Homofobia que mata

El Tribunal Supremo acaba de confirmar las condenas de entre 20 y 24 años de prisión a los tres acusados de asesinar a golpes —en julio de 2021 en A Coruña— a Samuel Luiz Muñiz, así como la absolución del cuarto joven juzgado, condenado en primera instancia a 10 años como cómplice. Los hechos probados no han cambiado desde que hace 13 meses un jurado consideró culpables a los tres autores del crimen: Samuel Luiz, de 24 años, realizaba una videollamada con su móvil en el paseo marítimo de la capital coruñesa cuando un muchacho de su misma edad, creyendo que le grababa, comenzó a golpearle tras gritar: “Deja de grabar; a ver si te voy a matar maricón”. El atacante y varios de sus amigos se ensañaron con Luiz. Lo patearon. Lo persiguieron para impedir que huyese. Lo mataron.

Fue “una suerte de inexplicable linchamiento” de una víctima totalmente desvalida, como señala el Supremo; una “cacería brutal e inhumana”, en palabras de la fiscal durante el juicio. Y fue un asesinato homófobo, como confirman los magistrados del alto tribunal, que en el caso del principal acusado, sobre quien recae la pena más alta, ratifican la agravante de discriminación por orientación sexual.

La muerte de Samuel Luiz conmocionó a toda España y marcó un momento definitorio en la reflexión social sobre un problema habitualmente minimizado. España es una de las sociedades más abiertas a la diversidad sexual. Lo muestran sus leyes y el comportamiento de millones de ciudadanos. Pero, de la mano de la intolerancia rampante de las redes sociales, la fobia al colectivo LGTBIQ+ se está radicalizando. Interior registró el año pasado 528 delitos e incidentes de odio por orientación sexual y de género, lo que supone una subida del 15% en dos años.

Y son solo los hechos conocidos. Pese al mayor repudio social hacia esos actos, se calcula que ocho de cada diez no se denuncian. La discriminación por orientación sexual e identidad de género es el segundo motivo del total de las sentencias por odio consignadas por la Fiscalía General del Estado en su última memoria, correspondiente a 2024, solo por detrás del racismo y la xenofobia. Sin embargo, mientras estas crecieron un 10% con respecto a 2023, las de casos de fobia al colectivo LGTBIQ+ lo hicieron un 22%.

Asesinar al grito de “maricón” no es una anécdota. Es la verbalización de un odio criminal, como acertadamente ha señalado la Federación Estatal LGTBI+. El rechazo a quien no se identifica con una determinada condición sexual contamina a toda la sociedad. No basta con el castigo. La solución solo vendrá por el camino de la prevención, la educación y la convivencia, pero el Supremo ha enviado un inequívoco mensaje de que el Estado de derecho funciona y la intolerancia no queda impune.