Peramato, un relevo acertado y oportuno

El Gobierno ha resuelto con rapidez y pulcritud el relevo al frente de la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz, condenado —aunque todavía sin sentencia— por revelación de datos personales por el Tribunal Supremo. La elección de Teresa Peramato —fiscal jefe de la Sección Penal del alto tribunal y con un perfil sólido, prestigio, amplia trayectoria y sin polémicas partidistas detrás— es una apuesta adecuada para dotar al Ministerio Público de estabilidad después de meses en los que la controvertida causa judicial contra García Ortiz ha colocado a la institución en el centro del debate político y judicial, abriendo grietas que van a ser difíciles de cerrar.

El nombramiento de una figura solvente y alejada de los focos supone lanzar un mensaje de serenidad especialmente valioso en este momento. Teresa Peramato es una jurista muy respetada, con 35 años en la carrera fiscal y especializada desde hace décadas en violencia machista, mujeres y menores. La reacción del primer partido de la oposición revela lo acertado de la elección: incluso en un momento de máxima crispación como el actual, el PP ha expresado sus cautelas desde el reconocimiento al currículo “ejemplar” de Peramato, que ahora deberá pasar por el informe no vinculante del Consejo General del Poder Judicial y por una comparecencia en el Congreso.

Mientras, todos los ojos siguen puestos en el Tribunal Supremo. La anticipación del fallo condenatorio ha dejado en una situación extremadamente anómala a García Ortiz, sin capacidad de defenderse de los virulentos ataques de una oposición que lo tacha de “delincuente”. El aún fiscal general del Estado sabe que ha sido condenado, pero desconoce tanto las motivaciones como, incluso, los hechos por los que ha sido sentenciado. ¿Ha sido la filtración del correo electrónico del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso dirigido a la Fiscalía reconociendo un fraude fiscal y pidiendo negociar? ¿La nota que la Fiscalía emitió después para desmentir un bulo que se estaba propagando por parte del entorno de la presidenta madrileña? ¿Todo a la vez?

Este vacío no debería haberse producido. Cuando se anuncia una condena sin publicar su motivación —que es la forma en la que se expresan los tribunales de justicia— el debate deja de ser jurídico para convertirse en político o mediático. En este procedimiento, más que en ningún otro, cabía exigir precisión y el máximo rigor, no anticipos. Si se temían filtraciones, la cuestión era sencilla: los siete magistrados solo tenían que haber callado mientras se redactaba la sentencia, máxime cuando lo que se estaba juzgando era precisamente una filtración. Eran ellos los que tenían el deber de guardar y hacer guardar la reserva necesaria para mantener íntegros los derechos del condenado.

García Ortiz ha presentado su renuncia con celeridad para que no se prolongue más una situación institucional ya insostenible y se pueda pasar página de este episodio, que tantas divisiones ha creado. Ahora corresponde al Supremo actuar con idéntica celeridad dando a conocer su motivación para el fallo condenatorio —así como el voto particular de las dos magistradas discrepantes— en un caso que afecta a una de las más altas instituciones del Estado. La vuelta a la normalidad institucional es perentoria. En esa dirección, mientras tanto, el nombramiento de Teresa Peramato por parte del Gobierno es una decisión acertada y oportuna.