Escudo contra los aranceles
La protección de trabajadores y empresas ante la guerra comercial declarada por Trump está por encima de los intereses partidistas


El Congreso de los Diputados convalidó este jueves el decreto de ayudas para paliar los efectos en la economía española de la guerra arancelaria declarada por Estados Unidos. El Gobierno logró el respaldo del bloque de investidura —con la abstención de Podemos— y el voto a favor de UPN. Solo el PP y Vox votaron en contra pese al llamamiento expreso que las empresas familiares habían hecho a los grupos políticos para responder de forma unitaria a la agresión económica de Donald Trump. No ocurrió. Frente a la necesidad de proteger a empresarios y autónomos optaron por un partidismo cortoplacista inexplicable ante una coyuntura tan excepcional.
El pasado 2 de abril, Trump anunció una ofensiva comercial contra todos los países con los que EE UU mantiene un saldo exportador negativo, que en el caso de la Unión Europea suponía un arancel del 20%. Pese a la pausa de 90 días que se han dado Washington y Bruselas para negociar, ya está en vigor una tasa general del 10% sobre todos los productos europeos con destino el mercado estadounidense y otro 25% sobre el acero, el aluminio y los automóviles. Esa bomba arancelaria detonada unilateralmente por la Casa Blanca ha añadido una dosis de incertidumbre al horizonte inmediato y ya está condicionando las decisiones de consumo e inversión de familias y empresas. De ahí la urgencia de acompasar la situación con medidas que garanticen el mantenimiento de la actividad.
Aunque poco más de la mitad del paquete de 14.100 millones de euros aprobado el jueves sea nueva financiación, el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial evidencia agilidad por parte del Ejecutivo para reajustar partidas ante situaciones sobrevenidas y amortiguar el impacto de la crisis con medidas que han demostrado su eficacia en episodios recientes. Así, el Gobierno se ha comprometido a evaluar periódicamente el efecto del aumento de los aranceles y condicionar futuras ayudas directas al mantenimiento del empleo, como le exigía ERC. También ha incluido la activación de un mecanismo similar al de los ERTE para mantener plantillas en las empresas más golpeadas, algo similar a lo que se hizo en pandemia.
Pese a la falta de apoyo de PP y Vox, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se ha convertido en una de las voces más dialogantes y resolutivas del Ejecutivo, dejó la puerta abierta a futuras negociaciones con la oposición si la política comercial de Trump fuerza a adoptar nuevas medidas. Hace bien, porque la imprevisibilidad se ha convertido en uno de los sellos de la actual Administración republicana y sería positivo intentar la mayor unidad posible en estas circunstancias.
También Bruselas se prepara para lo que pueda deparar la guerra arancelaria. Aunque el equipo de Ursula von der Leyen mantiene su apuesta por la negociación, la UE ha empezado a concretar sus planes por si la vía del diálogo fracasa. Bruselas hizo pública este jueves una nueva lista con 2.000 productos estadounidenses que se verían afectados por la deriva comercial trumpista.
Aunque el Gobierno y la Comisión aciertan al actuar ya, sería deseable que tanto el pacto comercial cerrado esta semana por EE UU y el Reino Unido como la reunión entre la Administración Trump y el Gobierno chino que tendrá lugar desde hoy en Ginebra supongan una mínima entrada en razón del inquilino de la Casa Blanca. Aunque solo sea por lo que mucho que se juegan los consumidores y las empresas. En España y en Europa en general, pero también en Estados Unidos.
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