Demasiadas muertes en el trabajo

Cuatro trabajadores fallecieron hace dos semanas en Madrid al derrumbarse un edificio en obras. Es una de las últimas tragedias que vuelve a poner dramáticamente nombres a un problema en el que España sigue lamentablemente lejos de los países europeos más avanzados: la elevada siniestralidad laboral, muy especialmente en la construcción. La estructura de la economía española, con un peso cada vez mayor de los servicios, debería favorecer la tendencia a la caída de la siniestralidad, incluso en un contexto de creación de empleo. Entre enero y agosto pasados, murieron durante su jornada laboral 398 trabajadores, un ligero descenso del 1,8% con respecto a igual periodo de 2024. Sin embargo, los fallecidos en la construcción subieron un 21,5% hasta sumar 113, más de un muerto cada tres días y la cifra más alta desde 2020 en este sector. En conjunto, la tasa de accidentes mortales se sitúo en España en 2023 en 1,71 por cada 100.000 trabajadores, frente a una media europea de 1,76. Es una tasa mejor que la de Italia, pero lejos de economías como Países Bajos o Alemania, el nivel que hay que ambicionar.

En toda Europa, la construcción registra la mayor mortalidad en el trabajo. Pero en el caso español no se pueden obviar los altos niveles de subcontratación, los crecientes ritmos de trabajo o la falta de mano de obra. Resulta necesaria más prevención cuando la construcción vive un nuevo auge, en particular en el sector inmobiliario: los visados para levantar nuevas viviendas superaron los 84.000 hasta julio, la cifra más alta desde 2007. Igualmente son precisas más inspecciones. El año pasado, la Inspección de Trabajo advirtió de algún problema que debía corregirse en el 29% de sus actuaciones en la construcción, nueve puntos por encima de la media.

La regulación española siempre ha hecho un esfuerzo en la defensa de los derechos de los trabajadores, pero en materia de prevención de riesgos ha quedado claramente desfasada. La vigente ley está a punto de cumplir 30 años y cada vez se hace más urgente su reforma para adaptarla a las nuevas realidades del mundo laboral del siglo XXI. Trabajo abrió la negociación con sindicatos y patronales hace más de 20 meses, pero hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo, entre otras razones por la oposición empresarial a extender a las pequeñas empresas la figura del delegado de prevención. Esas pequeñas empresas son precisamente las más expuestas a siniestros.

El diálogo social, cuyos frutos estos años son evidentes, tiene que recuperarse para ajustar el mundo del trabajo a las constantes transformaciones, retos y riesgos que implican la crisis climática, la salud mental, el envejecimiento de la población o la perspectiva de género. La seguridad absoluta no existe, pero aumentar la prevención y reducir la siniestralidad deben ser imperativos cotidianos para empresas, agentes sociales y administraciones.