicaciones al respecto, de esta primavera, la internacional Human Rights Watch (HRW) y la local Belady: Island for Humanity detallan los ejemplos de hasta 20 adolescentes que fueron detenidos de manera arbitraria, torturados y privados de libertad y de un juicio justo entre 2014 y 2019. Ellos son la muestra de una realidad que ha afectado a cientos de menores de edad en un país donde este tipo de tormentos supone “una práctica sistémica”, según concluyó el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura en julio de 2017. De hecho, Belady ha recopilado hasta 2.000 ejemplos de niños arrestados desde 2013.

“Es muy difícil conocer la cifra exacta porque las autoridades egipcias rechazan aportar información”, expone Bill Van Esveld, director del área de infancia de HRW. “Los niños describen cómo se les sumergió en agua y se les aplicaron descargas eléctricas en la lengua y los genitales, pero las fuerzas de seguridad de Egipto no se hacen responsables”, denuncia Van Esveld, de HRW y coautor del informe, y agrega que antes del lanzamiento se pusieron en contacto con las autoridades egipcias para darles la oportunidad de responder, algo a lo que se negaron. El Servicio de Información egipcio sí hizo una declaración al respecto en 2018 para responder a una carta publicada por Amnistía Internacional con acusaciones similares. En ella, negaba haber cometido violación alguna de los derechos de los menores de edad. “De los 20 casos que describimos, 20 corresponden a niños que fueron arrestados de manera arbitraria, 15 fueron torturados durante los interrogatorios, 19 fueron detenidos sin ser presentados ante un juez dentro de las 24 horas que exige la ley y muchos desaparecieron por períodos de hasta 15 meses”, rebate Van Esveld.

La Convención sobre los Derechos del Niño dispone que todas las medidas relacionadas con menores de edad deben atender al interés superior de estos. Y, por tanto, la privación de libertad “solo debe utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible, y debe cumplir con todos los estándares internacionales”, advierte Brigid Kennedy Pfister, asesora sénior de protección a la infancia de Unicef. No obstante, los niños y adolescentes sospechosos de haber cometido un delito son a menudo arrestados y no solo en Egipto, sino en todo el mundo: hasta 1,5 millones se encuentran entre rejas y otro millón más aproximadamente está bajo detención policial, según las estimaciones más conservadoras de las Naciones Unidas.

En 2019, el estudio mundial de la ONU sobre los niños privados de libertad, dirigido por el experto independiente Manfred Nowak, destacó que los Estados los detienen por diversas razones, entre ellas porque puedan suponer una “amenaza para la seguridad nacional”. Y no es tanto por la existencia de una verdadera asociación con grupos armados o radicales, sino por la presuposición de que ellos o alguno de sus familiares puedan ser afines a estos, como le ocurrió a Abdoullah Boumadian a causa de su presunto hermano terrorista. Las estimaciones de este informe rondan los 35.000 menores detenidos por ese delito en 2019.

La ONG suiza de protección de infancia Terre des Hommes, que lidera un programa especializado de acceso a la justicia para niños/as y adolescentes, lo ha visto en muchas ocasiones, especialmente en Oriente Medio. “En esta región, participar en una manifestación implica que te pueden detener bajo ese pretexto”, indica Marta Gil, experta en Justicia para la infancia de esta organización. “Si ese es el cargo que se te impone ―y se puede imponer de manera muy fácil― estos menores están muy expuestos a ser arrestados y juzgados por exaltación del terrorismo, por delitos relacionados con la seguridad nacional, ir en contra los valores de tu país y tu patria... En muchas ocasiones los hemos visto juzgados por delitos muy graves, con consecuencias drásticas en sus vidas y las de sus familias. Cuando los cargos son por razones relacionadas con la seguridad nacional y/o terrorismo, los sistemas judiciales se olvidan de que son menores. Es una situación que urge abordar y cambiar”.

De hecho, Terre des Hommes acaba de publicar sus averiguaciones sobre qué está pasando en estos países que están legislando a favor de la seguridad pública sin tener en cuenta la situación que atañe la os niños y adolescentes, y aporta recomendaciones sobre la manera de abordar el cambio de estos sistemas judiciales y garantizar los derechos de los menores de edad acusados por este tipo de delitos, incluidos los reclutados y utilizados por grupos armados. Su informe Acceso a la justicia para niños y jóvenes en contextos de lucha contra el terrorismo explica la situación de la infancia en países donde el aumento del terrorismo y de grupos radicales durante la última década ha propiciado un endurecimiento de su legislación. Pero en Egipto, en concreto, HRW afirma que desde el que el ejército destituyó por la fuerza al primer presidente electo, Mohamed Morsi, en 2013, el Gobierno del siguiente mandatario, Abdel Fattah al-Sisi, ha permitido una fuerte represión hacia manifestantes, opositores políticos, periodistas independiente y defensores de derechos humanos.

Se trata de una represión que se lleva por delante también a los menores de edad. El país había desarrollado en los últimos años una serie de medidas que protegían a la infancia, entre ellas la creación de prisiones específicas, pero la última legislación aprobada sobre delitos relacionados con el terrorismo no tiene en cuenta la situación de los niños. Son muestras de ello los 20 testimonios de menores recabados por HRW y Belady: por ejemplo, el caso de Karim Hamida, que fue acusado de terrorismo y condenado a muerte ―condena conmutada a 10 años de cárcel― por lanzar petardos en una protesta en Giza; o el de Wesam W., detenido y en paradero desconocido durante un año, cuando se dirigía a una manifestación en El Cairo ―ni siquiera había llegado― contra la decisión de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital de Israel; o el de Maged M., juzgado en un tribunal militar por matar a unos policías a los 14 años junto a otros 25 menores de edad, aunque finalmente todos fueron absueltos; o el de Ziad Z., de 15 años, arrestado mientras trasladaba al hospital a un herido durante unas protestas también en la capital, o el de Firas F., de 14 años, por llevar una camiseta con un mensaje crítico con el Gobierno.

Estos ejemplos se corresponden con una situación que Marta Gil observa a menudo en los países donde trabajan: la de niños detenidos por estar presuntamente radicalizados. “Pero no puedes detener a un niño por el mero hecho de afirmar que está radicalizado si no ha cometido en sí mismo un acto que sea un crimen estipulado en el Código Penal y que pueda ser probado en un proceso judicial; hay muchas situaciones diferentes, pero vemos que esa privación de libertad se da mucho más en niños y niñas por una cuestión preventiva sin que se haya demostrado que cometieron un delito en sí”, lamenta. “Cuando se ha probado que un menor ha cometido un delito de este tipo ―advierte la experta―; abogamos por un proceso de responsabilidad hacia estos menores que tenga en cuenta su edad y circunstancias, y que aplique un enfoque de justicia restaurativa, centrado en su rehabilitación y reintegración”.

Torturados y retenidos extraoficialmente

Aunque la tipificación de delitos contra la patria se ha dado en toda la región, la particularidad de Egipto es que los operadores de protección de la infancia tienen menor acceso a este tipo de casos. Cuando un menor de edad es detenido bajo cargos de ofensas contra la seguridad nacional, pasa por un carrusel de desapariciones, abusos y torturas por parte de los miembros de la Agencia de Seguridad Nacional del Ministerio de Interior, principalmente, pero también a manos de la policía e incluso del ejército, según denuncian HRW y Belady. Ambas organizaciones corroboraron las declaraciones de los adolescentes, sus familias y sus abogados recopilando documentos judiciales, registros médicos y vídeos. Entre esos testimonios está el de Yahia Y., de 17 años: tras ser detenido, en la comisaría lo arrastraron por el pelo, le vendaron los ojos, le golpearon en la cabeza con una porra de cuero “60 o 70 veces”, lo electrocutaron y lo suspendieron del techo hasta dislocarle los hombros. Después de siete días de tortura, el chico acabó confesando algo que no había hecho. Hamza pasó su décimo quinto cumpleaños de puntillas, sobre unos clavos afilados que le habían colocado bajo los talones. Ziad fue golpeado y electrocutado durante tres días de interrogatorios. Un pariente describe su aspecto cuando fue devuelto a la familia: “Todo su cuerpo estaba hinchado por los golpes. Tenía heridas en las piernas y las plantas de los pies estaban inflamadas y llenas de cicatrices. Los empeines estaban de color negro. Tenía fiebre y se sentía muy cansado”.

Belady, por otra parte, también ha documentado los casos de 47 niños que desaparecieron tras ser arrestados en sus casas en diciembre de 2019, en Suez, y que reaparecieron en marzo de 2020, justo antes del juicio. “Llevaban la misma ropa que cuando fueron detenidos, algunos hasta habían perdido los zapatos. Y solo cinco han sido liberados de momento”, abunda Van Esveld. Hussein Baoumi, investigador de Amnistía Internacional, explica que ellos también han documentado torturas como descargas eléctricas, palizas con diversos objetos, amenazas de tortura a sus seres queridos y de violación a las mujeres de la familia. En cuanto a las desapariciones, “durante periodos de meses, incluso, nadie sabe dónde están sus seres queridos, si están bajo custodia policial o no, si están vivos o muertos”, describe.

No hay un sistema judicial adecuado para los niños

“Los sistemas judiciales no están adaptados a los niños. De ese millón y medio de arrestados del que hablamos, la mayoría se encuentra en detención prejudicial, es decir, que ni siquiera han sido acusados formalmente y están privados de libertad durante tres meses, cuatro, un año... Sin acceso a un juicio justo o un proceso que contemple su presunción de inocencia”, critica Gil. Luego, en el momento de ser finalmente juzgado, suele ser frente a “tribunales militares sin la presencia de sus padres o cuidadores, sin una comprensión clara de los cargos presentados contra ellos, sin asistencia jurídica y sin que se respeten sus derechos procesales”, describe en su informe Nowak, el experto independiente de las Naciones Unidas. “Después de un periodo de desaparición, sabemos que muchos de los niños acusados de delitos contra la seguridad nacional son llevados a las dependencias de la Agencia de Seguridad Nacional en El Cairo e interrogados sin un abogado presente y sin asesoramiento. Y basándose en ese cuestionario, luego pueden ser condenados a cárcel durante meses o años”, completa Baoumy de AI.

En la última década se han aprobado en los países de la región leyes llamadas “de justicia juvenil” en las que se han tomado en serio las recomendaciones del Comité de Derechos de la Infancia, pero ocurre que, cuando un juez estudia el delito por el que se está acusando a un menor, tiene que consultar el Código Penal para aplicar la pena. “Las leyes de justicia juvenil hablan de recomendaciones o guías que debes seguir como juez, policía o trabajador social, pero al final vuelves al Código Penal y este no tiene en cuenta atenuantes ni consideraciones especiales para la infancia”, aclara Gil.

Un daño “irreparable”

Al final del camino, la consecuencia de que un menor de edad haya sido privado de libertad y de un juicio justo repercute en su futuro. En prisión no solo cortan con el mundo exterior, sino que son encarcelados generalmente con adultos y tratados como tales, amén de que están todos juntos: peligrosos delincuentes junto a chavales que quizá están allí por haber ido a una protesta pacífica. Para los chicos es muy difícil comprender ese cambio tan brusco, y además no saben qué les va a pasar, carecen de un asesoramiento adecuado a su lenguaje y a su momento de desarrollo, según Gil. “Si no puedes acceder a una información que tú entiendas como niño, es muy difícil que obtengas un juicio justo”, explica la experta. “Los que son retenidos en condiciones de detención propias de adultos se enfrentan a un elevado riesgo de violencia y explotación, y a un daño psicológico irreparable”, añade Kennedy Pfister, de Unicef. “Pueden sufrir ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y un incremento de su agresividad. Esos problemas persistirán durante años y les hará más difícil reintegrarse socialmente”.

Por otra parte, las personas que están en prisión con ellos, salvo casos muy puntuales, no han tenido una formación específica sobre cómo atender a niños privados de libertad ni trabajan con un enfoque reintegrador. “Y un matiz muy importante es que se les está acusando de delitos cuando ni siquiera tienen la madurez mental para entender la situación o lo que entienden viene muy manipulado por otros adultos", insiste Gil, en referencia a las acusaciones relacionadas con la exaltación del terrorismo y contra la seguridad nacional. En la misma línea se pronuncia Pfister: “Los jóvenes que se unen a grupos radicales a menudo lo hacen bajo coacciones y amenazas, no tienen elección. Pero no importa de qué se les acuse: un niño reclutado y utilizado por un grupo armado es un superviviente de una grave violación de sus derechos y debe ser tratado como tal".

Los derechos de Abdoullah Boumadian no fueron respetados. Según las pesquisas de HRW y Belady, el niño estuvo recluido en varios centros de detención del norte de Egipto y reapareció en una comisaría de El Cairo en julio de 2018. Fue interrogado sin la presencia de un abogado y acusado sin pruebas de delitos de terrorismo. Quedó recluido en régimen de aislamiento durante cien días y se le negó la posibilidad de recibir visitas, atención médica o de darse un simple baño. En diciembre de 2018 fue trasladado a otra comisaría de policía después de que se emitiera una orden judicial para ponerlo en libertad. En enero de 2019, un agente de esa comisaría pidió a su hermana mayor que firmara un documento confirmando que la familia ya tenía al menor en casa, y le prometió que se lo entregarían al día siguiente. Cuando esta fue a recogerlo, los agentes le dijeron que no sabía dónde estaba. A día de hoy, su familia no lo ha vuelto a ver y nadie sabe qué le ocurrió. Tenía 12 años.

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