Renuncia a la justicia en El Salvador

Decenas de miles de detenidos en El Salvador bajo el régimen de excepción no figuraban como pandilleros en los registros oficiales. El alarmante dato, sin embargo, no es una anomalía estadística. Es la señal de que el modelo de seguridad de Nayib Bukele ha dejado de distinguir con claridad entre culpables e inocentes. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser policial y se convierte en político.

La reciente reforma constitucional que introduce la cadena perpetua confirma esa deriva. No es solo un endurecimiento penal, es un cambio de paradigma: el abandono explícito de la lógica de reinserción para sustituirla por una visión punitiva absoluta, donde ciertos delitos quedan condenados de por vida sin matices ni horizonte de revisión. La reforma, que fue aprobada como tantas otras sin debate ni contrapesos, refleja otro patrón: cómo el Gobierno de Bukele adopta decisiones estructurales con rapidez, sin escrutinio y bajo una narrativa que presenta cualquier cuestionamiento como una defensa del crimen.

El Gobierno vuelve a escudarse en que la magnitud de la violencia durante décadas en el país centroamericano justifica medidas excepcionales. Es cierto que El Salvador ha experimentado una caída histórica de homicidios, lo que explica el respaldo popular del presidente y la fascinación que genera en otros países. La eficacia, no obstante, no puede convertirse en una coartada para desmantelar los principios básicos del Estado de derecho.

La cadena perpetua es la última medida de un entramado más amplio, como lo es un régimen de excepción prolongado durante años, detenciones masivas que superan el 1% de la población, juicios colectivos y restricciones a las garantías procesales. Ante este panorama, endurecer las penas no refuerza la justicia, sino que la sustituye por una lógica de castigo permanente donde el sistema ya no corrige sus errores, sino que los perpetúa. Cuando la Constitución se modifica para eliminar límites a la dureza, como ha hecho El Salvador, la ley deja de ser un marco de protección y se convierte en un instrumento de poder. El riesgo es más que tangible. Si decenas de miles de detenidos no estaban previamente identificados como pandilleros, la cadena perpetua lleva a plantearse cuántos inocentes podrían quedar condenados de por vida.

El modelo Bukele plantea una disyuntiva seductora y peligrosa: seguridad o derechos. Es una falsa elección. La seguridad que se construye sobre la erosión de garantías no es estable, en la medida en que depende de la concentración de poder y de la ausencia de controles. Esa combinación, en América Latina, tiene una historia conocida. El Salvador ha demostrado que es posible reducir la violencia. La pregunta ahora es si podrá hacerlo sin vaciar de contenido su democracia. Cuando el castigo se vuelve absoluto y el poder deja de tener límites, lo que está en juego es la naturaleza misma del Estado.