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Tribuna
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Cuando la simplificación cambia las reglas

El paquete ómnibus medioambiental reducirá la carga administrativa y facilitará la aplicación de las normas de la UE

La regulación de la regulación se ha convertido en una característica definitoria de la agenda de la Comisión Europea. Durante el último año, seis paquetes ómnibus destinados a simplificar las normas de la UE en una amplia gama de ámbitos políticos han reabierto rápidamente la legislación acordada recientemente. Varios de ellos se encuentran ahora en su fase final, entre ellos el ómnibus sobre medio ambiente, el cual se sometió a votación en el Parlamento Europeo esta semana.

Presentado como un ejercicio de simplificación, el paquete ómnibus medioambiental se enmarca como un esfuerzo por reducir la carga administrativa, armonizar los procedimientos y facilitar la aplicación de las normas de la UE, no una debilitación de la ambición medioambiental. Esa distinción es importante. La simplificación puede ser una ventaja para la transición ecológica. La cuestión es si se está utilizando para aclarar la dirección de Europa, o para ajustarla discretamente bajo presión política.

Esa presión se ha intensificado a medida que los responsables políticos de la UE reevalúan el nivel de ambición normativa que Europa puede mantener en una economía mundial más disputada. El deterioro de las relaciones transatlánticas, marcado por la creciente coacción de Estados Unidos, ha agravado esta tensión. En un artículo reciente, el embajador de Estados Unidos ante la UE argumentó que las normas medioambientales europeas están “matando el crecimiento” e instó al bloque a adoptar la energía barata de Estados Unidos si quiere competir, reforzando así el conocido discurso que contrapone la regulación de la UE a la fortaleza económica.

Al mismo tiempo, China ha intensificado su uso de la presión económica, incluidas las restricciones al acceso a las tierras raras, lo que supone un claro recordatorio de las vulnerabilidades estratégicas de Europa. Junto a la guerra en Ucrania y la creciente incertidumbre sobre la durabilidad de las garantías de seguridad de Estados Unidos y la alianza de la OTAN, este contexto geopolítico ha agudizado la sensación en Bruselas de que la UE debe demostrar competitividad y capacidad de respuesta estratégica, y hacerlo rápidamente. En este contexto, la simplificación se ha convertido cada vez más en una respuesta política.

La ley ómnibus medioambiental, que modifica la Directiva sobre la divulgación de información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) y la Directiva sobre due dilligence en materia de sostenibilidad corporativa (CSDDD), ilustra cómo un debate sobre la aplicación puede derivar en una reevaluación de fondo.

Bajo el acuerdo político alcanzado este mes, el ámbito de aplicación de la CSRD se reduce considerablemente. Las obligaciones de información sólo se aplicarán ahora a las empresas con una facturación mínima de 450 millones de euros y 1000 empleados, lo que excluye a alrededor del 90 % de las empresas que anteriormente habrían entrado en su ámbito de aplicación.

La CSDDD se restringe aún más. Las obligaciones de due dilligence sólo se aplicarán a las empresas con más de 5000 empleados y una facturación de 1500 millones de euros, mientras que el requisito de planes de transición climática obligatorios se ha eliminado por completo. Los plazos de cumplimiento se amplían hasta aproximadamente 2029, las sanciones se limitan al 3 % de la facturación global y la responsabilidad se traslada al ámbito nacional.

Cada uno de estos cambios puede defenderse individualmente por motivos de proporcionalidad. Sin embargo, en conjunto, alteran significativamente el alcance y la función del marco de sostenibilidad de la UE. Los cambios no solo modifican el funcionamiento de las normas, sino también lo que se espera que aporten.

La competitividad es la justificación central de este cambio. Europa se enfrenta a retos económicos reales, como el lento crecimiento, los altos precios de la energía y la dificultad para escalar nuevas tecnologías. Sin embargo, la normativa medioambiental no es una limitación vinculante.

El problema de competitividad de Europa es estructural. La fragmentación de los mercados de capitales, la falta de inversión en infraestructuras e innovación, la lentitud en la concesión de permisos y la limitada escala industrial importan mucho más que los informes de sostenibilidad o los requisitos de due dilligence. Tratar las normas medioambientales como uno de los principales obstáculos corre el riesgo de desviar la atención de estas debilidades más profundas.

Más fundamentalmente, la competitividad y la descarbonización ya no están en tensión. Para Europa, mantener la competitividad depende cada vez más de la implantación de tecnologías limpias y de proporcionar un marco estable y bajo en carbono para la inversión industrial. Ralentizar el ritmo de la descarbonización no compra competitividad, la retrasa.

Las consecuencias de este cambio no se limitan al mercado interior de la UE. Durante años, la influencia de la UE como actor climático se ha basado no solo en la retórica, sino también en su capacidad para traducir la ambición en normas duraderas y cumplirlas.

En un momento en el que la política climática está cada vez más entrelazada con el comercio, la estrategia industrial y la competencia geopolítica, los primeros signos de vacilación son importantes. Recalibrar las normas climáticas acordadas recientemente corre el riesgo de difuminar la posición de la UE, justo cuando otras grandes potencias reevalúan sus propios enfoques y observan de cerca hasta qué punto Europa está dispuesta a defender sus compromisos. En ese contexto, la credibilidad no es un activo abstracto, sino una fuente de influencia.

Las tensiones en torno a la simplificación se extienden ahora por todas las instituciones de la UE. Dentro de la Comisión, la vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera ha cuestionado abiertamente la dirección que está tomando la agenda, advirtiendo que los esfuerzos enmarcados como simplificación corren el riesgo de derivar en desregulación. Sus críticas a lo que ella ha calificado de enfoque “trumpista” y su descripción del proceso como un “terrible espectáculo político” reflejan la preocupación de que se esté dando prioridad a la rapidez y la señalización por encima de la claridad y la previsibilidad.

En el Consejo, los Estados miembros han influido activamente en la trayectoria del ómnibus medioambiental, ante opiniones divergentes sobre hasta dónde debe llegar la simplificación. Mientras que algunas capitales han abogado por agilizar la aplicación sin debilitar la ambición, otras han presionado para que se amplíen las exenciones y se alarguen los plazos, especialmente en ámbitos como las obligaciones de información y due dilligence.

En el Parlamento Europeo, el expediente ha sido impulsado por mayorías cambiantes que abarcan el centro-derecha, la derecha y la extrema derecha, lo que refleja los incentivos cambiantes de la coalición, más que un consenso establecido sobre la política climática. Junto con las críticas del ombudsman de la UE sobre las deficiencias procedimentales, esto ha reforzado la sensación de tensión institucional en cuanto a la forma en la que se está llevando a cabo la simplificación.

Nada de esto convierte la simplificación en un objetivo erróneo. Al contrario, la simplificación es esencial para que la transición ecológica tenga éxito. Sin embargo, debe utilizarse para reforzar los resultados, no para ocultar las decisiones políticas.

Una simplificación eficaz aclara los objetivos, armoniza los plazos, reduce la duplicación y mejora la orientación. Hace que la dirección de la UE sea más fácil de entender y seguir, no más difícil de discernir. Las empresas no piden que se abandone la transición ecológica. Piden claridad sobre hacia dónde se dirige Europa y cómo pretende llegar allí.

Una vez más, la distinción es importante. La simplificación que aclara la dirección refuerza la credibilidad tanto en el interior como en el exterior. La simplificación que reduce silenciosamente la ambición hace lo contrario.

El reto al que se enfrenta Europa hoy en día no es una política climática excesiva, sino la confianza política para defenderla bajo presión.

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